Al inicio de este artículo mi intención era poner punto y final a la pregunta sobre si estamos orgullosos de la justicia española, pero... mientras tanto, se ha producido la aprobación de la ley de memoria democrática que, de alguna manera, afecta directamente y amplía los contenidos y opiniones expresados en mi último artículo sobre el particular.
La nueva ley ha quedado aprobada en el Congreso y, ahora tendrá que pasar por el Senado. Es un paso adelante respecto a la ley de memoria del 2007, pero algunas entidades, que llevan años batallando para que se dignifiquen las víctimas o se lleven a juicio los crímenes franquistas, consideran que es incompleta. La prueba es que todavía ha continuado generando crispación en el mismo debate, para aprobarla en el Congreso de los Diputados.
La derecha mantiene la ofensiva contra el gobierno español por haber pactado la ley con Bildu y ha vuelto a mezclar las víctimas de ETA. "Eligen víctimas y asesinos en función de su utilidad en el presente", o bien: "Es un proyecto de ley sectario y excluyente, y un ataque frontal a la Transición", han sido las frases pronunciadas en contra. PSOE y Unidas Podemos han rebatido este relato, diciendo. ¿"Qué tiene que ver la ley de memoria con el terrorismo de ETA? La ley va de víctimas de la guerra civil y la dictadura. "Las víctimas de ETA han sido siempre protegidas, las del franquismo han sido olvidadas han manifestado.
El régimen franquista es ilegal pero no se derogará la ley de amnistía del 1977. Este ha sido uno de los puntos más controvertidos. Los partidos independentistas y muchas entidades de memoria y víctimas del franquismo han pedido por activa y por pasiva la derogación de la dicha ley porque así se puedan llevar a juicio los crímenes del franquismo. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica considera que la dicha ley protege los responsables de las violaciones de los derechos humanos de la dictadura franquista: "No puede existir una legislación vigente que no considere crímenes los asesinatos y la desaparición de los cadáveres de 114.226 civiles", asegura la entidad.
Finalmente, pero, no ha podido ser y tan solo se ha introducido un matiz: los crímenes de guerra, de lesa humanidad, el genocidio y la tortura son imprescriptibles y, por lo tanto, no amnistiables. Todo dependerá de los jueces y de cómo lo interpreten. La nueva ley declara la ilegalidad y la ilegitimidad de cualquier órgano judicial, penal o administrativo de la dictadura creado para condenar y castigar por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa. Declara también ilegítimas y nulas las resoluciones de los tribunales franquistas, pero en ningún caso esto se traducirá en la posibilidad de pedir responsabilidad patrimonial al Estado o a cualquier administración pública o particular.
Diferentes historiadores e investigadores han ido investigando las muertes que hubo durante una Transición que no fue pacifica sino violenta. Del 20 de noviembre del 1975 hasta el 2 de diciembre del 1982, 134 personas murieron por culpa de una mala actuación policial. Eran hombres y mujeres inocentes y sus muertes, precisan son responsabilidad del Estado. La nueva ley, pero, solo reconoce como víctimas las que hubo hasta la entrada en vigor de la Constitución española del 1978. Se consideran víctimas todos los que fueron asesinados, y sufrieron prisión, trabajos forzados, el internamiento en campos de concentración, el exilio, la represión económica, la depuración profesional, los bebés robados... durante los años de Guerra Civil y la dictadura.
El Valle de los Caídos pasará a decirse Valle de Cuelgamuros. Se prevé su ressignificado, pero no se concreta como ni cuando se hará. Finalmente, se extinguirá la Fundación del Valle de los Caídos, creada por Franco el 1957. Por lo tanto, los monjes benedictinos dejarán de custodiar y velar el monumento franquista. La exhumación de las víctimas que hay enterradas allá, después de una larga batalla judicial de sus familias, empezará bien pronto. De momento, 104 familias lo han pedido. Vox ha mostrado su oposición a esta ressignificado porque, según el diputado de Vox, José Contreras, el Valle no la necesita porque "no fue un homenaje al franquismo" (?).
La ley retirará 33 títulos nobiliarios concedidos por Franco. Son hereditarios y el dictador los concedió para mantener vivo el recuerdo de "las grandes glorias de la nación" y para agradecer los servicios prestados durante el golpe de estado. Estos títulos nobiliarios, que se han mantenido durante cuarenta años de democracia, se han concedido a golpistas y criminales de guerra. Destacan nombres como el ducado de Franco, el de Primo de Rivera, Carrero Blanco o los marquesados de Queipo de Llano, uno de los criminales de guerra más sádicos. En ninguna parte parece, que se investigue cuál es el patrimonio de los herederos del dictador.
Han tenido que pasar más de cuatro décadas desde la muerte de Franco, pero finalmente las nuevas generaciones, por ley, tendrán que estudiar qué pasó durante la Guerra Civil y la dictadura y saber que hubo una represión sistemática. También se impulsará la investigación sobre el exilio y la lucha democrática de muchas mujeres que han sido castigadas con el olvido.
De hecho no han sido los jueces los que han aprobado esta ley, por lo tanto, podemos decir que existe la separación de poderes sobre el tema. Ahora bien, falta la segunda parte en el Senado, donde la derecha dispone de la mayoría y podrá hacer las modificaciones que estime oportunas.
¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? Un antiguo profesor dijo que las heridas de una guerra civil eran muy difíciles de cicatrizar, en especial en España. Su teoría era muy clara puesto que el fascismo, a diferencia de Italia o Alemania donde fue vencido, en España no solo había ganado la guerra, sino que había gobernado como le dio la gana con un régimen de terror y persecución contra los vencidos.
Ya para terminar, les anticipo que Vox y el PP ya ha avanzado que, acabe como acabe definitivamente la ley, piensan llevarla ante el Tribunal Constitucional, por lo cual será la justicia, una vez más, la que tendrá la última palabra sobre la ley.