Pedro Sánchez ha hecho de la traición un elemento fundamental en su modo de hacer política. El perjurio patológico del actual presidente del Gobierno no viene de sus acuerdos parlamentarios con los partidos independentistas catalanes y vascos. Esos pactos no son una traición per se. Otra cosa es el contenido de esos consensos y de lo que se ha estado dispuesto a otorgar sólo para ser investido presidente, una investidura que va a tener un coste cercano a los 200.000 millones de euros de dinero público.
La cuestión es mucho más grave porque, al igual que hicieron Emmanuel Macron, Manuel Valls, Matteo Renzi u Olaf Scholz, Sánchez ha traicionado a su propio partido, a sus militantes y a sus votantes. Es la consecuencia del ansia de poder que está llegando a unos cauces en los que se ha pasado de la legitimidad al personalismo más absoluto.
El pacto con Esquerra Republicana para investir a Illa que incluye la salida de Cataluña del Régimen Común y que la Generalitat recaude el 100% de los impuestos supone una ruptura total del sistema. Sin embargo, a Sánchez le ha dado exactamente igual. Es más, lo ha defendido con unos argumentos más propios de un demente que de un presidente del Gobierno. Lo peor no es que Sánchez defienda sus propias traiciones, que es lo lógico en un personaje carente de empatía alguna, sino que no ha dudado en perpetrar su felonía contra los suyos.
Ese pacto con ERC viola directamente documentos internos del PSOE. No obstante, Sánchez no se siente vinculado con el Partido Socialista, sino que sólo debe lealtad a sí mismo y al Partido Sanchista.
El acuerdo para investir a Salvador Illa incumple con uno de los documentos clave del Partido Socialista: la Declaración de Granada, que afirma taxativamente que las bases del modelo territorial deben estar basadas en la solidaridad entre los territorios y en el rechazo a los privilegios entre los ciudadanos por el hecho de que vivan en un territorio o en otro.
En concreto, la Declaración de Granada hace hincapié en la «solidaridad para seguir reduciendo las desigualdades territoriales […] igualdad de derechos básicos de todos los ciudadanos, cualquiera que sea el lugar en el que residan. Sí a los legítimos hechos diferenciales, no a los privilegios o a las discriminaciones».
Más adelante, la Declaración de Granada del PSOE es taxativa en que es necesario «reformar la Constitución para establecer un nuevo sistema de financiación autonómica justo y equitativo que dé certeza, estabilidad y equilibrio al sistema de reparto de los recursos públicos».
Sánchez ha olvidado que esas Declaración de Granada fue ratificada por el propio PSC en la Declaración de Barcelona, en la que se señala directamente que los socialistas buscarán el impulso de un acuerdo «sobre un sistema de financiación más justo y equitativo […] En esa negociación los socialistas defenderemos la propuesta de financiación contenida en los Acuerdos de Granada».
Por otro lado, en las resoluciones del 40 Congreso Federal del PSOE se indica claramente lo siguiente: «Tampoco podemos obviar la asignatura pendiente e inaplazable de acordar un nuevo modelo de financiación autonómica con reglas clarificadoras que aseguren la autonomía financiera de las CC. AA., la solidaridad interterritorial, y los principios de corresponsabilidad, suficiencia y coordinación. La Constitución de 1978 no contiene ninguna regla precisa que establezca el modo en que deben financiarse las CC. AA., responsables como son de prestar buena parte de los servicios públicos que conforman el Estado del Bienestar. Los y las socialistas nos remitimos para abordar esta cuestión a la síntesis que formulamos en la Declaración de Granada y que detalla los principios compartidos que debían regir una respuesta equitativa. Reclamamos, pues, de las instituciones y las fuerzas políticas, altura de miras y una actitud proclive al entendimiento para poder abordarlo con garantías de éxito».
Es decir, lo contrario a las consecuencias del acuerdo que incluye la soberanía fiscal de Cataluña respecto al resto de España.
El propio programa electoral con el que el PSOE se presentó a las elecciones generales del 23 de julio de 2023, ese documento que ha sido violado, profanado y estuprado sistemáticamente por Pedro Sánchez, tampoco incluye ninguna referencia a un acuerdo como el firmado con ERC que rompe de manera absoluta con los principios de igualdad y solidaridad territorial defendida por el Partido Socialista tradicionalmente.
Sin embargo, Pedro Sánchez ha declarado el estado de traición. Los compromisos del PSOE son traicionados de manera sistemática por el Partido Sanchista, una formación que ha dejado de ser un partido político para convertirse en una secta en la que las necesidades del líder supremo se han convertido en ley máxima, incluso por encima de la propia Constitución.