El titular del juzgado número 41 de Madrid ha vuelto a meter la pata. Tan obsesionado le tiene la instrucción sobre el caso Begoña Gómez, donde no acaba de encontrar indicio alguno que afiance una acusación consistente contra la esposa del presidente del Gobierno, que comete serios errores en otros asuntos. Ahora ha tenido que archivar la causa contra IM Academy, una supuesta secta que recluta a jóvenes con la promesa de que van a ganar mucho dinero en el mercado de las criptomonedas. Y lo ha tenido que hacer porque el periodo de la instrucción ha vencido. Pasó todo el año legalmente establecido sin practicar diligencia alguna. El magistrado alega que no encuentra indicios: “no consta que se confiriera formalmente la condición de investigados a ninguno de los detenidos, si bien se personaron en la causa, ni que se les llamara a declarar en tal calidad. Tampoco se acordó la prórroga de la fase de instrucción. Tampoco queda claro que hubiera una 'criptoestafa' masiva. El eventual perjuicio causado individualmente considerado no es elevado”. Es la segunda causa que archiva en menos de un mes. La primera afectaba el gerente de la Empresa Municipal de Transportes del Ayuntamiento de Madrid, Alfonso Sánchez Vicente, al que se le atribuye el pago de a 72.600 euros a un periódico digital por la organización de un acto sobre movilidad cuando había abonado cuatro veces menos a otro medio por el mismo motivo.
El caso sobreseído ahora, se refiere a las actividades de una supuesta academia que la policía considera una “estafa piramidal”. Estaba acusada de usar “prácticas coercitivas”, como las de una secta. IM Academy vivió cierto auge a partir de 2021. En julio de aquel año, cientos de jóvenes, algunos de ellos menores, se reunieron en un evento en el que se destacaba el éxito que podían obtener los asistentes a base de dinero fácil sin necesidad de estudiar. Muchos decidieron abandonar sus estudios y trabajos y aislarse de sus familiares como consecuencia del “adoctrinamiento” que sufrían, según relataban los testimonios de las familias denunciantes.
Un año después de abiertas las diligencias, las investigaciones no avanzaban. El juez ni había llamado a declarar a los imputados ni había ordenado las correspondientes actuaciones para esclarecer la presunta estafa. Y un año después concluyó el periodo legal. Estamos hablando de 2022. Tres años después, el juez ha dictado auto de sobreseimiento invitando a los afectados a reclamar su dinero por la vía civil. Tras conocer esta decisión, todos los denunciantes han presentado un escrito conjunto en el que piden formalmente a la justicia que se anule la decisión de Peinado de archivar en caso argumentando “vulneración de la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías, e indefensión material”. Veremos lo que dicen sus superiores.
Esos mismos superiores fueron los que le ordenaron cerrar la instrucción de la denuncia presentada por Podemos contra el gerente de la Empresa Municipal de Transportes dependiente del Ayuntamiento de Madrid, Alfonso Sánchez Vicente, por malversación y cuyas averiguaciones podrían haber salpicado al propio alcalde, Martínez Almeida. Los hechos investigados comienzan con el encargo de un evento sobre movilidad por parte de la EMT al digital Okdiario. La adjudicación ascendía a 72.600 euros, cuatro veces más de lo que había pagado poco antes la entidad pública a otra empresa por un acto similar.
Los superiores de Peinado dijeron que “no son válidas las diligencias acordadas en fecha posterior al 23 de enero de 2025, en que finalizó el plazo máximo de instrucción”. Los magistrados advierten que la estimación del recurso de la acusación particular es parcial y que las diligencias acordadas antes del 27 de enero podrían practicarse aún fuera de plazo. Más Madrid ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial en la que piden que se sancione a Peinado por “dejación de funciones”. La izquierda cuestiona, cada vez más, a un juez que parece haber centrado todos sus esfuerzos en el sumario que comenzó con una denuncia de las asociaciones de extrema derecha basada en informaciones periodísticas que, posteriormente, fueron matizadas por sus propios autores.
Juan Carlos Peinado ha ido más lejos y ha visto cómo el Tribunal Supremo no va a investigar el papel del ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la contratación de Cristina Álvarez como asistenta de Begoña Gómez. En la época de esa contratación, ni siquiera Bolaños tenía una alta responsabilidad en el ministerio de Presidencia, el organismo encargado de la contratación. El fiscal, Fernando Prieto, encargado de pronunciarse ante la sala de Admisión del TS, se niega a que se admita a trámite la petición del juez madrileño basándose en que no aporta datos objetivos que sustenten su afirmación de que la asistente de Begoña Gómez ha realizado actividades privadas ajenas a su función pública ni cuál es la responsabilidad que pudiera tener Bolaños en esos supuestos hechos delictivos. El fiscal considera que Peinado debería haber detallado al Supremo esas supuestas actividades privadas desempeñadas por la empleada de Moncloa que, en opinión del juez, implican una extralimitación de las funciones que tiene asignadas por su puesto de trabajo. El escrito considera que el magistrado también debería haber explicitado con datos objetivos qué conocimiento tenía Bolaños de esas supuestas actividades privadas, y no limitarse a lanzar afirmaciones sustentadas en lo que considera “una vaga referencia al conocimiento público y notorio”. Su última decisión ha sido pedir los correos electrónicos intercambiados por Begoña Gómez y Cristina Álvarez con el director de Google, Miguel Rodríguez Bueno, para ver si encuentra algo delictivo en relación con el software de la cátedra extraordinaria que dirigía Gómez en la Universidad Complutense. Sigue intentando “pescar” a ver si alguno pica.
Juan Carlos Peinado, inasequible al desaliento, insiste en que hay que investigar a fondo las actividades de Begoña Gómez porque cree que, de esa manera, apuntará directamente a Pedro Sánchez. Es verdad que el presidente estuvo a punto de dimitir por este asunto lo que supuso un estímulo para el magistrado al que le quedan algo menos de dos años para jubilarse y en el caso Begoña Gómez estamos seguros de que no cometerá el “error” de dejar pasar el plazo de la instrucción legalmente estipulado. Que antes pedirá la prórroga necesaria aún a pesar de que lo que le aconsejan los expertos juristas es el archivo de un sumario con escasa consistencia y nulos indicios. Mientras tanto, seguirá olvidándose de otros trabajos que pasan por su juzgado.