No tiene razón Sumar cuando argumenta que las acusaciones populares han posibilitado que casos como el de Gürtel hayan permitido condenas por corrupción. La extrema derecha abusa de la prerrogativa que confiere la ley a la personación como acusaciones populares en los tribunales hasta tal punto que no hay que ir muy lejos y constatar la denuncia efectuada por dos organizaciones ultras a base de recortes de periódicos en contra de la mujer del presidente, Begoña Gómez. O la adhesión a una denuncia por revelación de secretos contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte de Hazte Oír. La acción popular se ha convertido en instrumento para dilucidar las diferencias políticas y, todavía más lejos, para solucionar rencillas profesionales. Porque, si nadie entiende que una asociación de fiscales como es APIF se haya personado en las investigaciones del Supremo a no ser que se tenga en cuenta la personalidad de su presidente, Salvador Viada, un fiscal que fue expulsado de la carrera y readmitido por sentencia de la conservadora Audiencia Nacional. Está claro que las causas en las que están personadas las asociaciones ultras acaban por convertirse en un circo mediático que lo único que pretenden es acabar con el gobierno progresista de una manera poco democrática. Y en eso se equivocan en Sumar.
Todo viene a propósito de la proposición de ley elaborada por los socialistas en la que se pretende reformar la ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar la acusación popular. Hace unos días, esta propuesta fue discutida en el Congreso de los diputados. Por supuesto, la derecha no esta por la labor de sacar adelante la iniciativa del PSOE. Incluso los catalanistas de Junts la rechazan, aunque por motivos diferentes a los expuestos por el PP. Lo que no encaja en la ecuación es la oposición de los socios de gobierno, en especial de Sumar.
Es increíble que el grupo que sustenta parlamentariamente a este gobierno no tenga en cuenta circunstancias como esa en la que el mismo día en que el Tribunal Supremo admitió a trámite la querella presentada por Foro y Libertad y Manos Limpias contra el fiscal general del Estado, en la página web de una de esas organizaciones aparecía este titular: “Sobran los motivos. ¡Sánchez dimisión!”. Ese mismo día, el Partido Popular decía que “el objetivo es echar a Sánchez con todos los medios al alcance”. Porque si echan a Sánchez, su vicepresidenta, Yolanda Díaz, y el grupo que lidera, tiene los días contados en política. El golpe de Estado que pretende la derecha judicial se habrá consumado. Y en política lo que no cuenta es el pasado, los beneficios que un recurso como la acción popular hayan supuesto para la izquierda, sino el presente. Y ahora mismo, el abuso de esta figura jurídica está haciendo daño a la izquierda.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, lo que pretende con esta reforma es aplicar la normativa de los países de nuestro entorno. Un cualificado experto como es Jordi Nieva, catedrático de Derecho procesal de la Universidad de Barcelona lo deja claro: “es increíble que en España exista esta monstruosa posibilidad de que cualquier ciudadano pueda colocar en el banquillo a otro, si encuentra a un juez de instrucción que casi de oficio le acompañe con su investigación en el camino. Debe saberse que, a lo largo y ancho del mundo, solo puede acusar de delitos la fiscalía —o como mucho la víctima, y no siempre—, precisamente para evitar este tipo de excesos que se han hecho particularmente frecuentes en las últimas décadas”.
Lo que pasa es que este argumento colisiona con la Constitución. La acusación particular se regula en su artículo 125 aunque con ciertas limitaciones. No puede personarse en todos los procesos judiciales, sino sólo en los que enjuicien delitos perseguibles de oficio. No cabe en delitos privadosy se excluye también de los procesos penales militares. Para presentarse como acusación popular hay que cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos destaca no ser juez o magistrado, no tener una condena firme por injurias o calumnias e identificar al acusado y los hechossobre los que se establece su acusación de manera clara.
Las asociaciones de extrema derecha han conseguido saltarse todas las limitaciones y se presentan en las diligencias judiciales con un solo propósito. Saben que los tribunales acabaran por absolver, en su práctica totalidad, los delitos que denuncian. Pero durante el tiempo que dura una instrucción judicial, de uno a dos años si no hay prórroga, tienen acceso al sumario y este es una fuente de infundios que, trasladados a la caverna mediática, acaban por hacer daño al poder ejecutivo.
Hay jueces en España que miran para otro lado cuando la extrema derecha lleva a cabo esta práctica. Algunos, como el magistrado del Supremo, Ángel Hurtado, intenta limitar este acceso de una manera tímida. Hazte Oír, Manos Limpias y similares, pueden examinar los informes de la Guardia Civil sobre los registros e intervenciones de las comunicaciones del fiscal general del Estado. Y de ahí salen datos como por ejemplo los movimientos de los narcotraficantes en Galicia, una diligencia que lleva a cabo la fiscalía de la zona de la que había informado a sus superiores y que constan en esas comunicaciones que nada tienen que ver con las investigaciones del delito que ocupa al TS pero que, desgraciadamente, ya se ha filtrado. García Ortiz lo avisó. En sus soportes digitales hay informes y datos sensibles que pueden afectar a la seguridad del Estado.
Lo que pretende el PSOE con la limitación del acceso de las acusaciones populares a los sumarios es precisamente lo que está ocurriendo. Que no sean instrumentalizados para los intereses de esos grupos. No pueden venir, ahora, en la izquierda, a exponer argumentos contrarios aún a riesgo de que un día esos mismos datos se utilicen en su contra. La extrema derecha no distingue. Todo lo que sea hacer daño a sus adversarios es favorable a su estrategia. Aunque eso afecte a los cimientos del Estado.