En un contexto global donde la deriva autoritaria avanza en múltiples frentes, España mantiene —en su arquitectura jurídica y en su cultura institucional— una vocación garantista que sitúa la protección de los derechos humanos como pilar del orden constitucional. No obstante, esta conquista histórica se encuentra hoy amenazada por un discurso político regresivo, protagonizado por sectores de la derecha que buscan erosionar los fundamentos democráticos en nombre de una supuesta restauración del orden, la identidad nacional o la tradición.
Garantismo constitucional: un modelo de civilización democrática
La Constitución Española de 1978 no solo refundó el marco institucional tras la dictadura franquista, sino que lo hizo sobre una base explícita: la dignidad humana como núcleo del Estado. El artículo 10.1 establece que los derechos fundamentales deben interpretarse conforme a los tratados internacionales suscritos por España, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta disposición convierte al ordenamiento jurídico español en uno de vocación abiertamente universalista y comprometido con la legalidad internacional.
El modelo garantista no se limita a proclamar derechos en abstracto: implica su protección efectiva mediante instrumentos jurisdiccionales y administrativos. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, la labor del Defensor del Pueblo, y las jurisdicciones ordinarias se articulan como mecanismos destinados a asegurar que ningún poder, público o privado, pueda conculcar los derechos sin una respuesta institucional adecuada. La jurisprudencia española ha consolidado principios fundamentales como el contenido esencial de los derechos o la interdicción de la arbitrariedad del legislador.
El discurso reaccionario y la erosión sistemática de los derechos
Frente a esta arquitectura jurídica robusta, sectores de la derecha política española han emprendido una cruzada cultural e ideológica que pretende relativizar, condicionar o incluso revertir los avances logrados en materia de derechos humanos desde la Transición. Bajo una retórica de aparente moderación —en la que se invocan el “sentido común”, la “neutralidad institucional” o la “libertad de expresión”— se oculta un proyecto político profundamente regresivo.
Ejemplos sobran: el cuestionamiento constante de la existencia de la violencia de género, la oposición frontal a políticas de memoria democrática, la criminalización de la inmigración irregular y la negación de derechos a las personas trans son manifestaciones concretas de esta ofensiva. Lejos de constituir debates técnicos o jurídicos, se trata de expresiones políticas orientadas a despojar a determinados colectivos de su derecho a existir en igualdad de condiciones. El proyecto de la derecha no busca reinterpretar los derechos: pretende reconfigurar el sujeto de derecho, excluyendo a quienes no encajan en su visión tradicionalista y excluyente.
Esta lógica alcanza incluso el discurso constitucional: se apela al texto de 1978 como límite para nuevos derechos o como freno a la expansión de los ya reconocidos, ignorando deliberadamente que la propia Constitución fue pensada como un instrumento dinámico, abierto a la evolución social y jurídica. Se produce así una paradoja: quienes dicen defender la Constitución, son los mismos que traicionan su espíritu garantista.
Derechos humanos como campo de disputa política
Los derechos humanos en España —como en cualquier democracia avanzada— no son concesiones inamovibles, sino conquistas sujetas a revisión, defensa y ampliación constante. La estabilidad institucional, la independencia judicial y la voluntad de los poderes públicos son necesarias, pero no suficientes para mantenerlos vivos. Requieren también de una ciudadanía activa, informada y movilizada ante las amenazas que se ciernen sobre el modelo garantista.
La derecha española, especialmente en su alianza con la ultraderecha, ha dejado atrás cualquier compromiso liberal con las libertades individuales, y ha abrazado un discurso de orden y exclusión que encuentra en los derechos humanos un obstáculo para su proyecto autoritario. Se ataca a los colectivos vulnerables, se desacredita el trabajo de organizaciones sociales y se banaliza el lenguaje de los derechos, reduciéndolo a supuestas “imposiciones ideológicas”.
Ante este panorama, el garantismo no puede ser visto como una simple corriente jurídica. Es, en realidad, una herramienta de resistencia democrática. Implica entender que los derechos no son un lujo, ni una carga, ni un privilegio: son el mínimo ético de una convivencia civilizada. Defenderlos, por tanto, no es un gesto técnico, sino profundamente político.
España ha construido, con esfuerzo colectivo y madurez institucional, un sistema que garantiza los derechos fundamentales desde una perspectiva integradora, plural y democrática. No obstante, la amenaza no reside en la debilidad del texto constitucional, sino en la voluntad de quienes pretenden reinterpretarlo para restringir sus contenidos más transformadores.
Frente al embate ideológico de la derecha —que reduce los derechos a privilegios cuestionables y presenta la igualdad como una amenaza al orden— es imperativo reafirmar el carácter central de los derechos humanos en nuestro modelo de sociedad. La defensa del garantismo constitucional no debe limitarse al ámbito jurídico: ha de convertirse en una prioridad política, pedagógica y cultural.
Porque los derechos no se agradecen ni se suplican: se conquistan, se ejercen y se defienden, especialmente cuando hay quienes trabajan activamente para arrebatarlos.