Jordi Turull, secretario general de Junts Per Catalunya, ha pedido al gobierno que rechace el indulto para él solicitado por un ciudadano el pasado 12 de julio de 2024. Esa persona pidió la misma medida para Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa. La teniente fiscal del Tribunal Supremo presentó un escrito apoyándolo y dos semanas después la abogada del Estado registró otro manifestando su voluntad de no informar ni favorable ni desfavorablemente sobre la cuestión. Y así están las cosas en torno a este asunto que no está gustando ni a los que podrían salir favorecidos, los condenados del procés, ni a la izquierda en general y menos al gobierno progresista. No es la solución al problema planteado por la negativa de la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo a amnistiar el delito de malversación porque cada vez está más claro que los magistrados mantienen una postura rebelde, y una medida de gracia como la planteada blanquearía dicha postura. Turull lo expresa claramente: “concederme el indulto no resolvería el grave problema que ha creado gran parte del poder judicial contra el poder legislativo, sino que ayudaría a que las conductas desplegadas por estos magistrados rebeldes queden diluidas”. La única alternativa es la amnistía. Su aplicación pasa por lo que digan dos instancias, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional.
Un indulto no resolvería la situación de la totalidad de los independentistas catalanes condenados por malversación ya que uno de sus líderes, Carles Puigdemont, no puede beneficiarse de una medida de este tipo puesto que no ha sido juzgado y se encuentra en busca y captura. El que sería más favorecido por un hipotético indulto sería el líder de ERC, Oriol Junqueras, que cumple condena de 13 años de inhabilitación para ejercer cargo público. De momento, Junqueras no se ha pronunciado, pero en su entorno creen que la fórmula no es adecuada en este momento.
Y es que el trasfondo es de mucho más calado que el simple perdón y la anulación de las condenas. En el fondo subyace una verdadera guerra entre los magistrados de la sala de Lo Penal del TS y el legislativo. En el auto en el que la sala rechaza amnistiar a los independentistas catalanes condenados por malversación se utilizan argumentos políticos: “la imagen del juez como boca muda que debe limitar su función a proclamar consecuencias jurídicas que fluyan de la literalidad de la norma representa una imagen trasnochada que los recurrentes presentan ahora como el ideal democrático de una justicia respetuosa con el poder legislativo”.
Los expertos juristas interpretan este argumento como un desafío de los jueces al poder legislativo. Y, si se procediese a un indulto, no habría pronunciamiento del Constitucional, una sentencia donde se espera que la corte de garantías delimite diáfanamente cual es el terreno en que deben de moverse las partes. No es tanto precisar la interpretación de los magistrados sobre el delito de malversación que creen que llevaron a cabo los soberanistas para lucrarse personalmente, como la delimitación del terreno en que ha de moverse cada uno de los poderes del Estado. Esa sentencia del TC será determinante para muchas cosas. Entre otras, si optan porque prevalezca la acción del legislativo sobre el judicial, eso tendrá una importante consecuencia: tapará la boca a la derecha conservadora y a la extrema derecha que no hacen más que denunciar unas presuntas interferencias del ejecutivo en la administración de justicia.
Por lo tanto, tal y como dice Turull, en el supuesto de que fuesen indultados su situación sería diferente desde el punto de vista judicial pero no resolvería lo que ellos quieren que no es otra cosa que la censura a los jueces de la sala de Lo Penal. Ellos están convencidos de que tanto la corte de garantías como las instancias judiciales europeas les van a dar la razón. Por eso prefieren permanecer condenados sin poderse acoger a la ley de amnistía.
Ese el motivo por el cual la sala de lo Penal ha admitido a trámite la petición de indulto sobre la que deberá pronunciarse en breve. A los jueces les interesa porque la jugada, la guerra que han llevado a cabo por la ley de amnistía que tantas ronchas les han causado, se quedaría en tablas en un momento en el que son conscientes de que la batalla la están perdiendo. En el Tribunal Constitucional ya tienen claro quienes serán los ponentes de la “cuestión de inconstitucionalidad” presentada por el TS contra la ley. Y todo parece indicar que este va a ser el primer asunto sobre el que se pronunciará dejando para más adelante los recursos de las comunidades autónomas y del Partido Popular. De hecho, se quiere entrar en el fondo de la cuestión porque ya se ha perdido demasiado tiempo en formalidades como si las comunidades territoriales están habilitadas para acudir a la corte de garantías o la inconstitucionalidad de una medida que, a decir de los juristas, encaja en el marco jurídico europeo.
Dos son los aspectos cuya clarificación buscan los recurrentes, tanto de uno como del otro lado: si la malversación que, dicen los jueces cometieron los líderes del procès, es amnistiable o, si, por el contrario, queda fuera de la ley. Hay que recordar que el grupo parlamentario socialista presentó una enmienda reduciendo su aplicabilidad con el propósito de que fuera asumida por los socios europeos. Pero el Constitucional puede cambiar este criterio sobre “el enriquecimiento personal”. Ya lo hizo con las condenas de los ERES de Andalucía y ahora puede volver a suceder lo mismo. Y luego está el conflicto entre los poderes legislativo y judicial. En el auto del TS, los magistrados hablan de la “trasnochada” teoría de los recurrentes sobre la ejecución de las leyes aprobadas en el Parlamento. En la hipótesis de que el Constitucional se pronunciara a favor de la tesis de los jueces de la corte suprema, se estaría dando un vuelco al principio democrático de la soberanía. Unos funcionarios que no son elegidos por la ciudadanía tendrían poder de veto sobre los actos de los órganos donde está depositada la voluntad popular. Algo impensable que los magistrados de la plaza de la Villa de París han puesto encima de la mesa.
El problema es la falta de tiempo. El presidente del TC, Cándido Conde Pumpido, va diciendo por ahí que los primeros pronunciamientos sobre la medida de gracia estarán listos para ser difundidos en la próxima primavera. Pero todavía quedan muchas cosas por resolver. Entre otras la recusación de José María Macias el vocal ultraconservador que se pronunció en contra de la amnistía a los soberanistas catalanes siendo vocal del Consejo General del Poder Judicial cuando todavía no había sido presentada la proposición de ley. Otro vocal, Juan Carlos Campo, se ha retirado voluntariamente, pero Macías está dispuesto a dar toda la guerra posible. Dilatar al máximo el pronunciamiento de la corte de garantías puede venir bien a la derecha judicial que evitaría, de esa manera, el ridículo que supondría para ellos un dictamen favorable a los independentistas.