“Un día eres decisivo para formar gobierno en España y al siguiente España ordena tu detención”. Carles Puigdemont no ha podido decirlo más claro. Los mecanismos judiciales no han tardado ni un día en ponerse en marcha para enfrentar al expresident con Madrid justo cuando el objetivo es lograr un pacto “de no agresión” que permita, al menos, la abstención de Junts en el Congreso y, con ello, la investidura de Pedro Sánchez y una nueva legislatura con gobierno progresista.
Se trata de poner el mayor número de piedras en este camino. La fiscalía, de la que alguien torticeramente ha dicho que “depende del Gobierno”, no ha podido esperar a septiembre teniendo en cuenta que faltan unos días para que comience agosto, mes inhábil a efectos judiciales. Y ha pedido al juez instructor del Procès, Pablo Llarena, que emita una orden internacional de detención contra Puigdemont y Comín. Está claro que la justicia va a intentar, por todos los medios a su alcance, que no se produzca una nueva investidura de Pedro Sánchez. “Antes repetición de elecciones que un nuevo ejecutivo bolivariano”. Así lo expresan los miembros más conservadores de la magistratura.
Hay quien cree que la iniciativa del ministerio público obedece a una maniobra de Moncloa. Según esas versiones, lo que se intenta es traer a Puigdemont a España y meterlo en la cárcel. A cambio de una abstención en la investidura, el Gobierno se comprometería a un indulto tal y como se hizo con Oriol Junqueras y el resto de los condenados en el juicio de 2019.
Esta tesis, expresada en ámbitos políticos de la derecha, es lo más parecido a una teoría conspiratoria. Y pierde toda consistencia por una razón. Los plazos no concuerdan. El 17 de agosto, tras la constitución del Congreso y el Senado, comienza el periodo de consultas del Rey para designar candidato. Para entonces, es prácticamente imposible que el expresident de la Generalitat haya sido devuelto a España porque las órdenes internacionales de detención no se ejecutan de un día para otro y más en periodo estival.
Hay que tener en cuenta, también, que lo más probable es que el juez Llarena opte por pedir el parecer de las otras partes personadas en el proceso, entre ellas la Abogacía del Estado, un organismo que sí depende del Gobierno y cuyo criterio será fundamental para saber lo que pretende el Ejecutivo en este asunto. De momento, sólo la fiscalía y Vox han pedido que se dicte la orden internacional.
Y luego habrá que tener en cuenta que la petición se basa en la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que suspende la inmunidad de Puigdemont y Comín. Y que ésta es recurrible por lo que una orden de internacional de detención puede llegar a paralizarse por el recurso. El fiscal del Procès cree que ello no es posible porque la sentencia es ejecutable. “El recurso no tendría efecto suspensivo sobre la pérdida de inmunidad”, dice el ministerio público. Un argumento que puede no coincidir con el de la autoridad judicial que deberá estudiar la orden de detención y entrega de Puigdemont, la más probable, la belga.
Por lo tanto, la tesis que señala al gobierno de Sánchez como el inspirador de esta maniobra no tiene sentido. Es más, señalar que la fiscalía del Procés está a las órdenes del Ejecutivo es desconocer la realidad de una carrera fiscal muy celosa de su independencia. Tanto que a veces, como ha ocurrido ahora, se pasa de frenada. El momento político que se vive en este país es lo suficientemente delicado como para pedir a fiscales y jueces que tengan cierta prudencia a la hora de tomar decisiones que pueden influir en la vida política.
Los soberanistas son conscientes de lo que puede suponer cualquier provocación en este sentido. De ahí que Clara Ponsatí haya vuelto a Barcelona y se haya dejado detener por los Mossos. La reacción del juez instructor ha sido la de cerrar las diligencias contra ella por un delito de desobediencia que no supone pena de cárcel y dejar en manos de la sala de Lo Penal la apertura del correspondiente juicio oral. Los abogados de Ponsatí eran conscientes de lo que iba a suceder. De ahí que hayan tomado la iniciativa. Simplemente se trata de provocar porque al soberanismo más radical le importa bien poco si Pedro Sánchez renueva mandato.
Lo que se pretende es poner en marcha el mecanismo de acción y reacción. Lo malo es que a la justicia no le importa responder a este tipo de provocaciones. Es más: al sector más conservador, el que está juzgando a los líderes independentistas catalanes, le interesa este juego, la confrontación, porque ella puede suponer el fin de cualquier esperanza de renovar ese gobierno que les ha quitado argumentos penales como es el delito de sedición, y ha sacado de la cárcel a los que condenaron de una manera que ha sido considerada desproporcionada.
La justicia va a intentar poner piedras en el camino de la investidura de Sánchez porque ha mantenido con él un fuerte enfrentamiento durante la anterior legislatura. El componente conservador de la mayoría de los magistrados y jueces de este país hace pensar que no se van a quedar de brazos cruzados y más cuando tienen mecanismos suficientes como para influir en un proceso de semejante naturaleza. Ya lo hicieron con la aplicación de la ley del “sólo si es si”
De aquí al otoño se van a ver decisiones muy extrañas en el mundo judicial. Seguro.