Que un instructor del alto tribunal de este país, el Supremo, cuestione que Alberto González Amador sea un “defraudador confeso” después de que su abogado haya reconocido ante el fiscal la comisión de dos delitos en la declaración del impuesto de sociedades de su empresa, da la medida de cual va a ser el futuro penal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y más después de que la instructora de su causa haya aplazado, por cuarta vez, su declaración como investigado a falta de escasas semanas para que concluya el plazo legal de instrucción. Estos gestos de los togados no hacen presuponer nada bueno a esa decena de personas, políticos y periodistas, demandados por el empresario por la “vulneración de su honor”. Está pidiéndoles un total de medio millón de euros por referirse así a él y, al final, como sigan las cosas por ese cauce, no sólo se va a archivar su causa por fraude a la Hacienda pública, sino que va a ver cómo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se le condena por revelación de secretos, y los tribunales fallan a su favor las demandas civiles presentadas contra todos aquellos que le llamaron “defraudador”. Su venganza está cada vez más cerca.
En su último auto, el instructor del caso García Ortiz, el juez Ángel Hurtado, deja bien claro cual va a ser el camino penal del fiscal general del Estado. Según su criterio, existió una estrategia coordinada dentro de la fiscalía para, en la noche del 13 de marzo de 2024, obtener y filtrar el correo a la prensa “con el fin de perjudicar al empresario y su pareja”. Y eso que en la causa no se ha presentado prueba alguna sobre esa filtración. El juez se apoya en el informe de la UCO de la Guardia Civil para afirmar que Álvaro García Ortiz tuvo un “papel preeminente” en esa filtración. Y con eso le basta para concluir su investigación y presentar sus conclusiones a la sala de Lo Penal que se encargará de juzgarlo. Las manifestaciones de los tres inculpados son unos meros trámites. Hay que darles audiencia antes de procesarles formalmente. Aun así, con un recorrido judicial que expertos juristas califican de insuficiente para sentenciar una condena.
Pero lo que ha llamado la atención del último auto del juez es un párrafo en el que resta importancia al correo enviado por el representante legal de González Amador al fiscal anticorrupción, Julián Salto, en el que reconoce la existencia de dos delitos contra la Hacienda pública en las declaraciones de los impuestos de sociedades, y propone para el momento procesal oportuno, un acuerdo de conformidad mediante el cual su cliente abonaría la cantidad defraudada, una multa y los intereses de demora, en total 500.000 euros, y aceptaría una condena de 9 meses de cárcel que quedaría en suspenso. El magistrado dice que “no se alcanza a entender la incidencia que pueda tener ese correo de 12 de marzo, que se difunde a partir de la autorización de la persona a quien concierne el secreto, si es para minimizar la trascendencia del de 2 de febrero”. Y aún hay algo más preocupante. El juez, recordemos que es miembro de la sala de Lo Penal del Supremo, llega a decir que “aparece en determinados medios y ámbitos que a Alberto González Amador se le considera un defraudador confeso, sin serlo, con el daño reputacional que ello conlleva”.
Y eso lo dice un juez del Supremo, una alta autoridad judicial de este país. Se supone que de esta manifestación habrá tomado buena nota la instructora de la causa, la jueza número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ya que quien esto ha dicho es un superior que sale a comunicar a la sociedad que está con el presunto defraudador, que defiende al presunto defraudador cuando, además, no es su caso, él no lo está investigando es otro juez el que lo está haciendo. Y no sólo eso, sino que Ángel Hurtado, poniéndolo negro sobre blanco, lo que está haciendo es facilitar la labor del letrado que representa al empresario para que prosperen esas reclamaciones multimillonarias presentadas contra todos aquellos que han llamado a su cliente defraudador. A ver quien es el guapo dentro de la carrera judicial que se atreve a contradecir la “doctrina” de un magistrado del Supremo por muy cuestionada que sea su trayectoria profesional. Recordemos su actuación en el caso Gürtel cuando era miembro de la sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional.
Además, la instructora de Madrid, Inmaculada Iglesias, tampoco está facilitando las cosas. Van cuatro las veces que ha aceptado retrasar la toma de declaración de González Amador como investigado y la instrucción de un asunto que parece claro, porque ahí están los informes de la Agencia Tributaria, se está demorando más de la cuenta. La ley de Enjuiciamiento Criminal limita a un año el plazo de la instrucción de un sumario. Es verdad que, si tiene características complejas, se pueden autorizar prórrogas de seis meses. La jueza abrió la investigación el 19 de marzo de 2024 por lo que resta algo mas de mes y medio para que se de por concluido el plazo legal. Hay que recordar, también, que la instancia que tiene que decidir una hipotética prórroga es la Audiencia de Madrid, cuyas secciones están controladas por jueces conservadores que ya se han pronunciado en contra de los recursos presentados por las acusaciones. Mucha prisa se debe dar la jueza o mucho nos tememos que la causa puede acabar en archivo.
En ese supuesto, a nadie le cabría la menor duda de que el PP tiene una fuerte influencia en la carrera judicial. Las predicciones del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, al que, por cierto, el juez Hurtado descarta seguir investigando sus demostrados bulos, empiezan a tener sentido. Alberto González Amador puede acabar por irse de rositas penalmente. Y, todavía mejor para él, con la posibilidad de ganar en todo este asunto esos 500.000 euros que su abogado ofreció a la fiscalía anticorrupción para liberarlo de sus responsabilidades penales. Sería el mundo al revés. Pero en este país, con esta judicatura, cualquier cosa es posible.