Superó el veto del Senado, y se aprobó por los pelos gracias a un acuerdo de última hora con Podemos a cambio de contrapartidas “sociales”. Lo que se duda es de que pueda superar el proceso de reconversión en los tribunales de instancia que es el objetivo de la ley orgánica de eficiencia del servicio público de justicia. Porque ahora se trata de integrar a los juzgados de los partidos judiciales en esos tribunales de instancia, y esa no va a ser tarea fácil.
De los 3.800 que existen en la actualidad se va a pasar a 431 nuevos organismos que, además, cada uno deberá crear secciones especializadas, es decir, penal, civil, social, mercantil y contencioso-administrativo. Se desconoce cómo se va a afrontar esta nueva estructura porque, además, hay que tener en cuenta que, salvo en cuatro regiones, las administraciones de las comunidades autónomas tienen asumidas las competencias en la materia y muchas de ellas, las controladas por el PP, se resisten a poner en marcha el nuevo plan. Nadie dice nada, pero no sería de extrañar que la ley acabase en el Constitucional.
El gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a modernizar el sistema judicial a cambio de recibir los fondos del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La primera parte ya estaba en funcionamiento: la digitalización y agilización de trámites que, por ahora y a pesar de ciertos obstáculos surgidos en lo que se refiere a las notificaciones a través de la aplicación Lexnet, parece ser que opera a pleno rendimiento. Esta segunda parte del plan reforma lo que se denomina la “planta judicial”. Crea los tribunales de instancia en los que se integrarán los actuales juzgados.
Además, se constituirán oficinas de justicia en los municipios que acercarán el servicio público de justicia a todos los territorios y les dotarán de unidades en las que los ciudadanos podrán realizar toda una serie de actos y trámites procesales de manera telemática sin tener que desplazarse. Y aquí es donde se producen los primeros inconvenientes. Poner en marcha oficinas judiciales municipales es tarea fácil en aquellas ciudades donde existen los llamados “juzgados de paz” ya que lo único que habrá que hacer es convertirlos en los nuevos organismos que, además, tendrán más competencias. Pero en los pueblos pequeños donde no existe la figura del juez de paz, el establecimiento de este tipo de oficinas requiere de la dotación de medios y, sobre ese asunto, el ministerio todavía no se ha pronunciado. En fuentes próximas al departamento se señala que se va a intentar hablar con los ayuntamientos a través de la Federación de Municipios y Provincias para que asuman esta gestión, pero lo cierto es que las corporaciones locales no están para asumir nuevos costes dadas sus estrecheces presupuestarias y más en localidades pequeñas.
Para agilizar la carga de los juzgados también se contempla la creación de los llamados medios alternativos de solución de controversias, MASC, en vías no jurisdiccionales, en los ámbitos civil y mercantil. Los MASC son una vieja aspiración de la administración de justicia con los que se pretende institucionalizar los organismos existentes en materia de conciliación y arbitraje que hasta ahora han dado buenos resultados y que ha permitido resolver por la vía extrajudicial conflictos que habrían acabado, de no ser por la mediación y el arbitraje, en los juzgados con lo que ello supone de carga de trabajo. Pero estamos en las mismas que con el resto de nuevos organismos. Hay que poner en marcha los MASC y eso requiere dotación presupuestaria que, de momento, el gobierno central no tiene prevista.
Todas estas actuaciones requieren de la colaboración de las comunidades autónomas y muchas de ellas ya han adelantado que carecen de recursos materiales y humanos para poner en marcha el plan. Además, la ley cuenta con la oposición de las asociaciones judiciales conservadoras porque su disposición adicional 19ª “tiene como finalidad acabar con la temporalidad aumentando el número de efectivos y fortaleciendo las carreras judicial y fiscal” lo que se interpreta como la posibilidad de integrar a los 1.010 jueces sustitutos que solo cobran cuando son llamados por los días que trabajan y se les cotiza a la Seguridad Social por esos días de llamamiento estando sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces y magistrados. La Asociación Profesional de la Magistratura, APM, la Asociación Francisco de Vitoria, y el Foro Judicial Independiente manifiestan que la incorporación de los jueces sustitutos en la carrera judicial puede ser inconstitucional porque va en contra del principio de igualdad, mérito y capacidad reconocido en el artículo 22 de la Carta Magna. Denuncian que sería “integrar en la judicatura a este colectivo por la puerta de atrás”. La izquierda, en cambio, se muestra favorable y no sólo eso, sino que exige al gobierno que ejecute inmediatamente el mandato que aparece en la ley. Así pues, el conflicto está servido. Uno más a añadir a la tensa relación de los jueces con el gobierno progresista.
Con esta nueva ley, la reforma de la justicia no ha concluido. Todavía queda por resolver el nuevo sistema de designación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, que deberán sustituir a los actuales cuando termine su mandato. Queda tiempo todavía, pero lo cierto es que el asunto se encuentra bloqueado. El sector conservador quiere que sean los jueces y magistrados los que elijan a los miembros del CGPJ por votación directa mientras que los progresistas buscan una fórmula para compatibilizar esta pretensión con los principios expresados en la ley orgánica del Poder Judicial en los cuales se deja claro que es el parlamento, Congreso y Senado, el competente para llevar a cabo la designación de vocales.
Y para completar la reforma, el gobierno tiene la intención de modificar la Lecrim, la ley de enjuiciamiento criminal, para, entre otras cosas, dotar a los fiscales de competencias en materia de instrucción judicial. Pero antes se debe culminar la elaboración del Estatuto Fiscal en fase de debate en el Consejo Fiscal. Y aquí es donde hay problemas porque la Asociación de Fiscales, mayoritaria en el Consejo, ha decidido no participar en las reuniones en las que se están debatiendo las líneas maestras del nuevo estatuto. Y mientras la situación siga bloqueada el nuevo texto no saldrá adelante.
Ahora, lo prioritario es poner en marcha las medidas contempladas en la ley de modernización de la justicia. Algo complicado porque requiere el acuerdo de todas las partes implicadas y, como se habrá comprobado, algunos no están por la labor.