El titular del juzgado número 38 de Madrid, Carlos Valle, ha decidido procesar al humorista, Héctor de Miguel, más conocido por Quequé, por haber dicho, en el programa “Hora veintipico” de la Cadena Ser, que habría que dinamitar el valle de Cuelgamuros y con los restos de la cruz “apedrear a los curas pedófilos”. Durante el interrogatorio el juez dijo al procesado que “por ejemplo, imagínese usted, aunque fuera una broma, a ver si volamos la plaza de Pedro Zerolo y con las piedrecitas llegamos a un día, el día del Orgullo, y se las tiramos a todos los homosexuales que han abusado de niños. Es decir, todos los homosexuales. ¿Qué le parecería a usted en esa situación?” respondiendo de esta manera al argumento del humorista de que todo se trató de una broma. Quequé mostró su sorpresa por la comparación del magistrado del Valle de los Caídos con Pedro Zerolo a lo que el juez le contesto diciendo que “yo no le comparaba a Pedro Zerolo con la cruz del Valle de los Caídos. Le hablaba de la plaza de Pedro Zerolo, de volar una plaza, no de comparar una persona con una religión”. Hasta ahí los hechos que han tenido una gran repercusión social hasta el punto de que el colectivo LGTBI+ ha pedido la intervención del Consejo General del Poder Judicial.
Quequé ha tenido mala suerte. La denuncia de la ultraderechista Fundación Abogados Cristianos, cuyas personaciones judiciales han sido cuestionadas hasta el punto de que el gobierno haya decidido intervenir limitando las acusaciones populares de las que están abusando las asociaciones de extrema derecha, ha ido a parar a un juzgado cuyo titular ha sido calificado en numerosas ocasiones de “ultraderechista”.
Hace unos meses llamó a declarar al exdiputado de Podemos, Pablo Echenique, por otra denuncia de Abogados Cristianos de un tweet en el que comparaba la probabilidad de que un sacerdote cometiese un delito de agresión sexual a menores con la de una persona migrante. Carlos Valle archivó la causa contra la expresidenta de la CAM, Esperanza Aguirre, quien, en 2015, se dio a la fuga después de que los agentes municipales la pidiesen la documentación de su vehículo mal estacionado en la Gran Vía madrileña. En 1986 el juez llevó a cabo una macrorredada contra mujeres abortistas relacionadas con centros de planificación donde se llevaban a cabo interrupciones del embarazo. Y lo hizo tan sólo unos días antes de que el gobierno de Felipe González firmara un decreto liberalizador de la aplicación de la ley del aborto.
Valle llamó a declarar a una menor que había acudido a uno de esos centros de planificación por tener desarreglos en la menstruación. También citó a una mujer embarazada de nueve meses para preguntarle si se había sometido a un aborto. En total, el magistrado citó a más 100 mujeres a declarar en los juzgados de Plaza Castilla por, presuntamente, haber abortado en los mencionados centros. Su última actuación ha sido llamar a declarar como imputados a cinco cargos de los ministerios de Sanidad, Industria y Economía por la compra y distribución de mascarillas defectuosas a personal médico en el peor momento de la pandemia.
El humorista procesado no se ha cortado. Cree que Carlos Valle “debería replantearse su profesión” y señala que “alguien con ese poder haga comentarios que incitan al odio contra los homosexuales, no en programa de humor, en un juzgado, es grave y preocupante”.
Así es. Lo más preocupante es la frase del magistrado que le cuestiona como juzgador. Y lo más grave no es aludir a la plaza dedicada a un activista de los derechos LGTBI, Pedro Zerolo, comparándola con el Valle de Los Caídos, sino llegar a asegurar que “todos los homosexuales han abusado de los niños”, expresión desafortunada donde las haya que puede suponer la apertura de una causa contra el magistrado por un delito de odio. El mismo que imputa el juez a Quequé “contra los católicos” se puede volver en su contra si prospera la denuncia por delito de odio “contra el colectivo LGTBI”. La diferencia es que Héctor de Miguel utilizó un espacio radiofónico de humor para efectuar esa reflexión por lo que puede ampararse en el derecho constitucional a la libertad de expresión mientras que Carlos Valle utilizó la sede judicial de la que es titular lo que se puede interpretar como un abuso de autoridad.
El contexto es diferente. No es lo mismo un programa de humor que un juzgado. Y por mucho que el juez haya matizado su comentario al comparar la cruz de los Caídos con la plaza de Pedro Zerolo, dicha comparación no parece una buena idea. La cruz del valle de los Caídos es un símbolo de la represión franquista, de los pocos recordatorios de una época superada en pleno siglo XXI mientras que la plaza de Pedro Zerolo se dedicó a un político que fue diputado elegido democráticamente y que luchó por unos derechos, los del colectivo LGTBI, actualmente reconocidos por la sociedad. Así pues, no es de extrañar que las asociaciones representativas hayan decidido tomar cartas en el asunto. Y hayan puesto los hechos en conocimiento del órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ.
Lo que ocurre es que el consejo que preside Isabel Perelló está mirando para otro lado en lo que a las actuaciones de los jueces se refiere. Encima de la mesa tiene la petición de amparo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por las actuaciones del juez del Supremo, Ángel Hurtado, entre otras el registro de la sede de la fiscalía y la intervención de sus soportes digitales, y ahora le viene encima otra protesta, esta vez de los abogados de las partes personadas en la instrucción del caso Begoña Gómez que el juez Peinado quiere multar por haber efectuado manifestaciones públicas.
La comisión disciplinaria calla y ello es debido a la polarización en el seno del organismo. Se debaten temas que no sean susceptibles de generar más división de la que existe.