La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en el asunto C-792/22 | Energotehnica, pone de relieve un aspecto crucial en la protección de los derechos de los trabajadores, específicamente en relación con los interinos y desplazados. Esta decisión marca un precedente significativo al establecer que un órgano jurisdiccional nacional no está obligado a aplicar una resolución de su Tribunal Constitucional si esta infringe el Derecho de la Unión. La sentencia, vinculada a un accidente laboral que involucró la electrocución de un electricista, no solo impacta la seguridad laboral, sino también la tutela judicial efectiva de las partes involucradas.
El caso se originó en Rumanía, donde un tribunal contencioso-administrativo concluyó que el incidente no constituía un "accidente de trabajo", lo que exoneró al empresario de responsabilidad administrativa. Sin embargo, este veredicto fue impugnado en el ámbito penal, lo que llevó a una consulta al TJUE sobre si la interpretación del Tribunal Constitucional rumano, que confería firmeza a la decisión administrativa, infringía el Derecho de la Unión.
El TJUE determinó que, según el Derecho de la Unión, la seguridad de los trabajadores debe estar garantizada y cualquier normativa nacional que impida el derecho de las víctimas o sus familiares a ser oídos vulnera este principio. En este sentido, el tribunal destacó que la ley nacional no puede obstaculizar la tutela judicial efectiva, que incluye el derecho a ser oído y a un juicio imparcial.
Este fallo tiene implicaciones directas para los interinos en toda la Unión Europea, ya que refuerza su derecho a la protección laboral y a que se les garantice un entorno de trabajo seguro. Además, asegura que los procedimientos judiciales nacionales no puedan contravenir los derechos establecidos por la legislación europea, brindando un mayor nivel de seguridad jurídica a los trabajadores en situaciones precarias, como es el caso de los interinos.
El principio de tutela judicial efectiva en el que se apoya la sentencia del TJUE consolida la primacía del Derecho de la Unión sobre las decisiones de los tribunales constitucionales nacionales que vulneren derechos fundamentales, como la seguridad laboral y la tutela judicial efectiva. Esto representa un avance significativo en la protección de los derechos de los trabajadores, especialmente aquellos que desempeñan su labor en situaciones de precariedad.