No se puede decir que la situación no tenga precedentes. En 2009 las mismas asociaciones convocantes llevaron a cabo su primera huelga. Y se sucedieron las mismas circunstancias. Un Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno, que dice que “el ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados carece, en el momento actual, de soporte normativo, por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria de huelga ni, al carecer el CGPJ de competencia para ello, fijar servicios mínimos”. Una manera de quitarse el problema de encima porque las asociaciones ya han señalado que siguen adelante con la convocatoria. Y en el medio, el ministerio de Justicia que es quien paga las nóminas de los miembros de las carreras fiscal y judicial que tiene un problema. En una convocatoria, la de, 2018 se procedió a descontar de las nóminas las jornadas no trabajadas y la Audiencia Nacional sentenció que el departamento de Bolaños “no es competente” y obligó a devolver lo descontado. Los jueces señalaron, entonces, que sólo el consejo es competente para efectuar los descuentos. Y el consejo le tira la pelota al ministerio. Total, que, por unos u otros, la casa sin barrer. Los jueces y fiscales pararán, aunque les digan que están actuando ilegalmente, y no lo notarán en sus retribuciones mensuales porque si algún miembro del poder ejecutivo se le ocurre “sacar los pies del tiesto” siempre habrá un compañero que declarará lícita esta convocatoria.
Que el enfrentamiento va a ser evidente nadie lo duda. Las asociaciones judiciales conservadoras, convocantes de la huelga, ya dan pistas a los compañeros que deberán resolver los numerosos recursos que se presentarán en los juzgados contra las sanciones: “cualquier intento por parte del empleador de obstaculizar o condicionar la decisión de un trabajador respecto a su participación en una huelga constituye una infracción muy grave, conforme a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), y puede dar lugar a sanciones económicas e incluso a la nulidad de actos de represalia como sanciones disciplinarias. La huelga constituye una medida legítima, proporcionada y responsable en defensa de los principios fundamentales del Estado de derecho, de la independencia judicial y de nuestras condiciones profesionales” advierten los convocantes constituidos en comité de huelga.
Van a ser las propias asociaciones convocantes las que establecerán los servicios mínimos. El CGPJ les ha pedido que el paro, en ningún caso, afecte a determinadas materias como el reparto de asuntos, los servicios de guardia, las decisiones urgentes de instrucción, los procedimientos para la tutela de derechos fundamentales y, en general, cualquier otra decisión judicial inaplazable o cuya demora resulte inconciliable con los derechos fundamentales o con la dignidad de un poder del Estado como es el Poder Judicial”. Vamos a ver si les hacen caso.
Porque, una vez más, el órgano de gobierno de los jueces está actuando con tibieza. La diferencia es que esta vez sí que existe un fuerte significado político en la convocatoria. Los jueces y fiscales de este país no se cortan al desautorizar al gobierno de Pedro Sánchez llegando al insulto . Alguno hay que, incluso, ha criticado duramente a los ministros y no han sido sancionados alegando la comisión disciplinaria que las manifestaciones que efectuaron las hicieron a título personal y utilizando su derecho constitucional a la libertad de expresión.
Está claro que un sector de la judicatura que aquí llamamos “la derecha judicial” ha decidido utilizar todas sus armas disponibles para acorralar al ejecutivo progresista. Hasta ahora, su estrategia de judicializar la vida política les está dando magros resultados porque, salvo un par de casos, los indicios de las comisiones delictivas están siendo escasos por no decir que nulos. Y ahora se pretende dar un salto cualitativo aprovechando las reformas de acceso a la carrera judicial y el Estatuto fiscal.
Una verdadera contradicción. Porque, por una parte, los significados dirigentes de esas asociaciones manifiestan públicamente la necesidad de dotar al sector de más medios humanos y, por otro se niegan a aceptar a los llamados “jueces sustitutos” a los que el gobierno pretende convertir en fijos: 945 en total cuya incorporación aliviará la precariedad de la judicatura muy necesitada en un momento en el que se va a acometer la supresión de los juzgados unipersonales y su sustitución por los tribunales de instancia dotando, además, de más competencias a las secciones de violencia contra la mujer. Félix Bolaños les pide que se lean las reformas. Vano intento porque lo que realmente buscan es otra cosa. No quieren leer este ni ningún texto de este gobierno “rojo y social comunista”
En cuanto al Estatuto fiscal, las asociaciones más conservadoras, la Asociación de Fiscales, AF, y la APIF, Asociación Profesional Independiente de Fiscales, a pesar de que han reivindicado en numerosas ocasiones la modificación del nombramiento del fiscal general del Estado y un mayor grado de autonomía de sus subordinados frente al principio de jerarquización, cuando se acomete estas viejas aspiraciones, dicen que van en contra del Estado de derecho.
Por cierto, el colegio de la Abogacía de Madrid, ICAM, con un órgano de gobierno muy beligerante con el ejecutivo de Pedro Sánchez, que llamó a sus afiliados a acudir a la manifestación del sábado habla de “la necesidad de diálogo entre la administración y los colectivos afectados. Difícil propuesta cuando las asociaciones de fiscales convocantes piden la dimisión inmediata de Álvaro García Ortiz que debería ser su interlocutor en el supuesto de una negociación.
Son evidentes contradicciones que hacen pensar a cualquiera en la existencia de motivaciones políticas dentro de estas convocatorias. Lo que ocurre es que quien debería enfrentarse a esta situación, el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de jueces y magistrados y, por lo tanto, competente en sus actividades, lo hace con una tibieza que roza la cobardía. La directora general para el servicio público de Justicia, Verónica Ollé, ha advertido que si el CGPJ, como parece haber ocurrido, no da por convocada la huelga por carecer de sustento legal, “deberá adoptar las medidas que correspondan con el fin de detraer igualmente los haberes correspondientes a esas personas, ante la eventual responsabilidad en que podría incurrir el CGPJ o este Centro Directivo por el pago del salario con dinero público a quien cese la prestación del servicio voluntariamente y sin una causa justificada”.
De una cosa, este analista está seguro. Por mucho que Ollé y el mismísimo Bolaños presionen al consejo, el organismo que preside Isabel Perelló se lavará las manos a la hora de exigir responsabilidades de una huelga que ellos mismos dicen que es ilegal. Pero, claro, hay que seguir la máxima de Aznar: “el que puede hacer que lo haga”. Y jueces y fiscales lo van a hacer, con o sin el consentimiento de sus superiores. Y ya veremos si se atreven a quitarles un solo euro de su nómina.