La titular del juzgado número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha abierto juicio oral a David Sánchez, al presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, y a nueve personas más por delitos de tráfico de influencias y prevaricación relacionados con la creación de una plaza de coordinador de los conservatorios y su posterior adjudicación al hermano del presidente. Y lo ha hecho cuando la Audiencia Provincial todavía no ha resuelto los recursos de apelación presentados por la fiscalía y las defensas lo que supone una manifiesta irregularidad procedimental que la magistrada justifica porque dichos recursos no tienen “efectos suspensivos”. El fiscal no ha presentado acusación y ha pedido el archivo de la causa. Pero Biedma se apoya en que la acusación popular, representada por asociaciones de extrema derecha personadas en la causa, la han pedido la apertura del juicio oral. Estamos en una situación parecida al procedimiento que originó la llamada “doctrina Botín”.
La “doctrina Botín” es una corriente jurisprudencial del Tribunal Supremo, establecida en la Sentencia 1045/2007 de 17 de diciembre, que resolvió un recurso de casación interpuesto por la acusación popular, integrada por la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC) e Iniciativa per Catalunya contra un auto de la Audiencia Nacional, que sobreseyó el proceso penal contra Emilio Botín por un delito fiscal. El TS desestimó el recurso, al considerar que, aunque es cierto que el derecho a la acusación popular está previsto en la Constitución, eso no impide que la ley pueda imponer límites a su ejercicio. La corte considera que si el Ministerio Fiscal y los perjudicados (en este caso era la Hacienda Pública), consideran que debe sobreseerse el proceso, la acusación popular no debería bastar por sí sola para seguir con el proceso. La “doctrina”, que ha sido recogida en numerosas sentencias sentando la oportuna jurisprudencia, establece que no puede abrirse juicio oral cuando la fiscalía y los perjudicados piden el sobreseimiento.
En numerosos procesos judiciales se ha tenido que volver a discutir el espíritu y la letra de la “doctrina Botín”. Tal vez el más recordado fue el juicio del caso Noos, donde la fiscalía retiró la acusación contra Cristina de Borbón, pero no sirvió de nada puesto que la mantuvo la acusación popular, entonces representada por Manos Limpias. El asunto se tornó en escándalo cuando se supo que el seudosindicato de extrema derecha había participado en las negociaciones que llevó a cabo el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, con cualificados empresarios y abogados catalanes a los que pidió dinero a cambio de la retirada de dicha acusación. Curiosamente, en la causa contra David Sánchez, está personada Manos Limpias
La jueza no tiene en cuenta este criterio. En cambio, se acoge a otras sentencias del Supremo en las cuales se señala que “la acusación particular está legitimada para pedir la apertura de juicio oral”. Además de Manos Limpias forman parte de la acusación popular Vox, Hazte Oír, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y el Partido Popular. Piden tres años de cárcel para los acusados y la devolución por parte de David Sánchez de los salarios recibidos.
Pero lo más grave no es eso. La jueza ha dictado el auto sin tener en cuenta los recursos presentados por la fiscalía y las defensas en los que piden el sobreseimiento de la causa porque alegan que, en la misma, sólo hay “conjeturas e hipótesis”. La instructora cree que estos recursos no tienen efectos suspensivos. Pero ¿Qué ocurriría si la Audiencia Provincial avala la tesis del ministerio público? El daño ya estaría hecho. Estamos en la misma situación que la de Begoña Gómez con el juez Peinado. La repercusión social hace un daño reputacional no ya al PSOE sino a los particulares imputados a los cuales les costará mucho volver a recuperar su imagen.
Además, la jueza no tiene en cuenta que uno de los imputados, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, está a punto de tomar posesión como miembro del parlamento de Extremadura lo que le implica rango de aforado. En ese caso, ya no será un juzgado de Lo Penal el encargado de dictaminar la sentencia sino el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Habría que empezar de nuevo todo el procedimiento. Pero eso a la jueza le debe importar muy poco.
Lo grave es que últimamente estas actuaciones judiciales se están repitiendo con demasiada frecuencia. Juan Carlos Peinado, el juez del caso Begoña Gómez hace caso omiso de las advertencias de sus superiores de la Audiencia Provincial. Le han prohibido que siga indagando el asunto del rescate de Air Europa. Incluso le han ordenado que retire la petición de los expedientes solicitados a la SEPI sobre las ayudas recibidas por la aerolínea del grupo Globalia y ha debido de hacer poco caso porque, de momento, no ha dictado un auto recogiendo la orden de sus superiores.
Los jueces cada vez se cortan menos a la hora de expresar sus afinidades políticas. El magistrado del Supremo, Manuel Marchena, ha advertido, en un libro que “la justicia está en peligro. Un juez que aspira a ser su compañero en la corte, el controvertido expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, intervino en un acto de la Fundación Neos, que preside el exministro muy cercano a la ultraderecha, Jaime Mayor Oreja, para lanzar una peligrosa consigna: “debemos de salvaguardar la independencia del poder judicial, porque si prescindimos de la independencia del poder judicial hemos matado la vida jurídica”. Reflexión casi idéntica a la expresada por Marchena.
Con esa excusa de reivindicar la “independencia” la derecha judicial está utilizando todos los medios a su alcance para acabar con este gobierno progresista. Muchos de sus miembros parecen haber recogido la consigna de José María Aznar de que “el que pueda hacer, lo haga”. Y aquí valen resoluciones judiciales, intervenciones públicas y acciones de todo tipo. La estrategia está clara. Incluso si hay que saltarse las órdenes de los superiores.