Que un juez instructor haya puesto a disposición de las partes, algunas de ellas organizaciones vinculadas a la extrema derecha, los datos personales del fiscal general del Estado y de sus colaboradores entre 2023 y 2024 cuando la comprobación debería haberse limitado a marzo de este último año, invalida la actuación que lleva a cabo el magistrado Ángel Hurtado. De ello debería tomar buena nota la sala de apelaciones del Supremo. Y, a partir de ahí, obligar al juez a terminar la elaboración de las diligencias previas. Y ya veremos si Hurtado no podría haber presuntamente incurrido en algo delictivo al haber cedido esos datos a terceros que los pueden utilizar de manera ilícita. Y luego que vengan a protestar porque se va a limitar la actuación de las acusaciones populares en las causas si se aprueba la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Episodios como el que ha afectado a Álvaro García Ortiz, a su antecesora, Dolores Delgado, y a otros altos cargos del ministerio público ponen en evidencia unas diligencias judiciales que no tienen ni pies ni cabeza salvo la publicidad que la derecha judicial está logrando para seguir desgastando al gobierno progresista.
Tal y como se ha analizado en Diario16+, se han concretado en 240.000 los registros de la actividad diaria o profesional de Álvaro García Ortiz. El límite temporal de esos registros supera el ordenado por el juez, del 8 al 14 de marzo de 2024. Abarca, incluso, el año anterior, 2023 y no sólo datos y conversaciones profesionales que afectan a causas judiciales abiertas en las que están trabajando en el ministerio público sino también actividades privadas. Y para colmo de la supuesta vulneración de la intimidad, se incluyen los números de teléfono y direcciones de correo de sus interlocutores, además de sus domicilios y números de documentos de identidad. Se identifican a personajes públicos como son los fiscales superiores territoriales, los funcionarios de la fiscalía, los secretarios técnicos, los fiscales de sala y estrechos colaboradores como la ya citada Dolores Delgado, una de las bestias negras de la derecha judicial.
El listado completo elaborado por la UCO de la Guardia Civil se ha puesto a disposición de las partes y ahí está, a disposición de quien lo quiera utilizar con fines distintos a los de la investigación judicial por mucho que el instructor les haya recordado “el deber de reserva que incumbe a todos ellos, así como las reiteradas ocasiones en que he venido insistiendo en evitación de difusión pública, fuera de la causa, de datos e información que durante la instrucción vayan siendo incorporados a las actuaciones, de exclusivo uso para ellos”.
No ha servido de nada. García Ortiz se ha convertido en objeto de espionaje. Incluso se ha visto obligado a cambiar de teléfono y de correo electrónico porque no ha hecho más que recibir un inquietante número de llamadas amenazantes y ofensivas. Y luego para que los irresponsables dirigentes populares no hagan más que criticar el hecho de que el fiscal general del Estado haya borrado todos los datos el mismo día en que comenzó la instrucción en el Supremo. García Ortiz hizo lo que el protocolo ordena y ahora mismo se está comprobando que realizó lo correcto. Nada de “comportamientos típicos de delincuentes” como argumentan en Génova. A los hechos nos remitimos.
El juez se plantea eliminar del sumario los datos personales de las llamadas y mensajes de García Ortiz. Pero, en lugar de ordenarlo inmediatamente ha preguntado a las partes personadas si tienen inconveniente alguno en llevar a cabo esta actuación. Cuando las partes presenten sus alegaciones, los datos de García Ortiz se conocerán “hasta en la China”. Ya no tendrá sentido su borrado del sumario. España tendrá un fiscal general del Estado vulnerable y sobre el que se ha generado un peligroso precedente. El ministerio del Interior está tomando las medidas necesarias porque es que hasta los escoltas han sido señalados en el informe, los policías cuya identidad debería ser secreta, pero que sus propios compañeros de la Guardia Civil la han revelado. En la Unidad Central Operativa del cuerpo dicen que ellos se han limitado a cumplir con las órdenes del juez Hurtado.
Un magistrado que está siendo cuestionado incluso por sus propios compañeros de lo que se denomina la derecha judicial. Se le critica que parece estar actuando al dictado de Génova y hay quien pide la apertura de una actuación judicial contra él por vulneración de derechos fundamentales. Lo que es seguro es que el Consejo General del Poder Judicial no actuará y, si lo hace, será mediante una resolución tibia, a pesar del amparo que les ha pedido el fiscal general del Estado. Demasiado andan revueltas las aguas en la sede del órgano de gobierno de los jueces después de los dos sonoros fracasos sobre la reforma del modelo de elección de sus vocales en futuras renovaciones, y la designación de miembros de los tribunales superiores. No cabe duda de que cuando se trate la queja de García Ortiz, los miembros conservadores harán un fuerte alegato en contra de la trayectoria personal y política del fiscal general. Y todo ello a pesar de que la unidad de protección de datos del consejo está elaborando un duro informe asegurando que el juez del Supremo se ha entrometido en la intimidad del FGE.
No pasará la cosa de ahí y la única solución que queda depende de lo que digan los tres magistrados de la sala de Apelaciones que están estudiando las actuaciones de Ángel Hurtado y los recursos presentados por las defensas de los investigados. Pero no hay que olvidar que esos tres jueces son compañeros del instructor y no van a echar piedras contra uno de los suyos por lo que, casi con toda probabilidad, rechazarán todos los escritos y quejas y avalarán la instrucción que está llevando a cabo el magistrado. Ya ha pasado en anteriores ocasiones. No hace falta ir muy lejos. Sólo hace falta leer las resoluciones de esta sala contra las quejas efectuadas por los líderes independentistas de Catalunya contra el instructor de su causa, Pablo Llarena.
La única solución para este bochornoso espectáculo es que el magistrado decida cerrar las diligencias. Envíe a la sala de Lo Penal sus conclusiones, ya que se da por seguro que va a responsabilizar de la filtración del famoso correo electrónico a García Ortiz, y se proceda a la apertura de juicio oral que, a la vista de todos los juristas, no contará con las suficientes garantías procesales. En ese caso, lo mejor que puede hacer el tribunal es anular las actuaciones y archivar la causa. Pero el daño ya estará hecho. Importante perjuicio a una institución fundamental en la lucha contra la delincuencia. Es lo que se ha dicho.