Anunciado inicialmente en junio, y ahora ampliado, el Plan de Formación ante Emergencias impulsado por el Gobierno supondrá la incorporación de contenidos de protección civil en la educación obligatoria. El presidente Pedro Sánchez lo ha presentado como una política de Estado que debe trascender ideologías y legislaturas. Su despliegue alcanzará a más de ocho millones de estudiantes y a 25.000 centros educativos en todo el país. Pero más allá del dato, la apuesta sitúa a España en un lugar inédito en Europa: un país que decide formar a su juventud no sólo en conocimientos académicos, sino en cultura de prevención, solidaridad y resiliencia frente al riesgo.
Una decisión política ante una urgencia social y climática
España sufre ya los efectos tangibles de la emergencia climática: incendios forestales de gran escala, inundaciones recurrentes, olas de calor mortales, y escenarios cada vez más complejos que ponen a prueba a los servicios de emergencias. En este contexto, el plan anunciado por el Ejecutivo no es un gesto retórico, sino una respuesta estructural. Formar a millones de alumnos en medidas de autoprotección, evacuación, primeros auxilios o prevención del riesgo es, hoy, una necesidad de primer orden.
No se trata solo de gestionar mejor las emergencias cuando ocurren, sino de preparar a la población para afrontarlas antes de que sucedan. Una visión que reconoce el carácter sistémico de la amenaza climática y que apuesta por una arquitectura de seguridad humana basada en la pedagogía pública, no en el pánico ni en la improvisación.
Que el presidente del Gobierno haya insistido en la necesidad de “mirada larga” no es una frase hueca: significa romper con la lógica cortoplacista de las legislaturas y apostar por una planificación intergeneracional. En lugar de relegar estas competencias a dispositivos de emergencia puntual, se integran en el ciclo educativo como parte esencial del currículo cívico del siglo XXI.
Lo que se pone sobre la mesa es algo más que prevención: una nueva ética de lo público que conecta el bienestar colectivo con la acción anticipada, racional y equitativa.
Un paso adelante en cultura cívica frente a la desinformación y el individualismo
La dimensión pedagógica de este plan es, quizás, su rasgo más transformador. No se trata sólo de formar en habilidades prácticas, sino de generar una conciencia compartida de vulnerabilidad y corresponsabilidad. Saber cómo actuar ante un incendio, una inundación o una catástrofe no es una cuestión técnica, sino también cultural: implica reconocer que vivimos en entornos complejos, interdependientes, donde la seguridad no es solo tarea de profesionales, sino también de la ciudadanía.
El discurso de Sánchez en Cuenca ha reforzado esa idea: preparar a las nuevas generaciones no es adoctrinar, sino dotarlas de herramientas reales para actuar en un mundo incierto. En una época donde el negacionismo climático, el desdén por lo común y la glorificación del “sálvese quien pueda” ganan terreno, el plan se convierte en una apuesta pedagógica contra el individualismo egoísta y la banalización del riesgo.
No es casual que se plantee como un acuerdo institucional amplio, donde intervienen el Ministerio del Interior, el de Educación, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias. La clave no es solo la financiación, sino la vertebración de un ecosistema público de protección en el que educación, ciencia, servicios de emergencia y ciudadanía trabajen desde una lógica compartida.
Tampoco es menor que el presidente haya citado explícitamente la necesidad de un Pacto de Estado sobre emergencias y protección civil. Si bien el PP, y especialmente sus gobiernos autonómicos, han sido reacios a dar respaldo a las grandes reformas estructurales, el contexto ya no permite desentenderse: la emergencia climática no es una hipótesis, es una evidencia diaria.
Enseñar a cuidar, preparar para resistir
Con este plan, España no solo se convierte en el primer país europeo en incorporar de forma generalizada la formación en emergencias a su sistema educativo obligatorio. Se convierte también en un referente político y moral: el primer Estado en reconocer que la educación no es solo una cuestión de conocimientos, sino de supervivencia cívica y democrática.
Porque educar para la emergencia no es resignarse al desastre, sino construir ciudadanía frente a él. Es enseñar que el cuidado colectivo y la preparación son respuestas democráticas a un mundo amenazado por la desinformación, la desigualdad y el colapso climático. Y es, también, un mensaje político de fondo: frente a quienes recortan lo público, invertir en protección civil es reforzar el valor de lo común.
Aún está por ver cómo se desplegará el plan en las distintas comunidades, qué recursos se asignarán y con qué grado de colaboración real. Pero lo cierto es que el camino queda trazado: formar a millones de estudiantes en emergencias no es solo una medida técnica, sino una decisión política de gran calado.