Lo que comenzó como un debate técnico sobre la estabilidad de los interinos se ha convertido en una auténtica guerra de jurisdicciones. De un lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha dictado con claridad que España debe sancionar el abuso de temporalidad con medidas reales y efectivas. Del otro, el Tribunal Supremo español, que en 2025, con sus sentencias STS 197/2025 y STS 220/2025, ha decidido atrincherarse en una interpretación restrictiva, negando la conversión automática de interinos en fijos y defendiendo su propia doctrina del indefinido no fijo.
No es un simple matiz jurídico. Es, en la práctica, una desobediencia encubierta a la Justicia europea.
España se encierra
El TJUE lo ha dicho por activa y por pasiva desde 2020: las oposiciones y los procesos de estabilización no reparan el abuso; la fijeza es una medida proporcionada. La sentencia del 22 de febrero de 2024, en el caso de la Agencia Madrileña de Atención Social, fue contundente: si el abuso persiste y no hay sanción adecuada, la conversión en fijo es la única salida.
Frente a esta claridad, el Supremo español se ha erigido en guardián de un mérito y capacidad que utiliza como escudo para bloquear las exigencias europeas. Con ello, no sólo niega justicia a miles de trabajadores que llevan 10, 15 o 20 años encadenando contratos temporales, sino que sitúa a España en colisión directa con el derecho europeo.
Supremo en rebeldía
La reciente jurisprudencia del Supremo de 2025 no sólo ignora el espíritu de Luxemburgo, sino que consolida una práctica que el propio TJUE considera inaceptable: maquillar el abuso con la figura del indefinido no fijo, una suerte de limbo jurídico que ni garantiza estabilidad ni sanciona al empleador público.
Este posicionamiento es más que conservadurismo judicial: es una rebeldía institucional. El Supremo no está aplicando el derecho europeo, sino reinterpretándolo hasta vaciarlo de eficacia. Y en el ordenamiento de la Unión, donde el principio de primacía obliga a que el derecho comunitario prevalezca sobre el nacional, esa actitud roza la insumisión.
El coste de la insumisión
Las consecuencias de esta rebelión togada no son teóricas. Bruselas ya ha sancionado a España con más de 627 millones de euros por incumplir la Directiva 1999/70/CE. Una factura millonaria que pagarán los contribuyentes, mientras los interinos siguen sin obtener justicia y el Supremo blinda una interpretación que Europa rechaza.
Más grave aún es el daño a la credibilidad del Estado de derecho. El mensaje que lanza España si su tribunal de mayor jerarquía se niega a cumplir con el derecho europeo es muy peligroso. Los ciudadanos, por tanto, pierden la confianza en un sistema judicial que, en lugar de protegerlos del abuso, protege al abusador que, en este caso, es el propio Estado.
El interino, víctima de una batalla política togada
Mientras Luxemburgo y Madrid libran esta guerra jurídica, los interinos se han convertido en víctimas de un choque de soberanías. Para la Unión Europea, son trabajadores que merecen estabilidad tras años de fraude. Para el Supremo, son piezas de un engranaje legalista donde el acceso al empleo público debe preservarse aunque ello signifique perpetuar abusos.
El resultado es un limbo que castiga a quienes más dependen de la justicia. A miles de interinos se les niega el derecho a consolidar su empleo, se les ofrece una indemnización limitada y se les devuelve, en definitiva, a la casilla de salida.
La guerra de los interinos se ha convertido en algo mucho más grande: en un test sobre la lealtad de España al proyecto europeo. Hoy, el Supremo actúa como un poder en rebelión, cuestionando la primacía del derecho comunitario y socavando el principio de cooperación judicial.
El dilema es claro: o el Gobierno y las Cortes actúan para adaptar la legislación a las exigencias europeas, o España se consolidará como un Estado miembro que viola sistemáticamente la normativa comunitaria para proteger una concepción rígida y elitista del acceso al empleo público.
Mientras tanto, los interinos siguen esperando.