Con decenas de miles de hectáreas calcinadas y dispositivos de extinción al límite en las comunidades que gobierna, el Partido Popular intenta ocultar su responsabilidad desviando el foco hacia el Congreso. Feijóo exige responsabilidades a Sánchez mientras evita hablar de las competencias autonómicas que su partido gestiona con negligencia desde Galicia, Castilla y León o Andalucía.
El Partido Popular ha lanzado una ofensiva parlamentaria exigiendo la comparecencia urgente de Pedro Sánchez y ocho ministros por distintos asuntos, desde los incendios hasta la inmigración. Pero el ruido parlamentario no puede ocultar una realidad: los principales fuegos no solo arrasan el territorio, también arrasan la credibilidad de unas derechas que recortaron lo público, desmantelaron lo rural y ahora claman por explicaciones que no dan en sus propias casas.
Un espectáculo de control político sin control institucional
La petición del PP para que el presidente del Gobierno y una batería de ministros comparezcan en plenos extraordinarios en agosto, en plena crisis incendiaria, no parte del compromiso con la transparencia. Parte de una estrategia comunicativa que pretende capitalizar el verano político cuando las comunidades autónomas bajo su mando están en la diana por su pésima gestión de emergencias y prevención.
En Castilla y León, la Junta del PP acumula escándalos: motobombas paradas por falta de personal, llamamientos de emergencia con semanas de retraso, y una política forestal que ha vaciado de recursos a los servicios de extinción. En Galicia, el Gobierno de Alfonso Rueda ha pedido ayuda al Estado mientras deja sin cubrir más de 200 plazas en sus brigadas antiincendios. Andalucía sigue el mismo patrón. Y mientras tanto, el PP acusa al PSOE de "usar la tragedia".
La pregunta evidente es: ¿qué otra cosa queda cuando los gobiernos autonómicos del PP se niegan a asumir responsabilidades? ¿No es más bien el PP quien instrumentaliza el dolor mientras calla ante su propia desidia?
La estrategia del fango mientras arde el país
Es revelador que una de las exigencias del PP para estos plenos veraniegos sea que Sánchez dé cuenta de la “corrupción que afecta a su entorno y a su familia”, incluyendo la situación procesal de su esposa. Es decir, se exigen explicaciones políticas por causas aún en fase de instrucción —o basadas en pseudocausas infladas por la derecha mediática—, mientras los presidentes autonómicos del PP ignoran por completo sus obligaciones reales: proteger vidas, montes y pueblos.
La derecha quiere hablar del fiscal general del Estado, pero no de los jueces de instrucción que permiten políticas temerarias en la gestión ambiental. Quiere hablar del caos ferroviario, pero no de la infrafinanciación estructural de servicios públicos que viene de la época de Rajoy. Quiere hablar de inmigración, pero no de los discursos racistas que alimentan el odio en sus comunidades. La comparecencia urgente no es la de Sánchez: es la del modelo de gestión conservador, que ya está colapsando allí donde gobierna.
Feijóo y sus portavoces intentan aprovechar el mes de agosto para construir una imagen de liderazgo institucional que no tienen. Pero no hay maquillaje parlamentario que oculte la realidad: el PP actúa como oposición incluso cuando gobierna. Elude responsabilidades y se dedica a pedir cuentas con la misma intensidad con la que recorta lo público, degrada lo común y banaliza la verdad.