La derecha ha puesto el grito en el cielo. Dice que, si faltaba algo después de reformar el Código Penal y la amnistía para dejar sin efecto las condenas de los independentistas catalanes, ahora se está tramitando un nuevo indulto, a añadir al del 22 de junio de 2021. Según los tertulianos de la caverna mediática, “es la forma que tiene el gobierno de responder al auto del Tribunal Supremo en el cual los jueces consideran que no es amnistiable el delito de malversación”. Lo que se olvidan es de que la solicitud no ha sido promovida por el ejecutivo de Pedro Sánchez.
Ha sido un particular de Catalunya el que la presentado en el Ministerio de Justicia y el departamento de Félix Bolaños no ha hecho otra cosa que lo que le obliga la ley: tramitarla. ¿Quién ha sido ese “particular”? Eso no lo sabe nadie, pero lo que está claro es que ha abierto la posibilidad de que, a Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull se les conmute su pena por malversación que les implica la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Es una respuesta adecuada a los argumentos de la sala de Lo Penal, que varios juristas han calificado de “políticos”, a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la cuestión de inconstitucionalidad presentada. Una posibilidad, ésta del indulto, que nadie había barajado.
En Fiscalía, de todas maneras, no les ha pillado de improviso y su respuesta ha sido favorable. Ahora el Supremo deberá elaborar un informe que, con toda seguridad, será contrario a la medida de gracia. Pero ese dictamen no vincula al gobierno con competencia exclusiva para decidir. La teniente fiscal, Ángeles Sánchez Conde, dice que “no se entiende que dicha persona no puede ser amnistiada y la ley si puede ser de aplicación a aquellos aun no enjuiciados y que no han sido objeto de condena ni han comenzado a cumplirla”, en referencia a Oriol Junqueras. Y no le falta razón a la fiscala porque el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya considera amnistiable el delito de malversación para otros encausados.
Sánchez Conde considera, además, que el rechazo del Supremo a amnistiar la malversación es contrario a la ley, en cuya exposición de motivos se explica la medida “como un paso necesario para superar las tensiones referidas y eliminar alguna de las circunstancias que provocan la desafección que mantiene alejada de las instituciones estatales a una parte de la población”. Su posición es radicalmente contraria a la de los subordinados adscritos a la sala de Lo Penal, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno quienes no sólo se oponen a la medida de gracia, sino que fueron mas lejos en su día y se mostraron contrarios a la ley de amnistía. Lo que ocurre es que el asunto ha quedado en manos de la teniente fiscal de Álvaro García Ortiz quien permanece en un segundo plano debido a su imputación en la denuncia presentada por González Amador. El fiscal general del Estado no está interviniendo directamente, pero todo indica a que ha dado instrucciones para la elaboración de un dictamen favorable.
Todavía quedan muchos trámites y se desconoce si antes de que el gobierno se pronuncie sobre esta medida de gracia habrá sentencia del Constitucional. Un indulto requiere de tiempo. Y esa circunstancia es la que cuenta en estos momentos para saber cual va a ser el desenlace de la guerra que los jueces mantienen con la ley de amnistía. Un sector muy influyente de la judicatura, la considera una intromisión intolerable del poder legislativo que vulnera el principio de separación de poderes.
En el Constitucional, mientras tanto, se debate quiénes van a poder participar en la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Supremo. De momento, se ha rechazado la petición de recusación del presidente, Cándido Conde Pumpido, y un magistrado, el exministro Juan Carlos Campo, ha decidido abstenerse voluntariamente por considerar que en su día efectuó manifestaciones mostrándose contrario a la medida de gracia. Pero queda por resolver la recusación de José María Macias quien, siendo vocal del poder judicial, no sólo se mostró públicamente contrario a la amnistía que preparaban los socialistas sino que fue uno de los inspiradores del famoso informe elaborado por el órgano de gobierno de los jueces que los expertos calificaron de ilegal ya que lo aprobó el sector conservador sin contar con sus compañeros progresistas y en una circunstancia anómala como era la de un mandato caducado desde hacía cinco años.
Macías se niega a renunciar voluntariamente y ahora es el plenario del TC el que debe decidir sobre su recusación. Falta por decidir, también, la de Laura Díez por haber ocupado altos cargos en la Generalitat y en la Administración central. En cualquier caso, la correlación de fuerzas en el seno de la corte de garantías sigue siendo favorable a los progresistas, con o sin la presencia de los magistrados impugnados.
Una vez se hayan resuelto las recusaciones se tendrá que decidir la admisión a trámite de los recursos. La cuestión de inconstitucionalidad del Supremo se da por segura, así como el recurso del Partido Popular y los de amparo presentados por los independentistas que no han sido amnistiados. Se rechazarán los de las comunidades autónomas por carecer de competencias en esta materia.
El siguiente paso es la designación de los ponentes y, por último, el debate en pleno de las sentencias. Se calcula que, como poco, el Constitucional no se pronunciará sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía en todos sus términos hasta finales de 2025. Entonces es probable que el gobierno ya haya resuelto el indulto presentado ahora. El plazo habitual es de uno a dos años. La coincidencia de las resoluciones se da por segura a decir de los que entienden de estas cosas.