Veintidós estrechos colaboradores de la expresidenta de la CAM, Esperanza Aguirre, han sido condenados o están a la espera de juicio por los numerosos casos de corrupción en los cuales se vieron implicados. Todos menos su jefa, que se libró a pesar de que el instructor de la operación Púnica, el juez Manuel García Castellón, llegó a describirla como “la impulsora de un entramado en la Comunidad de Madrid a partir de 2004 para desviar dinero público al PP madrileño a través de un plan fraguado con sus consejeros de confianza para el uso continuado durante las campañas electorales de numerosos artificios para ocultar gastos electorales y pagarlos con flujos de fondos de distintas fuentes ajenas a las cuentas públicas del partido”.
Es la vez que Aguirre ha estado mas cerca de sentarse en el banquillo, pero, al final, uno de los delitos que se la imputaba referido a las elecciones de 2007 había prescrito, y el otro, de 2011, la fiscalía anticorrupción, dando un giro argumental que sorprendió a todos, reconoció que no encontró indicios de que fuera inductora. Aguirre se libró de la llamada “financiación ilegal a través de la caja b” del PP madrileño en la que, por ahora, sólo tienen condición de investigados el exvicepresidente, Francisco Granados, el exgerente del partido, Beltrán Gutiérrez, y la exdirectora de comunicación, Isabel Gallego dentro de una de las piezas separadas de la operación Púnica
Gallego ha llegado a calificar su procesamiento de injusto, parcial y discriminatorio porque supone que se haga pivotar la financiación del PP sobre la periodista que fue la encargada de medios de la CAM, que no formó jamás parte del Partido Popular y sobre la que “existieron numerosos cargos orgánicos con responsabilidad y supervisión de su gestión y conocimiento cabal de su labor, a los que se archiva el proceso con desiguales argumentos: desde funcionarios de carrera e interventores a presidentes de la comunidad, pasando por consejeros y directivos del ramo con capacidad decisiva y firma necesaria”. La directora general de comunicación, acusada de prevaricación por haber contratado una empresa para la mejora de la imagen de la CAM, advierte que la entonces secretaria general de comunicación, Lucía Figar, y la responsable de las redes sociales, Isabel Díaz Ayuso, fueron las que dieron las órdenes para llevar a cabo esta campaña de cuyos detalles tenían pleno conocimiento el vicepresidente Ignacio González y la presidenta, Esperanza Aguirre. Uno, González, se va a sentar en el banquillo. La otra no.
En la operación Gürtel, Aguirre alegó desconocimiento de las irregularidades y la fiscalía dice que no ha podido demostrar que miente. De hecho, la conexión de la trama con el PP madrileño sigue siendo una incógnita y ni los instructores se han atrevido a relacionar a la organización ni siquiera como participe a título lucrativo como sí pasó a nivel nacional. Y todo ello a pesar de que todo comenzó en Madrid y el que se llegó a considerar “delfín” de Aguirre, el viceconsejero Alberto López Viejo, cumple condena en prisión por haber favorecido a las empresas de la trama a cambio de mordidas.
Después de lo que pasó con López Viejo y Granados, Aguirre designó un nuevo delfín, Ignacio González, que también le “salió rana” en palabras suyas. González, siendo presidente de la CAM, fue investigado primero por un ático de su propiedad que presuntamente le había regalado el productor Enrique Cerezo. Como se dice “del hilo tira el ovillo”, se fueron descubriendo más irregularidades, las más importantes se refieren a contrataciones relacionadas con la empresa pública, Canal de Isabel II, de las mas rentables de la comunidad, los amaños para construir un campo de gol en los terrenos de dicha entidad situados en el centro de Madrid, y la licitación del trazado ferroviario entre Móstoles y Navalcarnero. González acabó en la cárcel y, ahora mismo, en libertad provisional se encuentra pendiente de juicio.
Los proyectos faraónicos que Aguirre dice desconocer también han traído graves consecuencias a sus consejeros. Alfredo Prada, titular de justicia e interior, acaba de ser condenado a 7 años de cárcel e inhabilitación por prevaricación y malversación. Según los tribunales de justicia dejó un agujero en el proyecto de la Ciudad de la Justicia de 40 millones de euros que deberá devolver a la administración regional. En su juicio, Esperanza Aguirre dijo desconocer los detalles de esta operación pero lo cierto es que se dejó ver en la colocación de la primera piedra y en varios eventos más presumiendo de la concentración de las sedes judiciales que iba a suponer la construcción de la Ciudad de la Justicia que, además, ella misma dijo “va a salir gratis al contribuyente” porque el dinero invertido se sufragaría con la venta de edificios públicos.
Aguirre siempre ha estado en todas las operaciones que investiga la justicia a pesar de que ella no hace más que declarar que desconocía lo que estaba pasando. La lideresa se llegó a jactar de haber neutralizado la operación Gürtel en Madrid, pero lo que es cierto es que, con anterioridad a esa desarticulación que dice ser obra suya, asistió a varios actos organizados por el líder de la trama, Francisco Correa.
Nadie se explica cómo, habiendo estado metida en todas estas operaciones irregulares, se ha librado de tener que pasar por los juzgados en calidad de imputada o investigada como se dice ahora. Siempre como testigo y siempre con el mismo argumento. Que desconocía lo que hacían sus consejeros y los más directos colaboradores en el PP madrileño. Y eso que muchos de ellos la señalan con el dedo acusador. Pero cuando eso ocurre, ella mira para otro lado. Ella, los fiscales y los jueces. De ahí que se comente en los mentideros madrileños el enorme poder que tiene.
Marquesa consorte de Villanueva de Duero todos recuerdan su famoso incidente con los agentes de movilidad cuando estacionó su vehículo en plena gran vía madrileña para ir a sacar dinero a un cajero. La pillaron y salió huyendo en una persecución que recuerda a las que se hacen en USA. No le llegó a pasar nada. Nunca la pasa nada, pero está en todas las salsas de la corrupción de este país.