El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo han experimentado lo que podría describirse como una transición desde una estructura rígida y de policía política hacia una forma más flexible de control, pero que en esencia mantiene la misma ideología subyacente. Aunque han cambiado algunas figuras clave y se ha producido una reconfiguración interna, el poder sigue concentrado en las mismas manos. Desde mi perspectiva, lo que observamos no es una evolución genuina, sino una continuidad disfrazada de cambio. De hecho, se ha pasado de lo que algunos llamaban "dictadura" judicial a una "dictablanda", donde las formas pueden ser más suaves, pero el fondo permanece inmutable.
En este proceso, la Sala Segunda de lo Penal ha cedido su papel predominante a la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, que ahora tiene el control en las decisiones clave. Este cambio no es meramente técnico; tiene profundas implicaciones ideológicas. En lugar de avanzar hacia una mayor apertura y respeto por los derechos fundamentales, como los de los trabajadores públicos, incluidos los interinos, la Sala Tercera, que es la que más interviene en estos asuntos, ha consolidado una visión elitista del servicio público. Esta sala, presidida ahora por Isabel Perelló, quien también es presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, representa esa continuidad de poder que defiende un modelo de funcionario "pata negra" y su labor como comisarios políticos administrativos, privilegiando a los funcionarios de carrera y relegando a un segundo plano los derechos de otros empleados públicos.
En su sala, y con su firma, hemos visto cómo se mantienen posturas que desoyen las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), especialmente en lo que respecta a los derechos de los trabajadores interinos. A pesar de las reiteradas sentencias del TJUE en favor de estos colectivos, la Sala Tercera ha seguido dictando resoluciones que limitan descaradamente esos derechos, perpetuando una estructura de poder que favorece a una minoría privilegiada dentro de la administración pública.
El nombramiento del magistrado Dimitry Berberoff, como candidato a la vicepresidencia del Tribunal Supremo es otro ejemplo de esta dinámica. Berberoff, quien también proviene de la Sala Tercera, tiene un perfil claramente alineado con esta visión tradicional y endiosada del poder judicial. Aunque su experiencia en el TJUE y su participación en redes europeas de derecho podrían interpretarse como un intento de fortalecer la dimensión europea del Tribunal Supremo, la realidad es que su carrera ha estado marcada por una estrecha vinculación con el núcleo más conservador, por no llamarle franquista de la magistratura. No cabe duda de que su nombramiento refuerza la continuidad de una línea ideológica que ha sido refractaria, de siempre, a los cambios sociales y laborales que impulsan las instituciones europeas.
Esta situación deja claro que, aunque se cambian los nombres y las caras, el CGPJ y el Tribunal Supremo siguen defendiendo una misma visión del Estado y del servicio público, donde los derechos de ciertos sectores, como los trabajadores interinos, son sistemáticamente despreciados. En este sentido, la Sala Tercera actúa como guardiana de un modelo judicial que favorece a los funcionarios de carrera y que ve con desdén a los otros trabajadores públicos. Esta ideología, a pesar de los cambios superficiales, sigue moldeando las decisiones judiciales que afectan al CGP, y perjudican a miles de personas.