El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el mismo que avaló la denuncia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, acaba de remitir una cuestión de prejudicialidad al TJUE acerca de si puede incumplir una sentencia del Tribunal Constitucional. Es una causa menor. Se trata de saber la legalidad conforme a la legislación europea de un laudo empresarial. La corte de garantías sentenció en contra del fallo del TSJM y, ahora, los jueces madrileños quieren saber la opinión de la instancia de Bruselas adelantándose a la iniciativa que van a presentar los miembros de la Audiencia Provincial de Sevilla que están en contra del fallo del TC sobre los Eres de Andalucía. La derecha judicial inicia, así, su gran ofensiva contra la institución que preside Cándido Conde-Pumpido. Y, de esa manera se abre el debate de quien está por encima, si el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Constitucional español. El asunto es de gran calado ya que de la resolución de Bruselas va a depender la reforma en profundidad de las instituciones jurídicas de este país.
El TJUE tiene en sus manos importantes decisiones referidas a España. En realidad, los jueces conservadores de este país no están inventando nada nuevo. La justicia europea ya tuvo que intervenir en algunas decisiones de las cortes de garantías de Polonia y Hungría, pero hay que recordar que, en esos países, estaba cuestionada la separación de poderes. Aquí, en España, todo se reduce a una ofensiva de la extrema derecha. Lo que ocurre es que los jueces ultraconservadores se basan en lo que se ha hecho respecto a esos países. En concreto citan las sentencias Eurobox Promotion, C-430/21 y C-792/22, que avalan que los jueces de los estados miembros pueden inaplicar resoluciones de sus tribunalesconstitucionales si estas son incompatibles con el derecho de la Unión.
Además de la cuestión de prejudicialidad presentada por varios juzgados de primera instancia, tribunales territoriales y la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo sobre la ley de amnistía, ahora plantean asuntos de gran calado como si el Constitucional, en las sentencias sobre los Eres de Andalucía, ha vulnerado el derecho de la UE. “EsteTribunal no puede dejar de lado la posibilidad de que las valoraciones que hace el Tribunal Constitucional en esas sentencias, que le llevan a entender que esta Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla y la Sala Segunda del Tribunal Supremo han vulnerado el derecho a la legalidad penal de los recurrentes en amparo, no sean del todo compatibles con el Derecho de la Unión”, dicen en un auto los magistrados andaluces quienes todavía no han decidido si elevan la cuestión de prejudicialidad. Por su parte, el TSJM entiende que el TC estableció una “restricción en el enjuiciamiento sobre la validez de los laudos por infracción de orden público” y eso, añaden, “parece contradecir abiertamente la doctrina del TJUE. La decisión no parece que se acomode al nivel de protección que demandan los textos europeos y adolece de una incompatibilidad racional con la doctrina del TJUE”. Por eso piden un pronunciamiento
El fondo que subyace es saber si la instancia judicial superior de la Unión Europea dictamina que el Tribunal Constitucional español no tiene en cuenta el derecho comunitario a la hora de dictar sentencia. Y la cosa tiene muchísima relevancia porque si los jueces europeos fallan en favor de estos recursos, habrá que modificar la legislación que regula el Tribunal Constitucional. Incluso su jerarquía sobre el resto de las instancias jurídicas, incluida el Tribunal Supremo.
Sería dar la razón a la extrema derecha. En su programa electoral, Vox, exige la eliminación del TC y que sus competencias sean asumidas por el Supremo. Lo que ocurre es que la interpretación de la carta magna quedaría mutilada si se opta por este criterio. Además, el artículo 92 de la ley orgánica 2/1979 lo deja muy claro: “el Tribunal Constitucional velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Podrá disponer en la sentencia, o en la resolución, o en actos posteriores, quién ha de ejecutarla, las medidas de ejecución necesarias y, en su caso, resolver las incidencias de la ejecución. Podrá también declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecución de éstas, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano que las dictó. El Tribunal podrá recabar el auxilio de cualquiera de las administraciones y poderes públicos para garantizar la efectividad de sus resoluciones que lo prestarán con carácter preferente y urgente”. Y hasta ahora, ninguna opción ideológica ha cuestionado este principio donde se establece, diáfanamente, que las resoluciones de la corte de garantías son de obligado cumplimiento.
Lo que ocurre es que la derecha conservadora está atacando contundentemente a la institución desde que perdió la mayoría. Y va más lejos. El ataque se dirige expresamente hacia una persona considerada por los ultras “la bestia negra judicial”, el presidente Cándido Conde-Pumpido. El Partido Popular lo ha dicho en muchas ocasiones. No acatan sus decisiones porque “no se tienen en cuenta los votos particulares de la minoría conservadora”. Actualmente,la correlación de fuerzas está en 7 vocales progresistas frente a 5 conservadores. Y eso escuece en Génova.
Pero se da la paradoja de que la sentencia sobre el laudo empresarial que ha dado origen a la presentación de la cuestión de prejudicialidad del TSJM se aprobó por unanimidad, incluidos los conservadores. Otra cosa diferente es la resolución sobre los Eres de Andalucía. Y es que en el fondo de la cuestión lo que subyace, según los partidarios de acudir al TJUE, es que el TC está haciendo caso omiso a la lucha contra la corrupción. Eso según el parecer de los jueces conservadores quienes ya no se cortan, en público, al vociferar sobre la vulneración del Estado de Derecho en España. El último en hacerlo ha sido el que fue presidente de la sala de Lo Penal del TS, Manuel Marchena.
Por eso, el debate que se abre en el seno de la judicatura europea tiene mucha importancia. Porque, efectivamente, está en juego en Estado de Derecho en España, el que quieren los conservadores.