Las asociaciones progresistas de jueces y fiscales han decidido, por fin, pasar a la acción en defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En un artículo publicado en la revista Apuntes de Juezas y Jueces para la Democracia, el magistrado emérito del Tribunal Supremo, Perfecto Andrés Ibáñez, una de las autoridades jurídicas de este país lo quieran o no en la derecha, es especialmente contundente al señalar que “en la actuación de los altos cargos del ministerio público que están siendo objeto de encarnizada persecución no hay modo de ver materia incriminable. Por eso, no debe extrañar que las resoluciones que han sido objeto de examen estén aquejadas de notable debilidad estructural, que se concreta en la vaguedad e indeterminación de los presupuestos fácticos y en la endeblez de los razonamientos jurídicos de sustento. Y es que nada más difícil de justificar que lo que carece de justificación. Por eso, no me parece aventurado afirmar que las resoluciones de referencia están destinadas a pasar a los mismos anales de cierta jurisprudencia imaginativa, de los que ya forma parte el auto de la Sala Segunda de 1 de julio de 2024 sobre la ley de amnistía”. El magistrado se refiere a las resoluciones del instructor del TS, Ángel Hurtado, en relación con su investigación sobre revelación de secretos contra el FGE, Álvaro García Ortiz. Y aún hay más.
Al margen del artículo del magistrado emérito, Perfecto Andrés Ibáñez, en las últimas horas se han conocido detalles relevantes de la forma en que está actuando la derecha judicial en su ofensiva por acabar con cualquier signo progresista de este país. Tras el rechazo de la sala de Lo Contencioso Administrativo del recurso sobre el nombramiento de García Ortiz, la Unión Progresista de Fiscales difundió un comunicado en el que acusa a la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, la APIF, la parte recurrente en este asunto, de “incluir bulos maliciosos” como el de “los supuestos favorecimientos en los ascensos y nombramientos a los miembros de la UPF”, a la que García Ortiz estaba afiliado hasta ser nombrado máximo responsable del ministerio público. La Unión Progresista de Fiscales desmonta el argumento utilizado por los conservadores en su recurso. Hablaba de que se nombró a 22 afiliados de UPF en los 33 nombramientos efectuados hasta la fecha por García Ortiz. La UPF saca los colores de los redactores de este recurso: “en realidad fueron 44 nombramientos, nueve de ellos recaídos en favor de candidatos de la UPF concretando aún más, son 8 los afiliados, porque 2 se referían a la misma persona”.
“No podemos exigir respeto institucional a los partidos políticos, ni a los medios de comunicación si nosotros mismos no usamos el rigor y el respeto”, sostiene el comunicado, que añade que la sentencia “desautoriza de forma categórica todas y cada una de las argumentaciones sostenidas” por la APIF. Álvaro García Ortiz sólo ha nombrado a 8 de sus antiguos compañeros de un total de 44. Las asociaciones de fiscales conservadoras han acusado en reiteradas ocasiones a su superior de “sectarismo” y de “haberse excedido en sus funciones”. Sus antiguos compañeros de la UPF han mantenido silencio sobre este asunto y el de la investigación del Supremo por revelación de secretos. Ellos mismos han dicho que prefieren ser neutrales. Pero las cosas han llegado a tal extremo que los miembros progresistas de la carrera judicial han decidido salir en defensa de García Ortiz con argumentos jurídicos contundentes.
Los jueces y fiscales progresistas han decidido salir a la palestra tras constatar las consecuencias de las actuaciones que están llevando a cabo las asociaciones y los magistrados de signo conservador. Se descubren detalles reveladores como el hecho de que en el recurso de APIF pidiendo la anulación del nombramiento del fiscal General del Estado intervino Elisa de la Nuez, abogada de la Fundación Hay Derecho. De la Nuez es su secretaria general y ha intentado demostrar una independencia ideológica señalando que no son “un chiringuito para recurrir”. Mantiene públicamente su distancia con asociaciones del tipo de Manos Limpias y presume de contar entre sus asociados con Manuela Carmena. La exalcaldesa de Madrid ha desmentido su pertenencia a ese grupo que preside el que fue secretario de Estado de la Energía con Mariano Rajoy, Nemesio Fernández Cuesta, y que cuenta entre sus filas con numerosos abogados, jueces y catedráticos conservadores.
La gota que ha colmado el vaso de la paciencia del sector progresista en las carreras fiscal y judicial ha sido la actuación del juez Ángel Hurtado en relación con la investigación que lleva a cabo en torno a la filtración del correo en el que el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso se declaraba responsable de dos delitos contra la Hacienda pública intentando llegar a un acuerdo de conformidad con el ministerio fiscal. Se critica la escasa, más bien nula, receptividad del magistrado a la hora de recoger, en los autos que ha hecho públicos, los argumentos de los testigos que han pasado por su despacho, sobre todo los periodistas que aseguraron tener conocimiento del correo días antes de que cayera en manos del FGE. Y todavía peor. El instructor no ha aceptado ninguno de los recursos presentados por las defensas lo que lleva a pensar que tiene una decisión predeterminada hacia García Ortiz. De ahí que se negase a contestar a sus preguntas durante su comparecencia.
La opinión del FGE no sólo la comparte el magistrado emérito Ibáñez sino también otro reconocido juez emérito del Tribunal Supremo, José Luis Martín Pallín, y el catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo. Todos ellos se echan las manos a la cabeza a la hora de analizar las ultimas resoluciones de la sala segunda de la corte suprema de España. Por si fuera poco el auto en el que rechazan la ley de amnistía, ahora les ha tocado comprobar cómo se las gasta un juez que en el pasado tomó decisiones controvertidas como fue su oposición a la sentencia de la Gürtel donde se condenaba al PP como “persona jurídica” cooperadora necesaria de un delito.
El sector progresista de la judicatura ha decidido pasar a la acción. Son demasiados aspectos cuestionables en las actuaciones que están llevando a cabo con total impunidad los jueces y fiscales conservadores justificándolos en que “se está intentando acabar con la independencia judicial de este país”. No hace falta ir muy lejos para comprobar la machaconería con que utilizan este argumento. Basta con leer las intervenciones del juez jubilado, Manuel García Castellón, del magistrado en activo, Eloy Velasco, de su compañero en la Audiencia Nacional, Enrique López, y del fiscal del TS, Javier Zaragoza, en las jornadas organizadas en Marbella por OK diario, para hacerse una idea de por donde van los tiros.