Las asociaciones judiciales amenazan con volver a la carga de las movilizaciones en septiembre. Insisten en rechazar la reforma Bolaños. Ni siquiera quieren negociar, algo que aceptaban al principio de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley. Y justifican este rechazo a que “el gobierno lo que quiere es cargarse su independencia y, por ende, el estado de Derecho”. Poco a poco se van descubriendo los motivos ocultos.
No sólo están las nuevas formas de acceso a las carreras fiscal y judicial y la convocatoria extraordinaria de un concurso oposición para los jueces y fiscales sustitutos, esos que, según la presidenta de la APM, María Jesús del Barco, “van a entrar por la puerta de atrás”. La protesta se dirige contra otras medidas que acaban con privilegios del colectivo. La modificación del Estatuto del Centro de Estudios Jurídicos incluye la elaboración y ejecución de programas de formación y apoyo dirigidos a aspirantes a jueces otorgando a esta institución la competencia en materia de concesión de becas públicas para la formación de estos aspirantes cuya cuantía se eleva hasta el salario mínimo interprofesional. Además, se establecen rigurosos controles sobre los jueces que imparten cursos para los opositores. Unos límites que no gustan nada a los profesionales que se dedican a ganar un dinero extra con esta actividad que en algunos casos llega a los 4.000 euros mensuales, en muchas ocasiones cobrados en dinero negro. Privilegios que se van a acabar con esta reforma. Así se entiende mejor la protesta.
A raíz de las movilizaciones, con tres días de huelga incluidos, salieron a la luz estas actividades que llevan a cabo algunos jueces y fiscales que forman a los aspirantes cobrándoles cantidades que oscilan entre los 100 y 300 euros mensuales. Algunos de estos profesionales llegan a tener hasta 15 alumnos por lo que es fácil calcular el dinero que pueden llevarse muchas veces sin declarar al fisco. En su informe sobre la reforma Bolaños, el Consejo General del Poder Judicial sale en defensa de este tipo de actividad señalando que “la preparación de oposiciones es una obligación moral/deontológica que, en muchas ocasiones, obedece a fines generosos de colaboración e intercambio de conocimientos jurídicos”. De todas maneras, en ese informe el CGPJ aclara sus explicaciones al señalar que esa actividad es “una manera de trasladar los conocimientos y amplia experiencia profesional en el ejercicio de la jurisdicción a las nuevas promociones que integrarán la carrera judicial” y que no siempre tiene “fines mercantilistas”.
Actualmente sólo se debe pedir autorización si esta actividad ocupa más de 75 horas anuales. Pero es que se da la circunstancia de que nadie vigila a quien no solicita ese permiso. La reforma, si sale adelante, exigirá “en todo caso” la concesión de compatibilidad por parte del CGPJ a los jueces que preparen oposiciones, pero también a los que imparten charlas o conferencias. Además, el CGPJ tendrá que poner en marcha un registro público de jueces y magistrados que actúan también como preparadores de oposiciones.
Es la manera que tiene el ministerio de Justicia de acabar con un verdadero “mercado negro” en las oposiciones a jueces y fiscales. Los aspirantes son conscientes de que en esos años en los que se preparan para presentarse al examen necesitan ser tutelados por profesionales en activo que les orientan y evalúan hasta que están lo suficientemente preparados. La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia estima en unos 25.000 euros el coste de esta preparación. De ahí que todos vean como positivo el blindaje de las becas contemplado en la reforma.
Lo que ya no se ve tan positivo es el nuevo Estatuto del CEJ porque implica la competencia del sector público en esta preparación. El órgano de gobierno de los jueces, tal vez haciéndose eco de lo que se opina en el sector conservador de la judicatura, pide que se concreten “las líneas generales de actuación, organización, funcionamiento, cualificación profesional de los preparadores adscritos al centro”. Y, al mismo tiempo, pretende tener un mayor protagonismo en su gestión. Algo que pretenden, también, las cinco asociaciones convocantes de la protesta, la APM, Foro Judicial Independiente, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, todas las conservadoras que critican que la fiscalía general del Estado sale ganando en la participación de las vocalías del consejo rector en comparación con la representación de los jueces que se reduce a una de esas vocalías.
Es la forma de democratizar el acceso a las carreras judicial y fiscal que han encontrado en el gobierno. Se es consciente de que el grave problema estructural de la judicatura reside precisamente en la formación para la oposición. Es prácticamente imposible llevar a cabo un proceso que dura unos siete años, que requiere una dedicación prácticamente exclusiva, sin la financiación de terceros. De ahí que los aspirantes necesiten ayudas familiares imposibles para los sectores más vulnerables económicamente hablando. A eso hay que añadir que el aspirante dedica prácticamente la totalidad de la jornada a aprenderse de memoria los textos legales lo que le aleja de la realidad social. Su único contacto con el exterior es a través de la academia o el juez o fiscal que le tutela. Es fácil deducir la mentalidad con a que afrontará la oposición y, si luego tiene la suerte de obtener plaza, llegan los dos años en una Escuela Judicial claramente endogámica.
Las asociaciones judiciales tienen una bolsa de preparadores a las que los aspirantes pueden acudir. Aquí se intenta que la identificación sea lo más transparente posible. Se anuncian con nombres y apellidos y ofrecen cobrar por el método que sea más cómodo para el alumno. Acceden a dar certificados y algunos ofrecen la posibilidad de que el opositor no pague nada si se encuentra en una situación económica complicada. Las generaciones más recientes intentan hacerlo todo legal. Declaran estos ingresos, pero son los que reconocen que ellos, cuando eran simples aspirantes, pagaron a sus preparadores en negro. Es la excepción que confirma una regla extendida con la que se pretende acabar.