El Tribunal Constitucional está teniendo que hacer verdaderos “encajes de bolillos” judiciales para enmendar la plana a esa jueza instructora que hace unos años encargó a unos peritos, ninguno de ellos expertos juristas sino funcionarios contables pertenecientes a la Intervención General de la Administración del Estado, IGAE, el que más con el título de economista, un informe sobre la actuación del parlamento andaluz al aprobar los presupuestos de la comunidad, esos que contenían las partidas que luego fueron objeto de un uso fraudulento, el tan traído y llevado Caso ERE.
Juan Benet, uno de los acusados, interventor general de la Junta entre 2000 y 2010, apunta a “estos peritos porque son los que introdujeron en la causa de los ERE las piezas que sirvieron para construir el armazón incriminatorio que ahora está desmontando el TC. Entre estas piezas destacaron las dos siguientes: la primera fue que los proyectos de ley del presupuesto, que contenían la partida con la que se financiaron las subvenciones de los ERE, eran ilegales; y, la segunda, fue la brillante idea de que el Gobierno de la Junta de Andalucía había engañado al Parlamento”. Justo lo que necesitaba la magistrada para sustentar su tesis que luego fue ratificada por la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo y que ahora está desmontando la corte de garantías.
La jueza entró en un terreno que está vedado a la justicia, las competencias de los poderes ejecutivo y legislativo. Puede que sus actos sean inconstitucionales, pero nunca reprochados penalmente. Por eso hasta un estudiante de primero de derecho se escandalizaría de las argumentaciones efectuadas por los tribunales.
Los jueces no parecen haber aprendido la lección de los ERES de Andalucía. Y, ahora, un magistrado de Madrid, el controvertido titular número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha pedido a la SEPI información sobre el rescate a Air Europa en plena pandemia en búsqueda de una intervención por parte de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Su defensa se opone a ello porque “procesalmente las ayudas otorgadas por el Gobierno a la compañía “no constituyen el objeto del presente procedimiento”. Peinado no está teniendo en cuenta dos aspectos de la instrucción que lleva a cabo: que la Audiencia Provincial de Madrid ya le advirtió que la investigación sobre las ayudas a Air Europa “carecen de relevancia” y que, la otra parte, la del tráfico de influencias en las ayudas de la empresa pública Red.es, va a ser investigada por la fiscalía europea al tratarse de dinero procedente de la UE.
Lo verdaderamente significativo no son los errores de procedimiento que puede estar cometiendo el magistrado, que esa es harina de otro costal, sino que, pedir a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales datos sobre una operación de ayuda pública a una empresa al borde de la quiebra, es solicitar información reservada. Y el grupo estatal no puede ni debe facilitarla por mucho que se la pida un juez.
Sobre Juan Carlos Peinado recae una amenaza de una querella por revelación de secretos, por haber filtrado la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez en un caso cada vez más politizado. La defensa de ésta cree que el juez no se está limitando a lo ordenado por la Audiencia Provincial y que la instrucción se parece cada vez más a una causa general, a una “investigación prospectiva”. La esposa de Pedro Sánchez deberá declarar en calidad de imputada este viernes y todo parece indicar que se negará a contestar las preguntas del juez.
El titular del juzgado número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, también se está entrometiendo descaradamente en el terreno político en la pieza que acaba de abrir sobre las relaciones del Kremlin con los independentistas catalanes. Independientemente de los errores de procedimiento que pueden acabar por ser enmendados por la Audiencia de Barcelona, el magistrado quiere investigar si hubo alta traición por parte de Carles Puigdemont, entonces presidente de la Generalitat, y, por lo tanto, en aquella época representante del Estado español. Acusarlo de traición es algo que no se debe evaluar en los juzgados hasta que exista constancia fehaciente de ello.
Aguirre, además, utiliza argumentos políticos en el auto de apertura de la causa. Su tesis sobrepasa la jurisprudencia, la única que puede manejar un juez instructor, para efectuar juicios de valor como es su tesis de que el Kremlin quiso destruir la UE apoyando la creación de un nuevo estado independiente separado de España. “Si en el futuro a algún historiador le interesara hacer una investigación sobre la injerencia rusa en el procès como ejemplo de lo que, según la prensa, parece haber sucedido en otros países de Europa, situaría como fecha de inicio real de la investigación judicial de tal injerencia el día 18 de mayo de 2018, casualmente el mismo día en que se firmó la sentencia del llamado caso GÜRTEL, que se notificó una semana más tarde. Dicha sentencia hizo caer el Gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy y dio entrada a una coalición liderada por el PSOE junto con otros partidos políticos de corte marcadamente independentista. Esta coincidencia histórica marcaría el devenir de la investigación judicial de la injerencia rusa”.
Además, Aguirre traspasa el ámbito doméstico en un asunto que compete exclusivamente al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Aun así, insiste en continuar su investigación y en acusar de alta traición a Puigdemont y a algunos de sus colaboradores en su etapa al frente de la Generalitat utilizando como único medio probatorio las manifestaciones de uno de ellos que, posteriormente, reconoció que habían sido “fruto de su imaginación”.
Y hay mas casos de instrucciones judiciales que entran en el terreno de la acción política cuestionando penalmente acciones que competen exclusivamente a los poderes ejecutivo y legislativo. Y eso choca con la exigencia de la derecha de “una verdadera independencia para el poder judicial”. Un ejemplo de ello es el diputado valenciano, Javier de Rosa, quien dice que “hoy en España lo revolucionario es hablar de independencia del poder judicial y de calidad democrática” olvidándose de que fue secretario de justicia y consejero de la Generalitat valenciana con Francisco Camps el presidente que le recomendó para una vocalía del Consejo General del Poder Judicial donde fue vicepresidente y presidente en funciones. Eso no le impide rebelarse contra los nombramientos en el poder judicial de “los adictos a Pedro Sánchez”. Un juez que ha utilizado permanentemente las puertas giratorias. Esas cuya prohibición pide el PP.
Con esos planteamientos a nadie puede extrañar que algunos jueces entren en el terreno político aún a sabiendas de que, si hay separación de poderes, la hay para todos. Para ellos también.