La Comisión Europea ha comenzado a movilizarse en defensa de los trabajadores interinos tras la interposición de demandas de responsabilidad extrapatrimonial contra sus propias instituciones. Tal y como publicamos en exclusiva en Diario16+, el 4 de julio de 2025 el Tribunal General de la UE admitió a trámite cuatro nuevas reclamaciones presentadas por interinos que buscan compensaciones por el abuso de temporalidad, reforzando así la vía de la responsabilidad extrapatrimonial frente al abuso de contratos temporales. Apenas tres días después, la Comisión adoptó la Decisión de Ejecución C(2025)4643 final, mediante la cual se suspenden 626,62 millones de euros de la ayuda no reembolsable destinada a España en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en respuesta al incumplimiento de un hito clave en la lucha contra la temporalidad pública.
Este movimiento se enmarca en una batalla de larga duración. En octubre de 2024, la Comisión Europea abrió un nuevo expediente sancionador contra España por abusos en la contratación temporal en la administración pública, advirtiendo de que las reformas del gobierno Sánchez no habían resultado suficientes para erradicar el encadenamiento de contratos precarios. Ignorar las directrices de la Directiva 1999/70/CE no solo perpetúa el abuso, sino que podría vulnerar el principio de igualdad y no discriminación consagrado en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Porque ser funcionario es un trabajo público, no un privilegio constitucional.
La iniciativa partió de la Plataforma de Interinos Docentes de Cataluña (PINDOC) y el abogado Josep Jover, quienes el 7 de abril de 2025 presentaron ante el Tribunal General de la UE una demanda histórica contra la Comisión Europea y el Estado español por responsabilidad extrapatrimonial, reclamando 65.090 euros en concepto de daños y perjuicios tras 18 años de precariedad laboral de una maestra de Educación Infantil afectada. El procedimiento se abrió al constatar que ni las autoridades nacionales ni comunitarias habían garantizado la efectiva prevención y sanción del abuso de temporalidad.
El 4 de julio de 2025, el mismo órgano judicial amplió esta vía al admitir a trámite cuatro nuevas reclamaciones extrapatrimoniales presentadas por diferentes interinos, en su mayoría pertenecientes a sectores de sanidad y educación, consolidando así un frente jurídico europeo que desafía la responsabilidad de la Comisión en la supervisión de los contratos públicos temporales.
En paralelo, el 7 de julio de 2025 la Comisión adoptó la Decisión de Ejecución C(2025)4643 final, en la que declara que el hito 144 (relativo a la entrada en vigor de un acto legislativo de reducción de la temporalidad en las administraciones públicas) ha perdido su condición de “satisfactoriamente cumplido” tras la interpretación del TJUE sobre la insuficiencia de las sanciones económicas previstas por la normativa española. La medida supone la congelación de 626,62 millones del quinto tramo de fondos destinados a reformas y digitalización, reflejo del endurecimiento de la posición comunitaria en materia de temporalidad pública.
Para levantar la suspensión, la Comisión concede a España un plazo de seis meses (hasta el 7 de enero de 2026) para adoptar y aplicar “medidas disuasorias proporcionadas” que cumplan con el alcance y el espíritu de la Directiva 1999/70/CE, incluyendo sanciones efectivas y responsabilidad patrimonial de los órganos de contratación por abuso de temporalidad. Como advirtió Josep Jover, sin reformas profundas “no habrá fiesta” y, de no subsanarse la situación en ese plazo, los fondos suspendidos se convertirán en definitivamente perdidos para el Estado español. Y esa pérdida no excluye sanciones posteriores.
Sin embargo, el mérito de este avance es la lucha de muchos, desde que Fruitós Richarte y los jueces interinos pusieron la primera denuncia allá en 2014. Diversos procedimientos seguidos frente a diversos juzgados y tribunales apoyándose en la Directiva Wishtleblowers o ASPERTIC hasta la macrodenuncia ante la Comisión efectuada por más de 500 trabajadores interinos en marzo de 2025 preparada por CGT, el sílabo de acciones europeas no se detiene ahí.
La convergencia de sanciones presupuestarias y reclamaciones extrapatrimoniales podría sentar un precedente decisivo, impulsando la armonización de criterios y la efectiva protección de los interinos en todos los Estados miembro.
De cara al otoño, el resultado de estos procedimientos marcará el rumbo de las políticas de contratación pública en la UE y determinará si la Comisión está dispuesta no solo a supervisar, sino a asumir su cuota de responsabilidad ante los abusos detectados. Para España, la solución pasa por una reforma legislativa de gran calado, que combine la estabilización de interinos con un régimen sancionador severo y una efectiva responsabilidad patrimonial. Y lo hará bajo el escrutinio del Tribunal General de la UE y la promesa de la Comisión de aplicar todas las herramientas a su alcance para garantizar el cumplimiento del derecho comunitario.
Y para ambos, ya que el espacio sobre “seguridad y justicia” es una soberanía compartida, no una competencia exclusiva del Estado español, estará sobre la mesa la petición de rendición de cuentas de aquellos magistrados y jueces que provocaron y agravaron tan injusta situación incumpliendo en Derecho de la Unión.