El mismo día en que todo el mundo estaba pendiente de la polémica política en torno a las consecuencias provocadas por la DANA, y las diferencias de los socios parlamentarios sobre la reforma fiscal, el Congreso aprobaba la ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia que supone un cambio estructural en el esquema de tribunales en todo el territorio español. De 3.800 juzgados que existen en la actualidad se pasará a 431 tribunales de instancia (tantos como partidos judiciales). Esta profunda reforma, que lleva años fraguándose, pretende ser el motor para conseguir una mayor eficiencia del servicio público de justicia. Ahora, la reforma pasa al Senado donde previsiblemente se votará en contra por la mayoría absoluta del PP que se opone tajantemente al nuevo modelo. Volverá al Congreso y allí se aprobará definitivamente. Por lo tanto, se avecina toda una revolución en la justicia de este país que agilizará el servicio público, o eso es lo que, al menos, pretende el gobierno progresista.
El ejecutivo de Pedro Sánchez se había comprometido con la Unión Europea, a cambio de recibir los fondos del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a llevar a cabo una profunda modernización de la administración de justicia. La primera parte del plan ya está puesta en marcha. Se trata de la digitalización y agilización de trámites que, por ahora y a pesar de ciertos obstáculos surgidos en lo que se refiere a las notificaciones de Lexnet, parece ser que ya funciona en su totalidad. Esta segunda parte del plan reforma lo que se denomina la “planta judicial”. Consiste en unificar los juzgados de los partidos judiciales en un solo tribunal de instancia que se dividirá, a su vez, en dos secciones, de lo civil y de instrucción, sin perjuicio de que, en su día, se constituyan otras especializadas en actuaciones concretas como pueden ser los delitos de género. Además, está prevista la creación de oficinas de justicia en los municipios que acercarán el servicio público de justicia a todos los territorios y les dotarán de unidades en las que los ciudadanos podrán realizar toda una serie de actos y trámites procesales de manera telemática sin tener que desplazarse. Para agilizar la carga de los juzgados también se contemplan los llamados medios alternativos de solución de controversias, MASC, en vías no jurisdiccionales, en los ámbitos civil y mercantil.
Se pretende, con esta reforma, la agilización de los trámites procesales. Queda fuera el ámbito social que seguirá funcionando como hasta ahora: la resolución de conflictos colectivos e individuales a través de los servicios de mediación, arbitraje, y conciliación, dependientes de las comunidades autónomas, y cuando no se produzca el acuerdo entre las partes, las antiguas magistraturas de trabajo, hoy denominadas juzgados de Lo social, seguirán funcionando como hasta ahora.
Quedan, todavía, dos importantes leyes. Por una parte, la del funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, y la prevista reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Lecrim, para traspasar a los fiscales la facultad de instruir cierto tipo de causas. No todas, tal y como estaba previsto en un principio.
La reforma de la Lecrim todavía está en fase de estudio. Se espera a la elaboración del Estatuto Fiscal en fase de debate en el Consejo Fiscal. Y aquí es donde hay problemas porque la Asociación de Fiscales, mayoritaria en el Consejo, ha decidido no participar en las reuniones en las que se están debatiendo las líneas maestras del nuevo estatuto. Otra de las asociaciones presentes en el consejo, la APIF, está enfrentada al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Se ha personado como parte acusadora en la causa que instruye el Tribunal Supremo por revelación de secretos, y se dedica a obstaculizar todas las iniciativas del gobierno progresista al que acusa de “entrometerse” en el poder judicial.
El caso es que mientras no se avance en el nuevo Estatuto Fiscal, será difícil poner en marcha el sistema mediante el cual los miembros del ministerio público se harán cargo de las investigaciones judiciales mientras que los actuales instructores quedarán como “jueces de garantías”, encargándose de que las actuaciones se hagan con arreglo a la legislación vigente y decidiendo sobre recursos y amparos que soliciten las partes. Es un sistema parecido al que se lleva a cabo en Europa pero que sólo se pondrá en marcha en unas instancias concretas reservándose las causas para los magistrados en los tribunales superiores territoriales y en la Audiencia Nacional.
La reforma del Consejo General del Poder Judicial para convertirlo en un organismo compatible con los europeos, una exigencia de Bruselas, depende del informe que deberán aprobar los actuales vocales antes de enero. No sólo está en juego el sistema de elección sino también el sistema de funcionamiento porque el actual se parece poco a los de los países de nuestro entorno. Se están analizando varios modelos. El anglosajón donde no existe la figura del órgano de gobierno de los jueces, competencia en exclusiva para los tribunales superiores, el italiano, y el portugués donde las instituciones encargadas de controlar la acción judicial son elegidas por los propios jueces con la salvedad de que el poder ejecutivo se reserva la designación de un número determinado de plazas y, en algún caso, la presidencia.
En este país, las asociaciones de jueces y magistrados que, como ya se ha dicho aquí mismo, no llegan a representar al 50% de los miembros de la carrera judicial, quieren elegir directamente a todos los vocales del CGPJ. Una pretensión inconstitucional porque la carta magna deja bien claro que la designación de los miembros de este organismo depende del legislativo. La derecha judicial está jugando muy fuerte para que los vocales actuales del CGPJ traspasen la línea roja de este mandato.
La gran reforma de la justicia española no solo depende de estas modificaciones legales. El problema estructural es que, en los años de poder del PP, los conservadores han ido colocando a jueces y magistrados afines quienes se encargan de dictar resoluciones que, cuanto menos, dejan perpleja a la ciudadanía. Y ese grave problema estructural no se va a resolver con las modificaciones legales pretendidas. La situación actual es la misma que acabó por desembocar en la reforma de los poderes fácticos en el siglo pasado: el aparato judicial sigue intacto y no va a permitir algo que vaya en contra de su supervivencia.