Es la venganza de un juez que, cuando era magistrado de la Audiencia Nacional, se negó rotundamente a procesar al Partido Popular por el caso Gürtel teniendo que ser apartado, condenado al ostracismo y, gracias a su amigo, Carlos Lesmes, entonces todopoderoso presidente del CGPJ, ascendido a la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo. Todos sabíamos lo que iba a decir en el auto de conversión en procedimiento abreviado de las investigaciones al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscala jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, acusados de revelación de secretos. Lo había adelantado el líder de una de las acusaciones, Manos Limpias, Miguel Bernard. Lo que nadie se esperaba es que el magistrado se atreviese a decir en su auto que Rodríguez y García Ortiz siguieron “indicaciones de Moncloa con la finalidad de ganar el relato a la información”, el bulo que publicó El Mundo el día anterior en el cual se señalaba que el fiscal anticorrupción, Julián Salto, había ofrecido un acuerdo al abogado de González Amador, Carlos Neira, cuando las cosas habían sucedido al revés. De dónde se ha sacado el juez que se siguieron instrucciones de Moncloa sólo el lo sabe porque nadie ha hablado de ese extremo. No hay pruebas, pero la teoría conspiranoica de Hurtado quedará en los anales de los desatinos jurídicos de este país. El proceso huele, y muchísimo, a sumarísimo, ese que se hacía en los consejos de guerra militares de la época de Franco.
Ahora, el debate que plantea la derecha política y judicial es si García Ortiz, a punto de sentarse en el banquillo, debe presentar la dimisión. Esa derecha olvida, y demuestra su escasa vocación democrática, que un derecho fundamental es el de la presunción de inocencia y mientras el fiscal general del Estado no sea condenado nadie puede dudar de su honorabilidad. Pero, además, si acudimos al Estatuto Fiscal, vemos que en el texto está prevista la suspensión de empleo y sueldo para los fiscales contra los que se haya dictado auto de procesamiento, es decir, el dictado por el juez, pero García Ortiz está fuera de la carrera mientras sea fiscal general. Su situación es la de servicios especiales por lo que no se le puede aplicar la normativa interna. Otra cosa es el caso de Pilar Rodríguez que sólo es fiscal jefa de Madrid. Habrá que ver qué ocurre con su situación profesional.
Además, el auto puede ser recurrido en reforma (ante el propio instructor) y en apelación (ante una sala del Supremo formada por tres magistrados). Pero esos recursos tienen escasas probabilidades de que prosperen. Por lo tanto, Álvaro García Ortiz será el primer fiscal general del Estado que se sentará en el banquillo de los acusados. Y lo más probable es que el tribunal que le juzgue lo acabe por absolver porque apenas existen pruebas. Todo lo más puede llegar a una condena de un año por revelación de secretos. Lo malo es el escándalo generado. La caverna mediática ya se encarga de las repercusiones. Es un caso más de “corrupción” cuando la realidad dice que las pruebas son escasamente consistentes. Sólo los informes de la UCO de la Guardia Civil son los que señalan que el fiscal general tuvo “una actuación preeminente” en la filtración. Pero lo cierto es que, como dicen los expertos en comunicación jurídica, nadie puede considerar delictiva la actuación de un representante del ministerio público que lo único que hace es desmentir un bulo, el que se encargó de difundir el entorno de la presidenta de la CAM al frente del cual se encuentra un verdadero especialista en la intoxicación mediática, Miguel Ángel Rodríguez.
Porque, además, el juez no deja claro si lo que penaliza es la nota de prensa de la fiscalía publicada el 13 de marzo de 2024 en la cual se desmentía una oferta del representante del ministerio público, Julián Salto, en la causa por delito fiscal del novio de Díaz Ayuso. Porque si es a eso a lo que se refiere el magistrado, que no se pronuncia al respecto, estamos hablando de una prevaricación como una casa ya que en el auto de la sala de Lo Penal en el que se abre la instrucción que ahora se cierra, los magistrados dejan claro que “la nota de prensa no puede considerarse delictiva”.
En cuanto a los indicios y pruebas que haya podido reunir el señor Hurtado, son escasamente consistentes. Y a favor de los ahora acusados están los testimonios de los periodistas que han jurado, bajo la condición de testigos que les obliga a decir la verdad, que el correo en el que señalan la situación fiscal de González Amador era conocida mucho antes del 13 de marzo de 2024, la fecha en la cual el magistrado sitúa la filtración.
Pero el juez, en lugar de archivar la causa, ha hecho lo que viene haciendo en este casi año de instrucción: lo que le dicen las acusaciones. Recordemos. La querella fue presentada por los abogados de la pareja de Díaz Ayuso en una maniobra que se ha calificado como dilatoria, intentando desviar la atención del verdadero motivo de la causa que no es otro que el de que González Amador se ha confesado autor de un delito fiscal. Otra de las acusaciones es el Colegio de la Abogacía de Madrid, cuyo decano se ha posicionado claramente, en la derecha judicial no sin recibir la oposición de un importante número de afiliados que consideran que no se puede entrar en este tipo de actuaciones con el dinero de sus cuotas. La APIF, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, cuyo dirigente, Salvador Viada, fue separado de la carrera por desobediencia y falta de respeto, aunque la Audiencia Nacional ordenó su readmisión. El fue el que denunció a García Ortiz y a su segunda, Ángeles Sánchez Conde, de haber manipulado unos teléfonos el mismo día en el que la Guardia Civil registró la sede de la FGE en la madrileña calle de Fortuny.
De las otras acusaciones populares poco o nada que comentar. Manos Limpias ya se sabe, ya lo hemos comentado al principio de este análisis, Hazte Oír, extrema derecha, y Vox, admitida en el último momento, no hace falta ni mencionar cual es su sentido. Un sentido claramente persecutorio porque si se hace daño a García Ortiz se hará daño al gobierno progresista que lo nombró. Y esa es la situación actual, con la complicidad de un juez que está cuestionado.
A García Ortiz todo lo más se le condenará a 1 año de prisión que no cumplirá al carecer de antecedentes penales. Pero su imagen quedará tocada. La suya y la del gobierno que le nombró. Y eso es lo que quieren en la derecha judicial y política. Ganar en los tribunales lo que no lograron en las urnas.