Los incendios que arrasan España no solo dejan cenizas y desolación en las zonas quemadas. También provocan una crisis de salud pública, una emergencia ambiental prolongada y una radiografía implacable del fracaso político en la gestión del territorio y del cambio climático.
Las partículas en suspensión emitidas por los incendios —PM10 y PM2,5—, junto al ozono troposférico, el dióxido de nitrógeno y otros compuestos, están enfermando a miles de personas. No lo dicen solo los ecologistas: lo acreditan los datos oficiales, los expertos en salud respiratoria y las estaciones públicas de medición que, esta semana, han llegado a triplicar los umbrales considerados peligrosos por el Ministerio de Sanidad.
En zonas como El Bierzo, los niveles de polución han sido tan graves que la comarca ha llegado a encabezar los rankings mundiales de aire contaminado. Una auténtica distopía ambiental en pleno agosto que las autoridades autonómicas han preferido ignorar mientras desvían recursos a propaganda y autobombo.
Cuando respirar se vuelve un lujo
Ponferrada, León, Ourense, Lugo. Desde Castilla y León a Galicia, los datos de calidad del aire están por los suelos. En El Bierzo se han registrado concentraciones de partículas PM10 diez veces superiores a los límites recomendados por la OMS. No se trata de una molestia menor. Es un veneno invisible.
Estas micropartículas —inhaladas, tragadas, absorbidas— provocan un aumento de infartos, ictus, enfermedades pulmonares y muertes prematuras. Lo ha demostrado el Instituto de Salud Global de Barcelona y lo alertan neumólogos en toda España. Los efectos van mucho más allá de los ojos llorosos y el picor de garganta: se trata de una ola silenciosa de daño que sigue mucho después de extinguidas las llamas.
Y sin embargo, Castilla y León no cuenta con un plan de emergencia ante episodios de mala calidad del aire. La Junta no ha activado protocolos específicos, no ha repartido mascarillas eficaces, ni ha recomendado restricciones más allá de las generales. Como si la polución extrema fuera un precio asumible. Como si no pasara nada.
Mientras tanto, las imágenes se repiten: ciudades grises a pleno día, personas con mascarillas FFP2 como en pandemia, aire irrespirable en plena sierra. Pero esta vez no hay comité de expertos, ni comparecencias diarias, ni medidas extraordinarias. Solo silencio institucional.
Agua contaminada, gestión estancada
La tragedia tampoco se queda en el aire. En Ávila, el fuego amenaza el embalse de Serones, principal fuente de agua potable de la capital provincial. El Ejército trabaja a contrarreloj para evitar que las lluvias arrastren la ceniza al suministro. No sería la primera vez: en 2021 ya ocurrió tras el gran incendio de Navalacruz.
La contaminación del agua por incendios es un riesgo real y creciente. No es un efecto colateral anecdótico, sino una consecuencia lógica de la falta de prevención, la planificación forestal deficiente y la descoordinación entre administraciones. Y vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de blindar el ciclo del agua ante fenómenos extremos cada vez más frecuentes.
Mientras en Europa se refuerzan los protocolos de actuación climática y se legisla en favor de la salud pública, en España hay gobiernos autonómicos que siguen actuando como si el cambio climático no existiera, como si el monte fuera un decorado prescindible, como si la salud de sus ciudadanos no dependiera del aire que respiran o del agua que beben.