Menos mal que en la carrera judicial todavía quedan magistrados como Segundo Menéndez, magistrado retirado del Supremo, quien ha afeado las palabras de la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, - algún día tendría que pedir perdón por el pasado de sus antecesores, vinculados al esclavismo en Argentina-, en las que pide, de manera prepotente, que los independentistas catalanes “deberían ir al rincón de pensar y pedir la reconciliación con los españoles” se supone que por hacer lo que hicieron. Es triste comprobar que una representante del principal partido de la oposición, del que nadie puede dudar su mayoría en votos en las elecciones de julio de 2023, sea capaz de cuestionar una opción tan legítima como es el soberanismo catalán por mucho que haya argumentado que “los independentistas no quieren vivir con los demás”. Álvarez de Toledo, que llegó a calificar de “postura antidemocrática” la de esa parte de ciudadanos catalanes que quieren la independencia, se olvida de que todavía, en este país, nadie ha sometido a una consulta el futuro de ese territorio por lo que no se puede hablar de democracia hasta que este proceso no se haya llevado a cabo, por mucho que lo prohíba la Constitución. Cayetana habla de que, por encima de la soberanía popular que representa el parlamento, “está la Constitución”. Se olvida de que la Carta Magna no deja de ser un instrumento legal que puede ser modificado por los representantes de la ciudadanía que son los que verdaderamente deciden porque, en ellos, está depositada la soberanía, y sin su opinión, no se puede hablar de libertades.
Pero esta es una columna en la que se habla de la justicia y, por lo tanto, nos vamos a limitar a las palabras de la diputada en torno a los jueces. Y a través de sus manifestaciones, desenmascaró, una vez más por si todavía queda alguna duda, la vinculación del Partido Popular al que pertenece, - aunque ya se duda si no simpatizará más con Vox - , con la mayoritaria derecha judicial de este país. Álvarez de Toledo llegó a decir que “los jueces saben lo que tienen que hacer a pesar de que el gobierno de Pedro Sánchez vaya a legislar contra algunos magistrados concretos”.
El PP y su vocera, Cayetana Álvarez de Toledo, que no olvidemos es la portavoz adjunta del grupo popular en el Congreso, se refieren a un caso muy concreto, el del titular del juzgado central numero 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, sobre el que han surgido todas las dudas posibles acerca de su neutralidad a raíz de su empecinamiento en acusar a Carles Puigdemont, Marta Rovira, y otros dirigentes soberanistas, de un delito de terrorismo por dirigir supuestamente, algo que todavía no se ha probado, Tsunami Dèmocratic, que surgió para protestar en la calle contra las sentencias de los líderes del procés, y a la que se acusa, todavía sin sustento judicial, de terrorismo por las agresiones a un par de policías en las manifestaciones de protesta, por la relación causa y efecto de la muerte por infarto de un ciudadano francés en las dependencias del aeropuerto de Barcelona, y por disturbios en los que se destrozó mobiliario urbano y hubo enfrentamientos con las fuerzas del orden. Nada fuera de la normalidad democrática por mucho que el juez se empeñe en argumentar que peligró la seguridad nacional. Es su criterio, pero no el de la mayoría de la opinión pública, incluso de muchos de sus compañeros.
Es lógico que los dirigentes del PP, con Cayetana Álvarez de Toledo al frente, se posicionen del lado de García Castellón y le apoyen, sin mencionarlo, claro está, por aquello de no vincularlo con la clase política. En Génova no se olvidan de que desimputó a los principales dirigentes del Partido Popular, empezando por Mariano Rajoy y acabando por Dolores de Cospedal sin olvidarse de la lideresa madrileña, Esperanza Aguirre. A esta por desconocer que sus segundos, sus principales colaboradores, estaban mangoneando en las cuentas de la organización en Madrid para sacar dinero con el que financiar sus campañas electorales. Por menos fueron condenados José Antonio Griñán y Manuel Chaves en los juicios del los Eres andaluces. Pero, claro, una cosa es García Castellón y otra Mercedes Alaya, aunque ambos tienen algo en común: sus instrucciones no siempre cuentan con el visto bueno de sus superiores que, en algún caso, han llegado a ser calificadas de “prospectivas”. Todavía en Podemos hay quien se pregunta el porqué de esa inquina del magistrado de la Audiencia Nacional contra los dirigentes de la formación morada y, en concreto, contra Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, a los que acusó, sin pruebas, de haberse financiado irregularmente recibiendo fondos procedentes del régimen chavista, y a cuyos abogados defensores les negó el acceso al sumario al declarar las actuaciones secretas de una manera que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional le reprochó contundentemente.
García Castellón, Joaquín Aguirre, y otros, son los que Álvarez de Toledo considera que van a salir en defensa de “su” estado de derecho. Afortunadamente, la diputada tiene enfrente a muchos otros jueces, como es el caso de Segundo Menéndez, José Antonio Martín Pallín y otros que creen en la libertad de conciencia y en la profesionalidad. Afortunadamente, gracias a ellos hay quien todavía cree en la posibilidad de una justicia independiente de todo poder político. Sea de izquierdas como denuncia Álvarez de Toledo, o de derechas, como pensamos muchos que es, en realidad, el que manda en este país.