Todos pensábamos que iba a ser el Tribunal Supremo la primera instancia de este país que presentaría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión de prejudicialidad sobre la ley de amnistía y no ha sido así. El TS se ha enredado con el enfrentamiento de los fiscales del procès y, de momento, no han adoptado ninguna resolución solo la de mantener la orden de detención contra Carles Puigdemont.
Paradójicamente, ha sido el Tribunal de Cuentas el primer organismo que va a presentar esta cuestión de prejudicialidad que paraliza la sentencia sobre malversación contable en la que están acusados más de treinta y cinco altos cargos de la Generalitat, entre ellos Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.
Si el TJUE admite a trámite la cuestión de prejudicialidad presentada por el Tribunal de Cuentas, esos altos cargos no serían amnistiados, y sobre ellos pesaría la responsabilidad civil en forma de restitución de 3,4 millones de euros. Si examinamos las claves de este asunto lograremos entender por qué esta instancia, que no pertenece al poder judicial y sólo puede sentenciar sobre asuntos contables, ha querido ser la alumna aventajada en esta guerra que se ha iniciado para acabar, como sea, con la medida de gracia. La instructora es la consejera Elena Hernández Salguero, designada a propuesta del Partido Popular, quien ha hecho caso omiso de las peticiones del fiscal y las defensas tendentes a archivar el asunto cuando ya se sabía que se iba a aprobar una ley de amnistía para los independentistas catalanes muchos de los cuales se encuentran imputados en esta causa. Hernández Salguero procede de la Comunidad Autónoma de Madrid donde tiene la plaza de letrada. Y ese colectivo es de los que han mostrado una oposición mas activa hacia la medida de gracia.
En un auto, dado a conocer pocos minutos después de que la ley de amnistía fuera publicada en el BOE, Hernández Salguero señala que hay cinco puntos de la ley que "podrían oponerse a la interpretación" del derecho comunitario en relación con aspectos como la "lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE", entre otros. Según el Tribunal de Cuentas, el foco está en el artículo 1 de la ley de amnistía, que determina el ámbito objetivo de la ley y los hechos que quedarían perdonados. También en el apartado que deja fuera del perdón "los delitos que afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea". El "principio de cooperación leal", los "principios de igualdad y de no discriminación", los de "seguridad jurídica y confianza legítima" y "el principio del Estado de Derecho" son otros preceptos que la consejera abre la puerta a consultar al TJUE sobre la citada ley. Para que se entienda mejor: es la excusa que están poniendo todos los sectores conservadores de este país para intentar anular la ley aprobada por el parlamento. El punto donde han acabado por centrarse tiene nombres y apellidos: malversación de caudales públicos.
Es la misma guerra que se ha iniciado en el Tribunal Supremo, una batalla que estaba cantada y sobre la que aquí mismo ya se había avisado. Los fiscales del procès, encabezados por Javier Zaragoza, que, no olvidemos, aspira a ser fiscal general del Estado si el PP alcanza el poder, Consuelo Madrigal ex fiscala general del Estado, el “halcón” de la junta de fiscales de sala, Fidel Cadena, y Jaime Moreno, son los primeros que rechazan la ley de amnistía basándose en que no se pueden perdonar los delitos de malversación cometidos por los líderes del procès condenados. Los fiscales han entregado un informe en el que reafirman su postura de no aplicar la medida de gracia a los encausados por malversación y advierten de que, si reciben la orden contraria, exigirán la convocatoria de una junta de fiscales de Sala. “Si considera que debe aplicarse en todo caso la ley, prescindiendo del análisis del hecho concreto y de los argumentos jurídicos expuestos en los informes que se adjuntan, deberá ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada, y a continuación proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal —convocando la audiencia preceptiva de la junta de fiscales de Sala—, ya que estimamos que su aplicación en lo que concierne al delito de malversación de fondos públicos es improcedente y contraria a las leyes por no ajustarse a los criterios más elementales de lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de la norma”. Así retan en su dictamen al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Y, aunque parezca inaudito, otra vez va a ser la junta de fiscales de Sala donde se deberá debatir este asunto, tal y como se hizo con la procedencia de aceptar la admisión a trámite del caso Tsunami Democràtic en lo que se refiere a los imputados aforados, Marta Rovira y Carles Puigdemont, principalmente, o como sucedió con la discrepancia de la fiscala de Madrid encargada de la denuncia contra dos de sus compañeros por revelación de secretos, María de la O Silva.
La junta de fiscales de Sala se está convirtiendo en el campo de batalla de la guerra que utilizan los miembros del ministerio público empeñados a toda costa en cargarse a García Ortiz. Y la verdad que es un verdadero galimatías donde Fidel Carazo se enfrenta abiertamente al defensor a ultranza de las tesis de sus superiores, Joaquín Sánchez Covisa. En medio, 39 fiscales que se alinean con una u otra tesis. Y este juego de mayorías fluctuara, según el tema a tratar. Sobre la amnistía no se sabe cual es la opinión mayoritaria. Habrá que esperar a la convocatoria de este organismo.
Mientras tanto, la sala de Lo Penal no moverá un dedo. Y era de esperar. Los jueces y las instancias judiciales están pidiendo el pronunciamiento a las partes de los procesos afectados por la medida de gracia. Lo que ocurre es que la norma sólo concede un plazo de dos meses para concluir este trámite. Claro está que, si se produce, como ya ha ocurrido con el Tribunal de Cuentas, que algún organismo pide una cuestión de prejudicialidad al Tribunal Europeo de Justicia, la cosa se puede alargar durante un año como poco.
Y es curioso. Todos sabíamos que esto iba a ocurrir. Lo que nadie se esperaba es que fuese un organismo que no tiene nada que ver con los jueces, el Tribunal de Cuentas, el que disparase primero. Todos no. En Génova y en la Puerta del Sol ya lo sabían. Una consejera mantiene muy buenas relaciones en esos despachos.