Informe demoledor. FAC-USO ha alertado de una auténtica “epidemia de temporalidad” en las administraciones públicas españolas tras presentar un detallado informe ante la Confederación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU). El documento, al que Diario16+ ha tenido acceso, revela que alrededor de 800.000 empleados (un 30 % del total de plantilla total en las administraciones públicas) desempeñan funciones permanentes bajo contratos temporales sucesivos, muy por encima del techo del 8% que la Unión Europea había marcado para 2024. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha insistido en repetidas ocasiones que las indemnizaciones al finalizar estos contratos no resultan disuasorias y ha instado a España a corregir este abuso, pero las cifras siguen disparadas.
La sanidad, la educación y los servicios sociales presentan las tasas más elevadas de interinidad (por encima del 50% en algunos colectivos), lo que provoca una brusca pérdida de experiencia y dificulta la planificación de políticas públicas a medio y largo plazo.
El informe subraya cómo la “rotación constante” encarece la formación y la contratación externa, al tiempo que merma la calidad de la atención, pues los profesionales no pueden desarrollar proyectos que requieran continuidad de resultados.
Además, la estabilidad demográfica de la función pública española está en riesgo: más del 60% de sus trabajadores supera los 50 años, lo que anticipa una oleada de jubilaciones sin relevo suficiente si no se estabiliza cuanto antes a los interinos con mayor antigüedad. El informe advierte sobre lo que Diario16+ lleva señalando desde hace más de un año, es decir, que la Comisión Europea tramita, al menos, dos procedimientos de infracción contra España por incumplir las directrices de reducción de la temporalidad, y prevé que, de no actuar con celeridad, las sanciones económicas podrían ser cuantiosas.
Para revertir esta situación, el documento propone un plan de estabilización “ambicioso y estructural” que incluya la conversión automática en fijos de los contratos que superen tres años de duración, la convocatoria masiva de procesos selectivos de acceso basados en el mérito y la capacidad, y sanciones económicas a las administraciones que no cumplan los límites de temporalidad. Asimismo, el informe reclama incentivos presupuestarios a los organismos que logren rebajar sus tasas de interinidad por debajo del umbral comunitario, garantizando así un efecto ejemplarizante entre las distintas entidades.
La situación es tan grave, sobre todo por la inacción del gobierno, que ya no bastan parches legislativos. Es imprescindible un cambio de modelo que asegure la calidad de los servicios públicos y devuelva la dignidad profesional a cerca de un millón de trabajadores que llevan años en la incertidumbre.
Además, las conclusiones del informe serán registradas ante la Mesa General de la Función Pública y los grupos parlamentarios, mientras se mantiene la vigilancia en Bruselas para denunciar cualquier demora que prolongue la precariedad extrema de los interinos.
Cerca de un millón de trabajadores aguardan una respuesta que no solo ponga fin a una situación injusta, sino que garantice la continuidad y excelencia de servicios esenciales. El abuso de temporalidad está poniendo en riesgo vidas de ciudadanos y el cumplimiento de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales firmados por España. La tarea es urgente pero el gobierno actual sigue con una procrastinación patológica.