La pérdida de soberanía que implica ser miembro de la UE tiene esas cosas. En materia de justicia o incumplimos como hacen en Polonia y Hungría o nos vemos obligados a acatar lo que diga el TJUE. Y de ello han tomado buena nota los jueces conservadores españoles. Primero fue la ley de amnistía. Ahora, peor todavía, la emprenden contra una sentencia del Tribunal Constitucional. La Audiencia Provincial de Sevilla, en lugar de acatar las órdenes dictadas por la corte de garantías para elaborar un nuevo fallo sobre los Eres de Andalucía, se limita a decir que es Bruselas quien debe pronunciarse sobre la legalidad de esta decisión.
La derecha mediática aplaude la resolución y deja claro que los únicos que defienden el constitucionalismo en este país son los magistrados. Una irresponsabilidad porque, mediante este tipo de gestos, las instituciones pierden credibilidad. Y el grave problema que se plantea es que esa derecha ultramontana logrará su objetivo a costa de dejar España hecha un erial político. En esta guerra, los conservadores habrán triunfado sobre la “maligna izquierda” pero no les quedará margen de maniobra para gobernar. Un aviso para Manuel Marchena, ex presidente de la sala de Lo Penal del TS, quien se ha atrevido a cargar contra algunas maniobras del gobierno socialista para acabar con acciones judiciales “con nombres y apellidos”. Está claro que habla abiertamente del caso Begoña Gómez y el proyecto de ley de reforma de la Lecrim para limitar la acusación popular. Mientras tanto, sus compañeros están hartos de tener que resolver la admisión a trámite de las denuncias de la extrema derecha.
El fallo de la Audiencia de Sevilla es una manifiesta rebelión contra la que debería ser la instancia judicial superior de este país. El Tribunal Constitucional es el único interprete de la carta magna, la ley de leyes que obliga al resto de normas. Los jueces siguen sin tener en cuenta que la decisión que dio lugar a la operación de los controvertidos Eres de Andalucía fue un acto político que contó con el refrendo del parlamento autonómico. Otra cosa es que la ley fuese utilizada por niveles inferiores de la administración autonómica para cometer actos delictivos. Pero de esas consecuencias no se puede responsabilizar a los altos cargos, presidentes y consejeros. No se puede hablar, tal y como refieren los nuevos jueces, de desprotección del patrimonio público porque, por esa regla de tres, a cualquier acto legislativo se le podría aplicar el Código Penal.
Se nota que los nuevos magistrados tienen pocas ganas de trabajar. Se han limitado a recoger las alegaciones de las partes acusadoras, en especial la del Partido Popular que, debemos recordar, es la organización que presentó la denuncia paralelamente a la investigación que llevaba a cabo a cabo el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, sobre la macro causa Gürtel. Ese mismo juez que José Manuel Villarejo y Dolores de Cospedal reconocen haberle presionado para que archivase sus investigaciones.
El Partido Popular pone en entredicho a la máxima autoridad constitucional de este país. Y, con ello, vuelve a hurgar, aún más, en la crisis institucional que se está viviendo. "La Audiencia provincial de Sevilla acaba de pronunciarse diciendo que las sentencias del Tribunal Constitucional sobre los ERE son contrarias al derecho y a la lucha contra la corrupción. Eso les pasa por forzar el Tribunal Constitucional y usarlo como túnel de lavado de los Ere", dice su dirigente Elías Bendodo. Buscan que el TJUE se pronuncie tal y como ha hecho sobre la injerencia en la judicatura del Tribunal Constitucional polaco. Y no es lo mismo. Si se interpreta el literal de la carta magna española, la interpretación sobre los actos políticos refrendados por el poder legislativo está muy clara.
Para sustentar la prevalencia de los actos parlamentarios habría que acudir a los años ochenta, cuando los sindicatos convocaron una huelga general contra las resoluciones del gobierno de Felipe González sobre medidas para el fomento de trabajo, entre otras la instauración del polémico contrato de aprendizaje. Ese gobierno llevó el asunto al Parlamento donde fue refrendado por diputados y senadores. Entonces quedó claro que las cámaras tenían suficiente competencia como para legislar, aunque ello suponga ir en contra de la realidad social. Son actos políticos y como tales no merecen reproche, y menos el penal. La Constitución les protege.
Venir ahora a decir que "se podría generar una situación de desprotección del patrimonio público y una merma del correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado, de la confianza de la sociedad en el manejo honesto de fondos públicos y de los deberes de fidelidad y transparencia que tienen los funcionarios públicos a cuyo cargo se encuentran los bienes de la administración pública", tal y como argumentan los jueces sevillanos, es un despropósito que rompe todo el equilibrio del Estado de Derecho en el que se basa nuestra democracia.
Es muy difícil que el Tribunal De Justicia de la Unión Europea resuelva esta cuestión de prejudicialidad a favor de los demandantes. Pero los jueces andaluces han vuelto a abrir la caja de pandora. Es una rebelión manifiesta que demuestra, una vez más, la posición del poder legislativo de este país. La mayoría de sus miembros se apunta a la tesis de que el Constitucional está siendo manejado por la izquierda para sus propios intereses, el argumento defendido por PP y Vox.
Habría que recordar al Partido Popular cómo el anterior presidente del TC, Pedro González-Trevijano, que contaba con mayoría conservadora, llevó a cabo una maniobra que expertos juristas calificaron de “golpe de estado” para paralizar una iniciativa, aprobada en el Congreso, que se estaba debatiendo en el Senado, para modificar el sistema de elección de sus miembros debido a la situación de bloqueo existente provocada por las instrucciones recibidas desde Génova.
El TC es un órgano que debe interpretar, en todos los sentidos, la Constitución, para bien o para mal. Enfrentase a sus miembros sean del signo que sean, es enfrentarse al equilibrio de poderes establecido en este país. Desgraciadamente, los jueces pertenecientes a la derecha judicial se creen en posesión de la verdad. Su verdad que es inalterable. Y todo aquél que ose contradecirles está manipulado por el poder político.
El pleno del Constitucional pidió a la Audiencia de Sevilla una nueva sentencia sobre el caso de los Eres de Andalucía que se adaptase a los criterios establecidos en su fallo. La respuesta ha sido una bofetada institucional cuyas consecuencias están todavía por determinar.