El ministro de Justicia, Félix Bolaños, anuncia, a bombo y platillo, una subida de los honorarios de los abogados y procuradores del turno de oficio de un ocho por ciento. Aclara que esa subida se aplicará al llamado “territorio del ministerio”, es decir, en las comunidades autónomas donde no se han hecho las transferencias de competencias en la materia, es decir, Castilla-La Mancha, Murcia, Castilla y León, las Islas Baleares, Extremadura, Ceuta y Melilla. De las otras doce administraciones territoriales de justicia, los gobiernos autonómicos no han dicho nada. Quiere decir, que se mantienen con los mismos honorarios de 2024. El Consejo General de la Abogacía Española considera “positivo” que el ministerio haya decidido incrementar los baremos que se utilizan para retribuir el turno de oficio en un 8% desde enero de 2025, como primer paso de la actualización de las cuantías. Según los últimos datos disponibles, la retribución media a nivel nacional que cobran los abogados del turno por asunto está en 151,37 euros.
Llama la atención que las comunidades con competencias en la materia no se hayan pronunciado acerca de si van a secundar la decisión de la administración central. En Madrid, los casi 6.500 colegiados apuntados al turno de oficio ocupan el quinto lugar en materia de retribuciones, por debajo de Euskadi, con 313 euros de media, seguidos de Galicia, Asturias y Canarias con baremos por encima de los 200 euros. En la CAM no llegan a los 180 euros de media mientras que el número de asistencias supera la media.
El Colegio de la Abogacía de Madrid, centrado en denunciar al fiscal general del Estado, apenas ha atendido las demandas del turno, a pesar de que era una de las prioridades del programa de la junta de gobierno que resultó elegida hace año y medio. Hace unos días, su decano, Eugenio Ribón, anunció la “actualización de los baremos” pero sólo para los casos en los que se consigan acuerdos en fase previa con una cantidad “prácticamente equivalente” a la que percibirían por llevar el caso hasta sentencia. Ribón, cada vez más próximo al gobierno de Díaz Ayuso, anunció el acuerdo con la consejería de Presidencia y Justicia. Pero, hasta la fecha, la orden no ha sido publicada en el Boletín Oficial.
Los 40.748 profesionales de la abogacía inscritos al turno de oficio atendieron más de dos millones de asuntos en 2023. Pero, mientras que los casos atendidos respecto el año anterior aumentaron un 3,5 por ciento, tal como refleja el último informe del XVIII Observatorio de la Justicia Gratuita Abogacía Española-Aranzadi, el número total de abogados inscritos al turno confirma lo que todos temen: cada vez menos letrados se sienten atraídos por prestar servicio de justicia gratuita. Prueba de ello es que la cifra total de letrados apuntados en listas decreció un cinco por ciento, previsiblemente por la creciente desafección de los profesionales con el sistema.
En el seno del Colegio de la Abogacía de Madrid hay un evidente malestar por la actuación de la junta de gobierno. Incluso han impugnado en los juzgados la denuncia presentada contra el fiscal general del Estado en el Supremo presentada por el decano Eugenio Ribón en nombre del ICAM. La Asociación Libre de Abogados, señala que no se está prestando la atención debida a este colectivo y sus dirigentes están pensando en convocar nuevas movilizaciones tal y como hicieron el año pasado. Por su parte, el Consejo General de la Abogacía intenta negociar con las consejerías de las administraciones autonómicas la actualización de los baremos.
Y eso que el índice de satisfacción con el turno de oficio se mantiene muy alto: el 89% de los usuarios tiene una opinión positiva de la atención recibida en la tramitación de la asistencia y el 82% quedó satisfecho con el asesoramiento legal recibido, según la Encuesta sobre la Asistencia Jurídica Gratuita en España elaborada por Metroscopia. Sin embargo, dicho sondeo también revela que todavía hay un 17% de la población general que desconoce la existencia de este servicio.
Los expertos creen necesario que se apruebe una nueva norma para sustituir a la actual, que, desde su aprobación en 1996, se ha quedado desfasada. Esta nueva ley debería establecer criterios razonables y equitativos para el reconocimiento de la justicia gratuita. Además, se destaca la necesidad de garantizar siempre este derecho a los colectivos en situación de especial vulnerabilidad, de marginalidad o en riesgo de exclusión, personas con discapacidad, inmigrantes y refugiados, presos y menores en centros de internamiento, y a las mujeres víctimas de violencia de género, que con frecuencia sufren la violencia económica. También se deberían mejorar las condiciones de prestación de este servicio, actualizando la compensación económica que perciben e incluyendo todas las actuaciones que realizan por imperativo legal.
En el ministerio de Justicia han señalado, en varias ocasiones, que su objetivo es actualizar la ley de este servicio público. Fuentes del departamento de Bolaños creen que esta actualización debería culminar la reforma integral de la justicia que, en estos momentos, se centra en la puesta en marcha de ley de eficiencia que, en julio próximo, contará con una nueva estructura territorial en la cual se sustituirán los actuales juzgados por los tribunales de primera instancia con secciones especializadas.
El problema es el de siempre, la falta de fondos públicos. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, manifestó, recientemente, que hace falta dinero para poner en marcha esta reforma y lo mismo ocurre con la baremación de los abogados y procuradores del turno de oficio. Al menos se ha logrado que cobren puntualmente. La demora es de uno a tres meses en el momento en el que los colegios de abogados presentan las certificaciones correspondientes a las asistencias realizadas ante las administraciones de justicia. Pero todavía quedan por resolver numerosas carencias, entre otras, el cobro por los desplazamientos a comisarias, juzgados y tribunales que sigue siendo por cuenta del letrado.