La caja de pandora la abrió el Tribunal Supremo con el ascenso del teniente coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, que fue cesado de su puesto de comandante del cuerpo en Madrid “por falta de confianza en sus funciones”. El alto tribunal revocó su cese y generó, a partir de ese momento, las dudas jurídicas sobre las posibilidades que tiene el poder ejecutivo de nombrar y revocar a los altos cargos de la administración.
La sección tercera de la sala de Lo Contencioso Administrativo del TS traspasó una línea roja al anular el cese del alto mando de la Benemérita quien se negó a entregar al ministro, Fernando Grande Marlaska, un informe de la UCO sobre la manifestación feminista del 8 de marzo de 2020 que estaba siendo investigada por una jueza de Madrid por la posibilidad de existencia de un delito contra la salud pública. Ahora, vuelve a saltar a la palestra la polémica sobre los nombramientos de cargos intermedios de la administración con el cese del embajador de España en Bruselas, Alberto Antón, por parte del ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Antón se ha quejado de esta destitución calificándola de” maniobra ridícula y mezquina” no descartando acudir a la justicia.
Parece ser que los cargos intermedios de la administración central le han cogido el gusto a ir a los juzgados cuando son cesados. El gobierno tiene potestad para nombrar a su personal de confianza y despedirlos cuando lo consideren oportuno. Pero parece ser que los afectados no están dispuestos a cruzarse de brazos.
El caso de Luis Manuel Martín Domínguez, exsubsecretario de la Consejería de Interior y Justicia de la Generalitat valenciana, que fue cesado al conocerse que había sido condenado por violencia de género en 2011 es el que más ha trascendido a los medios de comunicación. Martín Domínguez fue nombrado para ejercer dicho cargo el 26 de julio de 2022 que tuvo que dejar el 14 de septiembre mediante decreto del Consell de Govern valenciano. La consejera, Elisa Núñez, manifestó que había tenido conocimiento de la condena y que, por lo tanto, se había producido “una pérdida de confianza total” por lo que había propuesto al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, su cese inmediato.
Martín Domínguez, además de iniciar las acciones legales pertinentes contra las personas que filtraron la condena, puso el caso en manos de un bufete de abogados que han presentado un recurso ante este cese. Los letrados aseguran que “no se ajusta a derecho” porque se basa en una información “obtenida ilícitamente, supuestamente revelada por un tercero pendiente de identificar sin contar con el pertinente consentimiento del afectado”. Los abogados creen que resulta discutible que dicha circunstancia sea lo suficientemente relevante como para perder la confianza de sus superiores porque los hechos tuvieron lugar hace más de diez años habiendo quedado depuradas las correspondientes responsabilidades. El asunto será instruido por el Tribunal Superior de Justicia de València y, casi con toda seguridad, llegará al Supremo que deberá pronunciarse, otra vez más, sobre las circunstancias jurídicas que rodean los ceses de altos cargos “por pérdida de confianza”.
El cese de Alberto Antón viene precedido de cuatro más. A Guillermo Kirkpatrick, embajador enCorea del Sur, dicen que lo han destituido porque se “había reunido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sin conocimiento del ministerio”. Lo cierto es que unos días antes habían perdido su puesto los embajadores en Sudáfrica, Dinamarca, y Croacia. Y todos estos han provocado un terremoto político con la derecha poniendo el grito en el cielo.
El cuerpo diplomático, hoy por hoy, es potestativo del ministerio de Asuntos Exteriores. Sus destinos dependen de la decisión del ministro de turno, aunque habitualmente se tiene en cuenta el escalafón salvo en países muy específicos como suelen ser los de la UE, Estados Unidos, China y los de Oriente Próximo donde la designación obedece a argumentos políticos. Nadie, hasta ahora, ha cuestionado este sistema. Normalmente, en la administración general de Estado a partir de director general, los cargos suelen ser de designación directa. Pero algunos cesados se han empeñado en llevar lo suyo hasta los tribunales de justicia. Y encima, alguna instancia controvertida, como ya se ha puesto de manifiesto aquí, acaban por darles la razón.
Ahora ha entrado en juego la Asociación de Diplomáticos de una manera tibia, aunque no se descarta la contundencia a medio plazo. Se han limitado a reclamar al ministro Albares “criterios objetivos" y más transparencia en la designación de embajadores, al entender que en los últimos años no estaba siendo así y ante el malestar entre los miembros de la carrera. Habrá que recordar a esta asociación mayoritaria la competencia exclusiva del gobierno a la hora de nombrar a sus representantes en el extranjero.
No sería de extrañar que la Asociación de Diplomáticos radicalice su postura. Otros colectivos lo han hecho basándose en la política de nombramientos del gobierno o de sus altos cargos. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales, la APIF, está personada en el Supremo contra su superior, Álvaro García Ortiz, por el simple hecho de que no están de acuerdo con su política de nombramientos. Según ellos, García Ortiz está ascendiendo a sus excompañeros de la asociación a la que pertenecía hasta que fue nombrado, la Unión Progresista de Fiscales.
El problema no es que estas asociaciones se opongan a la política de nombramientos del gobierno progresista sino a que están dispuestas a judicializar este asunto. Y los tribunales, con miembros conservadores que gozan de escasa credibilidad social, les acaban por dar la razón. Y ya tenemos suficientes problemas por las actuaciones de los jueces para que, encima, acabemos con lo poco que le queda al ejecutivo sin que sea cuestionado: su política de nombramientos.