Con el argumento de que se ha politizado, las derechas política y jurídica han arreciado sus ataques al Tribunal Constitucional cuya composición mayoritaria es progresista desde primeros de año. El llamado “siete a cuatro”, el sistema empleado por la institución para aprobar las sentencias que avalan la constitucionalidad de las leyes recurridas por PP y Vox, es el principal razonamiento que utilizan. Es una campaña cuyo fin es deslegitimar a la Corte de Garantías ante su inminente pronunciamiento sobre la amnistía a los independentistas catalanes. Un tribunal que Vox quiere suprimir, según dice en su programa electoral. Nunca ha habido un precedente similar en los diez últimos años en los que la mayoría fue conservadora.
El conocido como “siete a cuatro”, (votos de los magistrados progresistas frente a los de los conservadores), no se utiliza con la frecuencia que dicen. Una buena mayoría de las sentencias aprobadas desde la primavera pasada, lo son por unanimidad de sus miembros y los magistrados conservadores, que rechazan en público el argumento utilizado por las derechas, participan en calidad de ponentes en muchas de estas resoluciones. César Tolosa fue el redactor de la sentencia que rechaza el recurso del Partido Popular contra la ley de medidas urgentes contra la temporalidad en el empleo público. Y hasta ahora sólo la magistrada Concepción Espejel, muy relacionada con el aparato de Génova, se ha abstenido de participar en las ponencias para las que fue designada.
Las acusaciones del PP y Vox y algunos ámbitos del mundo judicial de haber convertido al Constitucional en un organismo al servicio “del sanchismo” discurren en paralelo a las decisiones del pleno que desestiman sus alegaciones contra algunas de las medidas más relevantes del ejecutivo de coalición. Vox, cuyas declaraciones son demoledoras a la hora de descalificar las resoluciones de la Corte de Garantías, no fue tan contundente cuando los magistrados avalaron su recurso contra el Estado de Alarma. Y el PP, durante los diez años de mandato de mayoría conservadora, nunca puso objeciones, incluso aceptando algunos recursos que no favorecían, precisamente, las leyes del gobierno de Mariano Rajoy.
Al margen de los partidos políticos, los sectores conservadores de la judicatura también la han emprendido contra el Constitucional. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, que recordemos es “el sustituto del sustituto”, titular de un órgano que lleva casi cinco años caducado lo que le resta credibilidad, por no decir que legitimidad, se permitió el lujo, hace unos días, de atacar el sistema de votación de las resoluciones: “deberían buscarse fórmulas para evitar el siete a cuatro porque hace bastante daño a la credibilidad del órgano y del sistema”.
Guilarte fue uno de los principales instigadores del bloqueo que llevaron a cabo los vocales conservadores del Consejo cuando les tocó designar a sus dos magistrados en la Corte, en enero pasado. Este bloqueo obligó al Parlamento a tramitar una proposición de ley para modificar el sistema de designación de las cuatro vacantes. Cuando el Congreso había aprobado el cambio y el Senado se disponía a abordar el tramite para su aprobación definitiva, el anterior TC, presidido por el conservador González Trevijano, tomó en consideración un recurso del PP en el que se pedían “medidas cautelarisimas” anulando el debate parlamentario en un acto que fue calificado de “verdadero golpe de estado judicial” por la intolerable injerencia en la soberanía popular reflejada en la acción parlamentaria. Al final, a los vocales conservadores les entró el pánico y accedieron a negociar con los progresistas la elección de los dos vocales que correspondían al órgano de los jueces por lo que la situación acabó por desbloquearse. Pero siempre quedó esa mancha en la historia del TC que todavía hoy pervive.
La conservadora asociación de jueces Francisco de Vitoria ha atacado duramente al Tribunal Constitucional a propósito de la sentencia que declara constitucional la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial de marzo de 2022 que limita las competencias del CGPJ mientras permanezca en funciones. Para la asociación “el TC está afrontando una grave crisis de credibilidad, debido tanto a los criterios de elección de sus magistrados altamente sospechosos de politización como al proceder sistemático del tribunal por bloques, lo que es difícilmente compatible con métodos de resolución en los que prime lo jurídico sobre lo ideológico”.
Y esa es la clave. Que la derecha critica la extracción política de los magistrados olvidándose de que sucedía lo mismo cuando ellos gobernaban. El ejemplo mas clarificador son los ataques hacia el presidente, Cándido Conde-Pumpido, del que recuerdan que fue fiscal general del Estado con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En 2005, el PP presentó una denuncia contra él por presunta prevaricación al ordenar la investigación de las irregularidades urbanísticas en la localidad madrileña de Majadahonda que dieron lugar al descubrimiento de una de las mas famosas tramas de corrupción en la historia de este país: la Gürtel. Los populares llegaron a acusar al entonces fiscal general de ser el filtrador de las informaciones que aparecieron en la prensa sobre este escándalo.
El Partido Popular no puede ni ver a Conde Pumpido al que acusan de estar “al servicio del PSOE”. De hecho, boicotearon su elección proponiendo el nombre de otra magistrada de perfil progresista, María Luisa Balaguer. Pero las peores falacias contra el magistrado están por venir. Elías Bendodo, dirigente del PP, llegó a acusar al presidente del Tribunal Constitucional de “intercambiar documentos sobre la amnistía con el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye” · “Más grave todavía sería que este abogado estuviera en contacto e intercambiando papeles sobre la amnistía con el propio presidente del Tribunal Constitucional. Eso sería muy grave y un golpe letal a nuestra democracia”, dijo textualmente el coordinador general del Partido Popular.
La amnistía es la punta de lanza de los ataques de las derechas política y judicial contra el Tribunal Constitucional. En su afán por deslegitimar la iniciativa, son capaces de acabar con el prestigio de una institución que, en estos meses de mandato con mayoría progresista, ha hecho verdaderos esfuerzos por recuperar su reputación gravemente dañada durante la presidencia del conservador Pedro González-Trevijano. Es la política de tierra quemada que llevan a cabo los populares que no son capaces de evaluar las consecuencias que esta estrategia pueden acarrear a la vida democrática de este país.