Quedaba por resolver un asunto, el de la resolución del juzgado número 32 de Madrid que había aceptado dar curso a una comisión rogatoria solicitada por la sección de instrucción especializada nº 2 de Andorra que investiga la operación contra la Banca Privada Andorrana, entidad financiera que tuvo que cerrar después de las presiones que tuvo que soportar para que informara sobre los fondos y cuentas que tenían líderes independentistas y la familia Pujol.
La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la decisión del juzgado por considerar que, si bien “el auxilio que se solicita tiene su encaje en el Título III del Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal, lo solicitado excede de la simple notificación de la querella”. Y sostienen que la “solicitud no cumple los requisitos de forma que exige el artículo 14 del citado Convenio, ya que no se concreta una exposición sumaria de los hechos y menos una descripción individualizada de los hechos que se imputan a cada querellado”, motivo suficiente “para denegar el auxilio sin mayores consideraciones”. Si unimos esta resolución a las ya emitidas con anterioridad por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se dan por concluidas las peticiones de los jueces del Principado de llamar a declarar a Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz. Ya lo dijo el expresidente del Gobierno, cuando se empezó a hablar de ese asunto: “lo tienen crudo”
En realidad, quien lo tiene crudo es el propio Rajoy porque hay una orden de busca y captura contra él en Andorra por negarse a colaborar con la justicia. No debe ser muy conveniente que el expresidente del Gobierno ponga los pies en suelo andorrano porque puede acabar por ser detenido y conducido al juzgado. A él, a Montoro, a Fernández Díaz, al exsecretario del Estado de Seguridad, Francisco Martínez, al exdirector adjunto operativo de la policía, Eugenio Pino, y al comisario Bonifacio Díez. A todos ellos, la jueza Stèphanie García les imputa presuntos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documento falso por su supuesta relación con los intentos de conocer “mediante vías ilegales” información bancaria secreta de los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como del exvicepresidente Oriol Junqueras.
Los jueces españoles no han querido colaborar con las autoridades judiciales andorranas que creen que, en esta operación, se vulneró el secreto bancario muy protegido en el país vecino. Si hubiesen aceptado las numerosas comisiones rogatorias solicitadas, Rajoy, Montoro y Fernández Díaz tendrían que haber contado lo mucho que saben sobre una de las actividades de lo que se ha dado en llamar “Operación Catalunya”, una campaña llevada a cabo utilizando todo tipo de métodos policiales para desprestigiar a los independentistas catalanes a través de las mas variadas acusaciones y que está siendo investigada en el congreso de los Diputados, el único reducto que queda para aclarar estas actividades después de que los jueces hayan cerrado definitivamente la puerta a que se sepa lo que sucedió. Porque se ha llegado a decir que a los propietarios de BPA se les llegó a amenazar con retirarles la autorización para operar en España.
Los jueces españoles, empezando por el titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y terminando, ahora, por la Audiencia de Madrid, se han negado a colaborar con las autoridades andorranas poniendo todo tipo de excusas, casi siempre de forma, nunca entrando en el fondo de la cuestión.
García Castellón no quiso hacerse cargo de la investigación a pesar de que el caso encaja perfectamente en la operación Tándem donde el principal acusado es el excomisario jubilado de policía, José Manuel Villarejo, el cual recibió encargos para localizar esas cuentas ocultas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha venido rechazando sistemáticamente las peticiones de los jueces andorranos, aunque ahora falta por pronunciarse en el recurso que se presentará en torno a la decisión de la provincial de Madrid. Es probable que, en esta ocasión, la alta instancia territorial sí entre en el fondo de la cuestión ya que, hasta ahora, los fundamentos utilizados se refieren a cuestiones de forma. Lo más que han dicho los jueces españoles es que las gestiones que se llevaron a cabo sobre este asunto “forman parte de actividades sujetas a protección diplomática”.
Las actuaciones judiciales arrancaron a raíz de una denuncia presentada por el dueño de BPA, Higini Cierco, quien asegura que tanto él como otros responsables del banco fueron coaccionados y extorsionados por el inspector Celestino Barroso, antiguo agregado de Interior de la embajada española en Andorra, y por el que fuera jefe de asuntos internos Marcelino Martin Blas. Según su versión, les amenazaban con el cierre de la entidad bancaria si no facilitaban datos de cuentas de líderes independentistas. La querella se amplió y el Institut de Drets Humans d'Andorra (IDHA)y la entidad de Juristes Drets reclamaron la imputación del entonces director adjunto operativo de la policía, Eugenio Pino- superior de ambos-, y el inspector jefe Bonifacio Diez Sevillano, a los que también acusaban de utilizar “vías ilegales” para la obtención de información bancaria. A Rajoy, le acusan de “haber intimidado al jefe de Gobierno andorrano y sus ministros” durante una visita oficial que tuvo lugar en el Principado el 8 de enero de 2015 para que intervinieran y liquidaran la BPA.
Los jueces españoles no van a colaborar argumentando la existencia de “protección diplomática”. La derecha judicial tiene suficiente poder como para proteger a altos cargos del Partido Popular a los que la judicatura andorrana pretende interrogar con el propósito de esclarecer una de las operaciones más oscuras de las que se llevaron a cabo durante el procès. Fue la época en la que, a través de terceros como es la pareja de uno de los hijos de Jordi Pujol, se intentó atribuir la existencia de fondos que se habrían ocultado al fisco, llegando más lejos: a su sucesor, Artur Mas, y al que fue vicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras. En ella intervinieron todos los protagonistas de lo que fueron las “cloacas del Estado” en la época de Mariano Rajoy al cual se le atribuyen, también amenazas a dirigentes de un país soberano.
Los jueces no van a permitir que toda esta podredumbre salga a la luz judicialmente. Y sobre todo si lo que hay es que proteger a la derecha política, incluido el que fue su máximo dirigente que ya pagó un elevado precio por las irregularidades que cometió su partido. Es normal que pasen esas cosas en una justicia tan desprestigiada como es la española.