Diario16+ ha puesto múltiples ejemplos de autos y sentencias que no tienen sentido jurídico salvo que se examinen bajo la óptica política. El ejemplo más evidente es el de la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo que entonces presidía el magistrado conservador, Manual Marchena, para justificar la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Muchos expertos han criticado el auto por considerar que sus fundamentos son políticos y no tienen nada de jurídicos. El escrito no deja de ser más que una declaración de intenciones de unos jueces que, además, se sienten agraviados porque creen que el poder ejecutivo está invadiendo su terreno. Y luego están otras resoluciones que demuestran una actitud política de unos señores que deberían limitarse a cumplir y hacer cumplir la ley que les viene impuesta por el poder legislativo. Deberían recordar que son unos simples funcionarios que pagamos todos los españoles y que nunca fueron elegidos, sino que acceden a sus puestos gracias a un sistema endogámico en el que, en la gran mayoría de las ocasiones, ni siquiera la meritocracia juega su papel. Es verdad, hay jueces que hacen política pero no se dan cuenta de que no están habilitados para ello porque el sistema judicial de este país no contempla su elección tal y como ocurre en otras partes del mundo.
Aquí hay quien es capaz de montar una huelga que la derecha califica “de general” con tal de que no se toquen sus privilegios. Las asociaciones conservadoras de jueces y magistrados, esas a las que Feijóo les prometió darles más poder si alguna vez llega a La Moncloa, están en pie de guerra contra la tímida reforma del sistema de acceso a la carrera judicial que el gobierno quiere llevar a cabo. Ni siquiera son capaces de asumir que esos compañeros que les sustituyen, que no tienen derecho a paro ni a los privilegios que ellos gozan, se les convoque una oposición para poder acceder a una fijeza a la que tienen derecho. No porque lo decimos nosotros sino porque lo ordena la conservadora Comisión Europea. Si eso no es hacer política desde el estrado, que se diga cual es el concepto exacto de la acción política.
Eso entrando en el terreno de las formas porque si se analizan las actuaciones de algunos magistrados se podrá comprobar que obedecen más bien a una convicción política que a una interpretación de la ley. El juez instructor del sumario contra el fiscal general del Estado, Ángel Hurtado, se negó a acusar al Partido Popular de haber financiado las obras de su sede central con dinero ilícito procedente de la trama Gürtel. Se negó a llamar a declarar por tal motivo a Mariano Rajoy. Fue recusado y apartado del tribunal que iba a juzgar los hechos por los que la formación sería condenada. A Hurtado, estigmatizado por esta actuación, lo tuvo que rescatar ese nefasto presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que coló a casi doscientos magistrados afines a la derecha conservadora en los cargos más relevantes de las altas instancias jurídicas del país. Lesmes lo enchufó en la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo y ahí ha podido llevar a cabo su venganza en la persona de Álvaro García Ortiz al que ha llevado a juicio sin pruebas acusándole de un delito de revelación de secretos. Hurtado ha llegado al extremo de señalar, en un auto, a La Moncloa como la “inspiradora material” de los hechos de los que se responsabiliza al máximo representante del ministerio público de este país.
Su compañero en el juzgado 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, el padre de una concejala del PP, ni siquiera se ha cortado a la hora de señalar al ministro de Justicia, Félix Bolaños, como el responsable de un delito de falso testimonio durante un interrogatorio en el que hasta llegó a pedir “un estrado para estar a mayor altura que la del testigo”. El colmo de la prepotencia judicial llegando a mostrar abiertamente cierto malestar por los controles que tuvo que pasar para acceder al recinto ministerial y la espera a la que tuvo que someterse, tanto para interrogar a Bolaños como al presidente, Pedro Sánchez. Peinado tampoco se cortó a la hora de decir, en sus autos, que los responsables de todos los presuntos delitos que instruye están en Moncloa… o en Ferraz. Poco le queda para acusar a los dirigentes socialistas. Y todo ello en contra de sus superiores de la Audiencia Provincial de cuyas órdenes no hace caso.
Sólo son tres ejemplos de la invasión del terreno político por parte de algunos jueces. Nada que objetar si no fuese porque el campo de actuación de los integrantes de la carrera judicial está delimitado constitucionalmente. Y los mismos que acusan al poder ejecutivo de invadir su terreno están haciendo lo mismo. Pero hay algo que les diferencia. Los poderes ejecutivo y legislativo son soberanos porque son el resultado de la voluntad popular expresada en las elecciones. Mientras que el poder judicial lo forma un colectivo cerrado, escasamente transparente y que no se somete al control ni a la voluntad popular. Cobran de los impuestos y, al parecer se les retribuye bastante bien. Y actúan al margen de la realidad social del país.
En otros estados, jueces y fiscales se someten a la voluntad popular mediante procesos electorales. Y cuando eso no es así, se establecen fuertes controles para evitar que se extralimiten de sus funciones. Aquí, en este país, sólo existe un organismo que ejerce esa función, el Consejo General del Poder Judicial, muy mediatizado por la acción política y con escaso margen de actuación. La carrera judicial adolece de una estructura anacrónica con un funcionamiento procedente ni siquiera del siglo pasado sino del XIX. Los intentos de modernizarla han sido infructuosos hasta el momento. Y, además, sus integrantes se rebelan cuando perciben que se quiere acabar con sus privilegios. Y lo hacen de la forma que saben hacerlo: instrumentalizando políticamente su labor.