Al final, los acuerdos retributivos con jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia han sufrido algunas modificaciones. Según los pactos suscritos en la primavera pasada, las subidas de los letrados comenzarían a percibirse en julio, y el resto en octubre. Y no va a ser así. Todos cobrarán el 80 por ciento en enero del año que viene y el 20% restante en julio de 2024. Eso sí: con efectos retroactivos del 1 de enero de 2023. Toda una “paga extraordinaria” de atrasos para los funcionarios mejor retribuidos de la administración de justicia.
Según el Ministerio de Hacienda, el salario medio de un juez es de 75.335 euros brutos anuales. Pero la realidad supera esta cifra. Los datos del Consejo General del Poder Judicial señalan que el 31,45% supera los 75.000, el 16,92% está por encima de los 80.000, el 12,34% cobra más de 85.000 euros, el 7,89% más de 90.000 euros, el 0,48% más de 95.000 euros y el 2,18% más de 100.000 euros. Entre estos últimos están los magistrados del Tribunal Supremo, que cobran 109.072,40 euros anuales.
A los fiscales les ocurre algo parecido. Las cifras oficiales establecen un salario medio para los miembros del Ministerio Público que apenas sobrepasa los 75.000 euros brutos anuales. Pero, en realidad, según los datos de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística, el 24% cobra un salario anual por encima de los 80.000 euros, un 7% más de 90.000, y el 5% supera los 100.000. Los 4.379 antiguos secretarios judiciales cobran entre 39.011,80 y 60.826,79 euros brutos anuales, según destino: los de las unidades procesales de apoyo directo, UPAD, los de los servicios comunes procesales, SPC, y los que ejercen en las secretarías de gobierno, coordinación provincial y direcciones de servicio común se sitúan en el tramo alto.
Estos colectivos reciben unos sueldos que duplican y triplican los del resto de los empleados públicos, cuya media se sitúa en 39.299 euros brutos anuales. Y ahora, además, estos emolumentos se van a incrementar en hasta 450 euros mensuales, un 7% según Hacienda, que costarán a las arcas públicas casi 100 millones de euros. Hay que tener en cuenta que este es un incremento adicional al 8% que van a tener todos los funcionarios como consecuencia del acuerdo alcanzado en la mesa de la función pública para los años 2022, 2023 y 2024. Un incremento que, según evolucione la inflación, podría alcanzar el 9,5%.
Los funcionarios se quedan fuera
Mientras tanto, los sindicatos que representan al resto de funcionarios, 45.000 en total, que se encargan de las tareas fundamentales para el funcionamiento de la administración judicial como es la atención al público, el registro y la tramitación de documentos, la notificación de diligencias, asuntos y sentencias, y la gestión de los fondos, intentan negociar un incremento de los sueldos similar al de los jueces, fiscales y letrados, de momento sin éxito alguno. CSIF, la central mayoritaria, ha anunciado que piensa recurrir estas subidas salariales porque no se pactaron en la mesa de retribuciones de los empleados públicos lo que, a su juicio, “vulnera la ley de libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva”.
Tal vez es por esto, por lo que los aumentos retributivos a los jueces, fiscales y letrados se van a dar en concepto de complementos, para sortear esas mesas retributivas obligatorias en el colectivo de empleados públicos. Y así, los jueces y fiscales recibirán el incremento en concepto de “complemento de destino” mientras que, a los letrados se les dará las cantidades asignadas en concepto de “complemento de eficiencia”.
Con esta medida, el Ministerio de Justicia desactiva la posibilidad de una huelga de jueces, fiscales y letrados. Los primeros y segundos sólo habían amenazado y antes de que llevasen a cabo las movilizaciones se llegó a un acuerdo con las asociaciones que les representan menos con la conservadora, Asociación Profesional de la Magistratura que dijo no firmar “porque la cantidad acordada es insuficiente”. Los letrados estuvieron mas de dos meses en paro. El desastre fue mayúsculo: 400.000 juicios paralizados, acumulación de 480.000 demandas y congelación de 1.500 millones en las cuentas de consignaciones de los tribunales. Todavía a estas alturas no se ha conseguido mitigar el gran colapso provocado por este paro que llegó a calificarse de “corporativista” y “clasista”
De la misma manera que CSIF califica los acuerdos. A su juicio son “clasistas” y discriminatorios. Y algo de razón llevan porque los 45.000 funcionarios, los que soportan la mayor carga de trabajo en la administración de justicia, no han logrado que el Ministerio de Pilar Llop ceda ni un ápice en sus pretensiones. Siguen negociando, pero la puerta a nuevas subidas retributivas está cerrada. Las razones que esgrimen los negociadores que representan al Departamento son muy claras: “si a los funcionarios de Justicia les suben lo que piden, habrá un efecto dominó. Otros empleados públicos exigirán lo mismo”, una posibilidad que el Gobierno no contempla. La única manera de cerrar un acuerdo en esa materia sería abordar incrementos de los complementos. Y en ese punto se centra el escaso margen de maniobra de la negociación.
El comité de huelga recuerda que paralizaron las movilizaciones que estaban llevando a cabo por la convocatoria electoral pero que están dispuestos a volver a la carga sin “dar los cien días de gracia al nuevo gobierno”. Una hipotética protesta de jueces y fiscales tendría repercusión por el colectivo que la protagoniza. La de los letrados ya sabemos las consecuencias que puede tener. A nivel político una protesta de los funcionarios “de a pie” repercute en menor medida pero puede hacer mucho más daño.