Ya son dos los grupos de extrema derecha que han presentado una querella en el Tribunal Supremo por la gestión de la DANA. A Vox se le suma ahora Iustitia Europa. Por una parte, se pide la imputación de Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska y Teresa Ribera por delitos de omisión del deber de socorro, prevaricación omisiva, homicidio imprudente y lesiones. Y esas mismas organizaciones han presentado otra demanda penal en el Tribunal Superior de Justicia de València contra Carlos Mazón. Ya no estamos hablando de la AEMET ni de las direcciones de protección civil sino de altos cargos y los jueces de la derecha ultramontana se frotan las manos porque si sus compañeros admiten a trámite la acción judicial las consecuencias políticas son imprevisibles.
De momento, el Partido Popular está utilizando la imputación de Ribera para exigirla que renuncie a la vicepresidencia de la Comisión Europea y los socialistas han dejado claro que si esa actitud prospera ellos vetarán al resto de comisarios. El bloqueo puede ser mayúsculo en un grave momento en el que Úrsula Von der Leyen, la presidenta, se enfrenta a una situación política muy delicada, con la guerra de Ucrania pendiente de lo que decida Donald Trump que no es muy partidario de mantener las ayudas al gobierno de Zelenski, y la posibilidad de imponer aranceles aduaneros a productos de la UE por parte de Estados Unidos. La imputación a Teresa Ribera va a tener escaso recorrido. Pero la derecha judicial presiona a sus compañeros para que, al menos, admitan a trámite la querella con lo que se generaría una situación que duraría meses en la cual la todavía ministra sería una vicepresidenta del colegio de comisarios de la UE imputada por un tribunal español. No existen precedentes.
En Ferraz están preocupados ante la posibilidad de que el Partido Popular esté buscando apoyo judicial para iniciar un proceso contra Teresa Ribera. En el PSOE se sospecha que el PP estaría explorando alianzas con sectores de la judicatura para impulsar una querella de dudosa legitimidad promovida por alguna organización de ultraderecha. No se menciona abiertamente pero ahí está la de Vox y Iustitia Europa. Esta preocupación de los socialistas se enmarca en el clima de alta polarización política en el cual cada vez más se tiene la certeza de que el PP está recurriendo a tácticas judiciales para obstaculizar las políticas del Ejecutivo. Los socialistas creen que el PP intentará encontrar un juez favorable a esta querella y alineado con sus objetivos políticos.
Si prosperan las intenciones de los populares, estaríamos ante la evidencia del lawfare que cada vez se hace más patente en la judicatura española. Sólo que esta vez se habría traspasado las líneas rojas de la convivencia democrática. Y la imparcialidad de los jueces españoles ya está demasiado cuestionada como para que ahora se presten a este juego que pretenden Feijóo y los suyos los cuales ya advirtieron hace unas semanas que utilizarían todos los recursos posibles, “incluso el judicial”, para desgastar al gobierno de Sánchez. Se da por descartado que todas estas querellas tienen escaso recorrido judicial y que acabarán archivándose. Pero se pone el ejemplo del caso en el que se imputa a la mujer del presidente, Begoña Gómez. Porque la clave está en abrir el proceso y dilatarlo lo más posible mientras se cuenta con la complicidad de la caverna mediática encargada de echar toda la gasolina posible al fuego. Lo que pasa es que esta vez el incendio es muy peligroso porque entran en juego las instituciones europeas.
Es por ese motivo por el que el Partido Popular Europeo se ha desmarcado de la estrategia de Núñez Feijóo poniendo como condición para que se nombre a Ribera vicepresidencia de la CE: que dimita “si se la procesa”, no si se la imputa como pretenden sus socios españoles. Porque esa maniobra está siendo rechazada de plano por el grupo socialista que, junto con los liberales, llegaron a un acuerdo con Von der Leyen para apoyar su propuesta de colegio de comisarios. Los socialistas del Parlamento Europeo lo han dejado claro. Si se veta el nombramiento de Ribera habrá bloqueo, y si hay bloqueo no habrá nuevo colegio el 1 de diciembre tal y como se pretende.
La Eurocámara tendría que aprobar la nueva composición a finales de este mes, ya que entran en periodo inhábil. Por eso se negocia una solución urgente. Y lo único que falta es que a esta dramática situación institucional le ponga la guinda la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo. Una admisión a trámite, el nombramiento de un juez instructor y la bomba estallaría con imprevisibles consecuencias. Luego ya podría venir el instructor a archivar la causa, pero el daño ya estaría hecho. Y lo que no va a hacer Pedro Sánchez es cambiar a Ribera para satisfacer la demanda de Núñez Feijóo y que este deje de husmear por los despachos judiciales.
Todos sabemos las conexiones de la cúpula del Partido Popular con un amplio sector judicial. Antes de las elecciones de julio de 2023, el presidente del Partido se reunió con las principales asociaciones de magistrados, a excepción de Juezas y Jueces para la Democracia, de corte progresista. A todos sus dirigentes les prometió un trato especial para el sector si llegaba al poder. Es más, la principal asociación la APM, va presumiendo por ahí de que cuando los populares gobiernen se reformará la ley orgánica del Poder Judicial para que sean los jueces los que elijan directamente a los vocales de su órgano de gobierno, el CGPJ.
A los ciudadanos cada vez les extrañan las sentencias y autos que se están tomando en ciertas instancias. Los expertos están convencidos de que algunas rozan la prevaricación. La impunidad con que actúan es evidente. Normal si tenemos en cuenta que, durante los años de mandato de Mariano Rajoy, el Consejo General del Poder Judicial se dedicó a colocar en el Supremo, Audiencia Nacional, tribunales superiores territoriales y audiencias provinciales a personas afines al Partido Popular. Y hay quien todavía se extraña de que salieran adelante causas como la Gürtel con este elenco de magistrados que hay en este país.
Lo que ocurre es que ahora se han traspasado muchas líneas rojas hasta el punto de que se está poniendo en juego algo más que la política doméstica. A Europa también le toca aguantar las gracias de la extrema derecha española.