Con la reforma de la figura del fiscal general del Estado que formará parte de la nueva ley de enjuiciamiento Criminal que empezará a tramitarse parlamentariamente este verano, y la ya vigente ley de Eficiencia de la Administración Judicial se ha dado un paso de gigante en la revolución del sistema judicial de este país, pero todavía queda mucho camino por recorrer. En el ministerio de Félix Bolaños dicen que lo siguiente será la elaboración de un borrador de ley de Asistencia Jurídica Gratuita que mejorará las condiciones económicas de los abogados pertenecientes al turno de oficio, el desarrollo del nuevo sistema de acceso a las carreras fiscal y judicial que supondrá la entrada de los casi mil jueces sustitutos y, lo más complicado por su calado político, el cambio del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Sus miembros no se pusieron de acuerdo y la presidenta envió al Congreso dos modelos diferentes, uno el apoyado por los conservadores, que implica la elección directa por parte de los jueces de sus representantes en los organismos de gobierno, y la segunda sostiene que sean los miembros del parlamento los que los designen de una lista que les presentarán las asociaciones de jueces y magistrados. Son posturas antagónicas que tendrán su reflejo en la discusión parlamentaria del proyecto que presentará el gobierno.
Los tribunales de primera instancia se van a poner en marcha dentro de unos días. Sustituirán a los actuales juzgados. Se dividirán en diferentes secciones que integrarán a las unidades que ahora desaparecen. Pero las comunidades autónomas con competencias en materia judicial ponen el grito en el cielo porque dicen que el ministerio no ha previsto dotación presupuestaria alguna para poner en marcha el nuevo mecanismo. El gobierno de Madrid ha recurrido la ley a los tribunales y está por ver si la aplican en el plazo previsto o, por el contrario, incurren en desobediencia.
Otro de los puntos clave de esta ley es la creación de los MASC, Medios Alternativos para la Solución de Controversias. En un sistema extrajudicial de negociación que pone a las partes de acuerdo y evita la intervención del juez. El problema que surge es que los abogados no han recibido instrucciones sobre cómo tienen que arrancar estos mecanismos. Y luego, además, está el problema de las retribuciones de los letrados del turno de oficio que no perciben remuneración por asistir a alguna de esas partes que ha solicitado el beneficio de la justicia gratuita. Se pretende aligerar la justicia sobre todo en lo que se refiere a los ámbitos civil y mercantil pero lo que está ocurriendo es que se están incrementando los colapsos debido a la falta de criterios concretos sobre cómo se ha de afrontar el nuevo sistema. El ministerio pide paciencia porque está habilitando cursos de formación para abogados con el propósito de dotarles de los criterios adecuados para que puedan llevar esos MASC a buen fin.
Ahora mismo, el ministerio está pendiente del inicio del trámite parlamentario de la reforma de la Lecrim que supone ceder las instrucciones penales a los fiscales. De ahí que se haya procedido a remitir a las Cortes la modificación del sistema de funcionamiento de la Fiscalía General del Estado. Se sabe que el titular será elegido por cinco años y no cesará cuando lo haga el gobierno que le nombró. Además, se establecen una serie de criterios para dotar de autonomía a los fiscales a la hora de instruir las causas penales de tal manera que se reformula el principio de jerarquización para que sea el subordinado el que tome decisiones sin necesidad de tener que consultar a sus superiores.
La nueva ley de Enjuiciamiento Criminal supone toda una revolución en el proceso penal. Los jueces dejarán de instruir y se convertirán en una especie de garantes del cumplimiento de la legalidad. Pierden poder, un poder que ganan los fiscales. En realidad, este es el sistema que funciona en los países europeos y es lo que Bruselas pidió al gobierno español cuando les mandató a llevar a cabo la adecuación del sistema judicial de este país al de nuestro entorno.
La reforma del sistema no va a acabar ahí. Bruselas exige que se reformule la asistencia jurídica. Actualmente el sistema de acceso a la justicia gratuita es muy limitado. Los requisitos impiden a muchos ciudadanos poder acogerse a este beneficio. Se va a ampliar el mínimo económico para que puedan acceder un mayor número de personas. También se va a modificar el funcionamiento del turno de oficio para que los abogados pertenecientes al mismo sean convenientemente retribuidos por toda la tarea que llevan a cabo y no, como ocurre ahora, por la asistencia siendo los gastos generados por cuenta del profesional.
Otra importante reforma que se va a llevar a cabo y que se encuentra muy ultimada es la del acceso a la carrera fiscal y judicial. Se pretende que durante el proceso de formación que se requiere para poder opositar, el aspirante reciba ayudas públicas cuya cuantía puede llegar a ser equivalente al salario mínimo interprofesional. También se va a modificar el sistema de los cursos que imparten jueces y fiscales a los opositores. Se va a limitar el coste de estos y los criterios de compatibilización. Por último, y a pesar de las protestas de las asociaciones profesionales, se va a incorporar a la carrera judicial al casi millar de jueces sustitutos para ocupar las plazas que se requerirán en la nueva estructura territorial. Las asociaciones protestan porque argumentan que los “van a colar por la puerta de atrás” sin que hayan pasado la correspondiente oposición ni el periodo formativo en la Escuela Judicial. Por cierto, el funcionamiento de esta institución también va a experimentar importantes cambios.
Sin lugar a duda, la parte de toda esta revolución en el poder judicial más controvertida va a ser la modificación del sistema de acceso a las vocalías del Consejo General del Poder Judicial. La Unión Europea exige esa reforma, pero en Bruselas son conscientes de las dificultades que existen en este país para llegar a un acuerdo en la materia. Habrá que ver cómo afronta esta cuestión el ministerio de Bolaños, pero mucho nos tememos que no va a gustar mucho ni a la derecha política ni a la judicial. Será un nuevo motivo de enfrentamiento.