Estos días los medios de comunicación próximos a los partidos de ideología progresista se han encargado de airear el historial del juez Ángel Hurtado, algo que ya habíamos hecho aquí en Diario16+. Según un excompañero suyo, Baltasar Garzón, con el auto en el que asegura que el fiscal general del Estado filtró el correo “cumpliendo órdenes de la presidencia del gobierno” ha abierto la caja de pandora. Según el exmagistrado, ahora cabe la posibilidad de que alguien presente una querella criminal contra el mismísimo Pedro Sánchez. Y ya se habrá generado otro precedente histórico. Ya no solo sentarán en el banquillo a una de las más altas autoridades del Estado, el fiscal general, sino a la más alta del poder ejecutivo, el presidente del Gobierno. Es lo que quieren en el PP que cuentan, para ello, con un ejército de jueces que muestran sus simpatías abiertamente. Como muy torticeramente ha dicho un tertuliano de la caverna mediática, “desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hasta los magistrados del Supremo”. Ya no se trata de llevar a cabo paros parciales ni movilizaciones reivindicativas. Es cosa de meter en la cárcel a todo el que huela a izquierdoso. Jueces como Hurtado, Peinado, Marchena, Aguirre, o García Castellón se ponen a faenar en ese sentido. Ya no tienen que defender al Partido Popular de la Gürtel, como hizo, en su día Hurtado, ese que ahora quiere sentar a García Ortiz utilizando la excusa de la “revelación” de un secreto a voces. Como dice Garzón, basta con una simple querella presentada por un grupo de la extrema derecha, muy activa no sólo en este país sino en Europa y en todo el mundo. El excelente trabajo que llevó a cabo Carlos Lesmes cuando era presidente del Consejo General del Poder Judicial ha dado sus frutos.
Ya nadie puede hablar de separación de poderes. Está clara la afinidad de un poder judicial dominado por la derecha conservadora. Y por si surgiera alguna duda basta con un dato. Durante el tiempo en que Lesmes fue presidente del Consejo General del Poder Judicial gracias a la mayoría absoluta del PP, el ahora juez de la sala de Lo Contencioso procedente de la “cantera” de Aznar, (fue director general de Justicia), se modificó el sistema de funcionamiento del órgano de los jueces de tal manera que era la comisión permanente con mayoría aplastante de vocales conservadores donde se decidían los destinos. 154 jueces entre miembros del Supremo, tribunales territoriales y audiencias provinciales todos de extracción conservadora. La judicatura estaba en manos de la derecha. No hizo falta lo que dijo el portavoz pepero en el Senado, Ignacio Coisidó, cuando estuvieron a punto de llegar a un acuerdo con el PSOE para renovar el CGPJ designando a Manuel Marchena como presidente. Coisidó mandó un mensaje a los senadores de su grupo señalando que con él “nos hacemos con el control del Supremo por la puerta de atrás”.
Es lo que siempre han buscado en Génova y más después de comprobar lo que puede llegar a pasar con una simple instrucción en la Audiencia Nacional de un caso de corrupción llevado a cabo por algún incontrolable que puede acabar por costarle el puesto al mismísimo presidente. Los estrategas de la derecha tienen claro que han de dominar la judicatura para que no vuelva a haber casos como el de la Gürtel. Por eso llamaron a Manuel García Castellón que estaba muy cómodo de juez de enlace en Italia con un sueldazo, casa y dietas a costa del Estado, para volver a Madrid a ocupar su plaza en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Con ello mataban dos pájaros de un tiro: un magistrado afín se haría cargo de los casos que afectan a sus dirigentes y a otro, considerado rebelde, Pablo Ruz, en comisión de servicios, se le devolvía a un juzgado de segundo orden, acabando con las investigaciones que llevaba a cabo.
Eloy Velasco está destinado en la sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Fue director general de Justicia de la Generalitat valenciana, gobernada por el Partido Popular de Eduardo Zaplana, entre 1995 y 2003. Recientemente la comisión de acción disciplinaria del CGPJ archivó un expediente contra él por unas declaraciones públicas en las cuales se dirigía de manera humillante a la exministra y europarlamentaria Irene Montero por la ley del sólo si es si, calificando de “gobierno de perdedores” el ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. En la AN tiene un compañero, Enrique López, que fue consejero de justicia del gobierno de la CAM con Isabel Díaz Ayuso al frente. Con anterioridad fue magistrado del Tribunal Constitucional, que tuvo que abandonar al ser interceptado por la policía nacional conduciendo su moto, sin casco, dando positivo en la prueba de alcoholemia con un grado de alcohol de 1,1 mgs reconociendo, además, haberse saltado un semáforo en rojo. Hubo un momento en el que en Génova pensaron en él como recambio de Díaz Ayuso. Dicen que es por eso por lo que no se le renovó. Pidió el reingreso en la Audiencia Nacional y se postuló al cargo de presidente de la instancia. El y su “querida Concha”, Concepción Espejel, magistrada del Constitucional, fueron recusados por las acusaciones de la Gürtel por sus claras afinidades políticas.
En la sala tercera de Lo contencioso Administrativo del Tribunal Supremo hay, por lo menos, dos jueces de adscripción conservadora con la mirada puesta en Génova. José Luis Requero, es miembro del Opus Dei, y fue vocal del CGPJ a propuesta del Partido Popular. Wenceslao Olea también perteneció al famoso consejo que se mantuvo en funciones durante cinco años. Extremeño, fue recusado en la causa del complejo urbanístico, resort de lujo, Isla Valdecañas, situado en el embalse del mismo nombre. Pero su acción mas sonada fue el recurso que presentó contra el nombramiento del progresista Rafael Mozo como presidente interino del CGPJ, porque “no es juez del Supremo”. Mozo tenía derecho a ocupar el puesto por ser el vocal de mayor edad. Olea participó activamente en la campaña de los vocales conservadores en contra de la ley de amnistía. Llegó a declarar públicamente que con la norma “se van a anular sentencias en las que los jueces han puesto mucho trabajo y empeño”.
Si bajamos el escalafón, el que se lleva la palma en lo que a afinidades políticas se refiere es el titular del juzgado número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que instruye el caso Begoña Gómez. Sobre sus actuaciones ya se ha escrito lo suficiente. Sólo cabe recordar que es el padre de una concejala del PP en la localidad madrileña de Boadilla del Monte y que su familia ha tenido, y sigue manteniendo, estrechas relaciones con el Partido Popular.
Hay muchos más miembros de la judicatura que no ocultan sus simpatías políticas, la decana de los juzgados de Madrid, María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, cuyos afiliados, miembros de la derecha judicial, son próximos, afines e, incluso tienen carné del Partido Popular. O, Juan Manuel Fernández, recientemente nombrado presidente de la Audiencia Nacional, que participó activamente en la jornada de protesta de este miércoles en contra de la reforma de la administración de justicia que pretende llevar a cabo el gobierno. Son los que se tomaron al pie de la letra la famosa frase de Aznar, “el que pueda hacer que haga”. Y bien que lo hacen.