El Salón de Actos de la sede del Parlamento Europeo en Madrid se llenó para escuchar el foro de debate organizado por la Federación Estatal de Trabajadores de la Administración Pública de CGT (FETAP-CGT) sobre las «consecuencias jurídicas de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 13 de junio sobre trabajadores y trabajadoras del sector público en abuso de temporalidad».
La sentencia europea ha abierto un debate jurídico de enorme trascendencia, toda vez que son casi un millón de personas las afectadas por la situación actual de desamparo laboral, ya que el TJUE considera que las convocatorias de procesos de estabilización e indemnización fijada en la ley 20/2021 no son suficientes para sancionar el abuso.
El acto estuvo dinamizado por Arantxa Alfaro, secretaria general de FETAP.El primero en intervenir fue el secretario general de CGT, Miguel Fadrique, quiens puso en valor la actividad pública de estos trabajadores, su impacto en la sociedad y la enorme precariedad de sus puestos de trabajo, con una concatenación de contrataciones temporales que son una vergüenza.
Fadrique estuvo acompañado por representantes de la Federación de Administración, Enseñanza y Sanidad Pública del sindicato, «las tres más afectadas por esta situación», que pusieron en valor la profesionalidad de unos servicios públicos que están desatendidos muchas veces por la precariedad de profesionales que son imprescindibles para la sociedad.
A continuación tomó la palabra Cristina López Roca de la Unidad de Prensa e Información del TJUE que explicó los modos en que el tribunal de justicia garantiza los derechos de la ciudadanía europea y hasta qué punto un órgano jurisdiccional nacional tiene que supeditar sus decisiones a los mandatos derivados de sentencias oficiales de la Unión Europa.
Después intervino Benet Salellas i Vilar, abogado que ha representado el caso ante el TJUE, quien apuntó que la sentencia es fruto de la «movilización de muchísimas personas que trabajan en la administración pública», que a través de distintas demandas a lo largo de los años crearon una estructura jurídica a la que luego ellos se pudieron acoger.
Para Salellas la sentencia del TJUE consigue que los jueces de nuestro país se puedan sentir avalados a la hora de pronunciarse por la fijeza a la hora de juzgar estos pleitos «sin perjuicio de lo que haya podido decir el Tribunal Supremo hasta ahora».
En cuanto a la «coletilla» de la sentencia del TJUE que señala «siempre y cuando esa medida no implique una interpretación contra legem del derecho nacional», Salellas recordó los antecedentes de hecho que avalan que ya se pueda solicitar de «manera masiva» la fijeza para todos aquellos trabajadores que hayan sufrido abuso de temporalidad «cronificado».
«En algunos casos muchos trabajadores interinos que ya han superado un proceso selectivo a la hora de ser nombrado y, por tanto, convertirlos en indefinidos no es ir en contra del principio de igualdad, mérito y capacidad porque ya han cumplido esos requisitos», señaló Salellas.
Una de las intervenciones más esperadas de este foro de debate era la de Federico Vidal Grases, magistrado jubilado de lo Contencioso-Administrativo en Barcelona. Después de comenzar señalando que era «un honor» estar hablando para el sindicato CGT, el magistrado apuntó que la sentencia europea era un tirón de orejas al Tribunal Supremo para que modificase su jurisprudencia y la adaptase a la normativa europea.
Igualmente insistió en que los contratos interinos son fácilmente convertibles en indefinidos «puesto que hay que garantizar la estabilidad laboral como principal factor de protección de los trabajadores». Y sentenció: «El Derecho Europeo es superior al Derecho nacional».
Aranxa Alfaro volvió a tomar la palabra para recordar a las «cuatro valientes» trabajadoras que se pusieron en huelga de hambre contra la temporalidad en el empleo público en abril de 2021. El más de un centenar de personas presentes rindieron un pequeño homenaje a tres de ellas que estaban presentes en la sala.
Desde un plano más político intervino Pilar Vallugera i Balañà, diputada en el Congreso de los Diputados por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que criticó con dureza los impedimentos creados por los sindicatos mayoritarios y puso en valor los pasos dados desde el Gobierno de la Generalitat para iniciar procesos de fijeza a miles de trabajadores de la administración catalana, un paso que dijo debe ser ejemplo para otras administraciones públicas y sobre los que hay que seguir ampliando resultados.
Tras ella intervino Beatriz González, letrada pionera en la defensa de los derechos de los empleados públicos en el ámbito europeo que profundizó en algunas cuestiones sobre el presente, pasado y futuro de «una lucha desigual». El recorrido de su intervención mostró las lagunas de la judicatura española a lo largo de los últimos años, que de alguna manera cree que se queda sin excusas tras la sentencia del TJUE.
«¿Alguien se puede imaginar que Telefónica tenga a sus trabajadores durante 20 años con un contrato temporal? Pues en la Administración Pública ocurre», señaló Beatriz González como ejemplo de los parámetros de desigualdad que genera la temporalidad.
Por último, intervino Gerardo Pérez Sánchez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, que señaló la barbaridad que supone que un trabajador que está con contratos temporales pueda terminar jubilándose después de años en esa misma circunstancia. Para Pérez Sánchez la situación es enormemente crítica y demuestra una falta de mínimas garantías para la ciudadanía, una circunstancia que con la reciente sentencia del TJUE debe solventarse porque «el Parlamento y el Gobierno es el que no quiere modificar la Directiva» de la temporalidad con leyes que favorezcan a las trabajadoras no siendo la Constitución Española en ningún caso un impedimento para ello.
Según los organizadores «el evento fue un éxito y miles de personas lo siguieron por streaming, alcanzando un nivel el debate altísimo también por la participación de las numerosas personas presentes en el acto».