El juez instructor Ángel Hurtado no hizo caso de las quejas de la defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en torno a las filtraciones que se estaban produciendo en el sumario sobre la comisión de un delito de revelación de secretos. Demasiados datos aparecen en los medios de comunicación sobre todo de los resultados del registro de las oficinas de la Fiscalía General del Estado de la calle Fortuny y de los informes de la UCO. Datos que se manipulan según le convenga a la derecha o a la izquierda lo que convierten las informaciones en todo un espectáculo jurídico-circense sólo comparable con el de las actuaciones del juez Peinado en el caso Begoña Gómez. La última información que ha levantado perplejidad entre los consumidores de los medios de comunicación ha sido la referida al último informe de la UCO. La caverna mediática se apresuró a destacar que García Ortiz borró los mensajes de su móvil particular el mismo día en que se abrió la causa. Por su parte los medios afines a la izquierda que defienden a ultranza a García Ortiz destacan que éste no habló con periodistas la noche de la filtración del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Cada uno arrima el ascua a su sardina y el lector acaba por concluir la lectura sin saber a ciencia cierta qué es lo que está pasando.
Desde luego, si el objetivo de la defensa de Alberto González Amador al denunciar a los fiscales era salvaguardar la privacidad de su cliente, no sólo no lo ha conseguido, sino que todo el país, hasta los alumnos de ESO, saben que ofreció un pacto al ministerio público para evitar la cárcel mediante el pago de algo así como medio millón de euros en concepto de las cantidades no declaradas en sus impuestos de sociedades, la multa y los intereses de demora. El correo sería privado, pero es de dominio público. Y no pueden aludir a una conspiración porque ellos mismos y las acusaciones populares personadas en la instrucción del Supremo, todas ellas de organizaciones de extrema derecha, se encargan de recordarlo cuando ofrecen a los medios afines las informaciones sesgadas sobre la marcha de las investigaciones.
El asunto reviste mucha más gravedad de lo que señala el juez Hurtado. En el último informe de la Guardia Civil existen unos anexos en los cuales se incorporan datos personales de las personas con las que el fiscal general del Estado se comunicó los días investigados. Es gravísimo porque a disposición de las partes, repetimos que no sólo está el denunciante y el Colegio de la Abogacía de Madrid sino también organizaciones de extrema derecha, aparecen los números de documentos de identidad, los domicilios y los números telefónicos de particulares. Así pues, no es de extrañar que García Ortiz haya interpuesto una queja ante el Consejo General del Poder Judicial. El instructor del Supremo incorpora, “de modo manifiestamente injustificado”, los datos del domicilio particular “de todos y cada uno de los titulares de las líneas telefónicas”, incluidos fiscales, periodistas y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Y esos datos pueden ser utilizados con fines ajenos a la investigación si acaban en manos de terceros. El Ministerio de Interior está evaluando la posibilidad de reforzar la seguridad personal de todos los afectados. Entre ellos se encuentra, incluso, un escolta de García Ortiz. El espectáculo está servido.
Ángel Hurtado está actuando de forma imprudente. El fiscal general del Estado maneja información que puede llegar a afectar a la seguridad del Estado. Álvaro García Ortiz ha puesto en marcha los protocolos previstos para esos casos, el borrado de mensajes, incluso el cambio de aparatos digitales todo ello bajo la protesta de la derecha que jalean en la caverna mediática. Existen límites en todas investigaciones y eso ya se ha manifestado en otras causas. Al juez Peinado le han llamado la atención sus superiores por el registro en las oficinas de Juan Carlos Barrabés, uno de los imputados. Se le ha dicho claramente que “no todo vale en una instrucción judicial”. Pero en el caso del magistrado del Supremo la cosa es diferente porque los recursos sobre sus actuaciones acaban en la sala de apelaciones y últimamente el Supremo no se prodiga en resoluciones contra sus propios magistrados. Allí no hay superioridad que valga.
No es de extrañar que empiecen a aparecer en la prensa los datos personales de personas que nada tienen que ver con la causa contra García Ortiz. Que caiga en manos de terceros las señas particulares de fiscales que actúan como acusación pública no sólo puede afectar a su seguridad sino al propio aparato del Estado. Y el juez no tiene justificación en este caso. Ángel Hurtado pidió por escrito que identificasen a todas las personas a las que hubiera llamado o hubieran llamado a García Ortiz durante el periodo investigado sin importarle las consecuencias que pueden tener este tipo de identificaciones. Las compañías telefónicas han hecho su trabajo. Pero habrá que evaluar sus consecuencias.
La lógica jurídica dice que esta causa ya debería de cerrarse con las conclusiones pertinentes por parte del instructor y su envío a la sala de Lo Penal para que el tribunal proceda, si lo considera oportuno, a abrir el juicio oral contra el fiscal general del Estado y el resto de los investigados. Las diligencias que se hagan, a partir de ahora, sólo pueden servir para engordar el espectáculo con el consiguiente regocijo de la caverna mediática. Al final estamos asistiendo en los juzgados a un nuevo circo mediático con un objetivo evidente: el acoso y derribo del gobierno progresista por parte de la derecha judicial. Los golpes de Estado ya no se hacen en los cuarteles.