Lo más relevante desde el punto de vista político es que el borrador de sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía no permite, de momento, el regreso de Carles Puigdemont a Catalunya a pesar de que la ponente, la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, considera que la casi totalidad de la LOA encaja dentro de los principios y la letra de la Carta Magna. El expresident deberá esperar al recurso que presentó a la sentencia del Supremo que considera que se enriqueció patrimonialmente gracias a que los gastos del referéndum fueron costeados por los presupuestos de la Generalitat y no de su propio bolsillo. Y eso ha provocado desconcierto y nervios en Waterloo donde contaban con un regreso triunfal para este otoño. No va a ser posible porque ese recurso, igual que los presentados por el resto de los condenados por malversación, será examinado después de los presentados por 14 de las comunidades autónomas, una cuestión de inconstitucionalidad del Supremo, 4 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y 1 de la Audiencia Provincial de Madrid.
En igual situación quedan las condenas de Oriol Junqueras, quien seguirá inhabilitado, de momento, y no podrá presentarse a las elecciones, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. Estos líderes independentistas deberán esperar a que se resuelvan sus recursos de amparo y eso genera incertidumbre en el ámbito político. El gobierno progresista conoce, perfectamente, la estrategia de Junts Per Catalunya y es consciente de que se encuentra en minoría y que sin el apoyo de los de Puigdemont no podrán sacar adelante las leyes en el Congreso. Pero es que, además, ahora habrá que esperar a la reacción de Junqueras, que es el que más manda en Esquerra Republicana de Catalunya, otro socio parlamentario en Madrid. Es bastante probable que Junqueras, mucho más prudente que Puigdemont, decida tomarse las cosas con calma. De todas maneras, el futuro del ejecutivo que preside Pedro Sánchez se tiñe de un gris acercándose al negro debido a la incertidumbre generada por esta sentencia.
Porque es verdad que la resolución del Tribunal Constitucional, si al final se aprueba tal y como va en el borrador, se puede considerar un éxito para Sánchez y los suyos por tres razones. La primera porque declara constitucional la ley de amnistía en casi su totalidad. La ponencia rebate las tesis del recurrente, el Partido Popular, declara que la LOA cabe dentro de la Constitución y rechaza que la norma sea arbitraria, y no vulnera derechos fundamentales como el de la igualdad ante la ley ni el principio de separación de poderes, argumentos que han utilizado en la derecha judicial para rechazarla, además de ser los que más han utilizado los magistrados de la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo.
En segundo lugar, y ese detalle es muy importante, porque el Constitucional no entra al trapo de la “cuestión de prejudicialidad” que han presentado algunos recurrentes al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La corte de garantías deja clara una cosa. Analizan el encaje de la ley en la Carta Magna, no en otro tipo de legalidades, incluidas las que puedan derivarse de las sentencias del TJUE. Y ese punto reviste especial trascendencia ya que la derecha judicial está buscando un “choque de trenes” entre las dos instituciones basándose en que la LOA vulnera la legislación europea sobre todo en lo que se refiere a la malversación. Y es un punto que no sólo afecta a la amnistía. Está pendiente, también la decisión de la Audiencia de Sevilla sobre la presentación de una cuestión de prejudicialidad de la pieza política de los Eres de Andalucía. La institución que preside Conde-Pumpido no quiere enfrentamientos.
Y un triunfo del gobierno que no se puede considerar menor a los ya citados es que el borrador rechaza los términos que utiliza el Partido Popular para presentar el recurso. El PP denuncia que el objetivo de la ley era conseguir los siete votos de Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno, por lo tanto, utiliza las motivaciones políticas para rechazarla. La ponente entiende que los objetivos políticos esgrimidos por la derecha no son materia de examen de los magistrados, cuya labor es velar estrictamente por el encaje constitucional. Montalbán defiende que la ley no persigue cuestión distinta a la que se establece en su amplio preámbulo.
Tres extremos del borrador de la ponencia que revisten gran importancia bajo el punto de vista legal y que serán determinantes a la hora de dictaminar posteriores sentencias. Los soberanistas a los que afecta la futura resolución deberán de tener en cuenta esto y tomarse las cosas con calma. El Constitucional deja claro que el objetivo de la ley es abrir fórmulas para la normalización política de Catalunya. Una normalización evidente, tal y como se están desarrollando los acontecimientos, paso a paso, eso sí, con alguna lentitud.
Pero eso no resta a la hora de malpensar en lo que pueden llegar a hacer sobre todo en Waterloo porque al mismo tiempo en que se procedía a la difusión del borrador de ponencia del TC sobre la amnistía se producía un hecho inquietante desde el punto de vista político. La expresidenta de Junts, Laura Borrás, que todavía goza de mucha influencia en la formación independentista, ha sufrido un revés porque el fiscal ha emitido un informe en el que se muestra contrario a su indulto. Borrás está condenada a cuatro años de cárcel por prevaricación al haber fraccionado un concurso para la confección de la web de la Institución de las Letras Catalanas para evitar su concurrencia pública. Veremos como corren de turbulentas las aguas en la senda del partido de Puigdemont ya que de sus decisiones dependerá el futuro político de este gobierno progresista, lo quiera Sánchez o no.