De momento, la entrada en prisión de los condenados por la trama de loa ERES en Andalucía se encuentra a la espera del pronunciamiento de las partes personadas en el proceso. En especial, lo que diga la Fiscalía y la acusación particular del PP. La demora en estos pronunciamientos viene derivada, sobre todo, del Partido Popular ya que los abogados que se encargaron de las actuaciones judiciales han sido nombrados altos cargos del gobierno andaluz, lo que obliga a nuevas designaciones que deben ponerse al corriente de todas las actuaciones judiciales.
Si fuese por la Audiencia Provincial de Sevilla, la instancia encargada de la ejecución de la sentencia, los condenados a penas de cárcel ya habrían entrado en prisión. Sobre todo, en el caso de José Antonio Griñán. En la Audiencia están los principales promotores de este asunto. La jueza Alaya, quien, en cierta ocasión, dijo que nunca haría declaraciones a los medios de comunicación hasta que concedió una entrevista al conservador ABC. Y a la que, desde la Audiencia Nacional se la ha llamado la atención insinuándola que jamás llegará a ser instructora de esta instancia judicial si no cesa en su empeño de hablar más de la cuenta. “Los jueces hablan en sus autos”, se le dijo una vez a Miguel Moreiras, ex juez del juzgado numero 3 de la Audiencia Nacional, cuando llevó a cabo unas declaraciones, precisamente al mismo medio en el que habló Alaya. A Moreiras se le apartó de la Audiencia, y se le mandó a un juzgado laboral de Ciudad Real.
Griñán, por su parte, sigue manteniendo la discreción que le caracterizó desde que comenzó este asunto. Es su familia y su circulo de allegados los que se encargan de presionar al Gobierno para que lo indulte. Un indulto que todavía ni siquiera se ha llegado a tramitar porque todavía se está pendiente de la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que paralizaría la ejecución de la sentencia.
El recurso se basa en lo que varios expertos están señalando continuamente: que el Tribunal Supremo podría estar prevaricando. Y se pone como ejemplo la existencia de una sentencia de la más alta Instancia judicial sobre un fallo del Tribunal Central de Trabajo en el que se dice textualmente que “su decisión, fundamentada en derecho, no ha respetado el límite constitucional del respeto a la Ley. El órgano jurisdiccional ha resuelto más allá de su jurisdicción y ha desconocido su sujeción a la Ley”.
El argumento en el que se basan los juristas contrarios a la sentencia del Supremo es que ni la Audiencia de Sevilla ni sus superiores, pueden calificar de “ilegal” una ley constitucional como es la ley presupuestaria, origen de las ayudas irregulares de los Eres.
Según el profesor de derecho constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo, “una vez aprobada por el Parlamento Andaluz, la ley presupuestaria tiene que ser aplicada en los mismos términos en que lo ha sido, y todo lo que se contenga en ella es legal siempre que no se interponga recurso ante el Constitucional y éste dice que la Ley es anticonstitucional”.
Es el mismo argumento que emplearon los dos votos discrepantes del Supremo. Esos dos votos que son utilizados por los expertos defensores de los condenados por el Supremo que, ahora, consideran que hay que esperar a que el Constitucional se pronuncie sobre la resolución del Supremo.
El problema es que la Alta Instancia Judicial está en crisis. Necesita que se cubran cuatro vacantes. Dos de ellas corresponden al Consejo General del Poder Judicial donde la posición rebelde de los llamados “vocales conservadores” se mantendrá si, como todo parece ser, el Gobierno inicia una guerra para designar nuevos vocales como reacción a la negativa del PP de renovar el órgano de gobierno de jueces y magistrados. Si estos vocales rebeldes mantienen la postura que hasta ahora han mantenido, es muy probable que el Constitucional siga inoperante ya que los otros dos miembros deben ser designados por el gobierno, y éste ya ha dejado claro que no piensa ejercer su potestad de nombramiento hasta que el CGPJ no haya procedido a designar a los vocales que le corresponden.
Por lo cual, el Tribunal Constitucional va a tardar mucho tiempo en pronunciarse sobre la sentencia del Supremo de los Eres andaluces.
Mientras tanto, el Gobierno no se va a quemar en un asunto que suscita controversia. Sabe que la decisión de perdonar a Griñán, Chaves y otros condenados, le va a pasar factura electoral y no sabe bien qué postura adoptar.
Pero un ingreso en la cárcel de un ex presidente de la Junta de Andalucía, y ex ministro de Trabajo, tendría unas repercusiones similares a las que en su día tuvieron las entradas en prisión de Vera y Barrionuevo.
Hay ministros que han estado en la cárcel. Además de los mencionados, está el caso de Rodrigo Rato. Pero éste entró en prisión provisional, sin condena firme todavía. Y el caso de Griñán se compara con la situación de Esperanza Aguirre, la expresidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, recientemente exculpada del Caso púnica, porque, según el juez García Castellón, “no se puede probar que tuviese conocimiento de los hechos “ por los que se va a juzgar a algunos subordinados tan cercanos a ella como su jefa de prensa y su vicepresidente, y segundo en el PP madrileño.
Nadie logra entender como Griñán sí es condenado cuando, como dice Pérez Royo, “en ningún momento se ha acreditado que la acción de los ex presidentes de la Junta de Andalucía, Chaves y Griñán, así como de otros miembros del Consejo de Gobierno por ellos presididos, hayan ido más allá de la discusión en el seno del Consejo de Gobierno, y la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.
Para una gran mayoría de la opinión pública, choca muchísimo el que el Supremo considere probado que Chaves y Griñán tenían conocimiento de la manipulación de unas cuentas públicas que ni siquiera fue detectada durante su trámite parlamentario, y Esperanza Aguirre, que era apoderada bancaria de los fondos de su partido en Madrid no “se enteró” de lo que estaban haciendo sus subordinados.
Ocurre que como la Justicia en España está muy desprestigiada, ya nadie da por buena su autoridad cuando se hacen esas comparaciones. Ni siquiera en casos como los de los Eres andaluces.
Es como dice un conocido de esta Casa. “¿Casos de prevaricación en el Supremo”? Que se pongan a la cola”