Sumar, el socio minoritario del gobierno progresista, ha presentado una proposición de ley orgánica sobre Reforma del Sistema de Acceso a la Carrera Judicial que elimina la oposición a juez, tal y como está concebida en la actualidad, sustituyéndola por la preparación en la Escuela Judicial a la que se accedería en función del expediente académico obtenido durante la carrera universitaria.
De momento, los socialistas no se han pronunciado sobre esta iniciativa, pero sí lo ha hecho la derecha judicial que considera un despropósito la propuesta “porque lo que esconde es un sesgo ideológico a través del control en la Escuela Judicial cuyo profesorado es elegido por el Consejo General del Poder Judicial, que está controlado, a su vez, por los políticos”. Quien eso dice no es otro que Luis Sanz, magistrado, miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, conservadora, y también de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Y se vuelve a la cantinela de siempre: la politización del máximo órgano de gobierno de la judicatura. La vieja polémica gracias a la cual el CGPJ se mantiene bloqueado desde hace más de cinco años y medio, inoperante porque ha perdido gran parte de sus competencias, y desprestigiado porque, efectivamente, aunque la derecha judicial lo critica por que dicen “es un instrumento al servicio de la clase política”, Génova, la cúpula del Partido Popular, asume este argumento entrando en contradicción ya que utiliza a los vocales en su día propuestos por ellos, para arremeter contra todo aquello que tenga que ver con el gobierno progresista: amnistía, fiscalía general del Estado, Tribunal Constitucional, y limitación de nombramientos discrecionales.
Desde el punto de vista político, el análisis que hace Sumar es impecable. La formación argumenta que el actual procedimiento de selección de jueces “se ha configurado como un sistema elitista”. Lleva funcionando 130 años y apenas ha sufrido algún que otro retoque. Se basa, fundamentalmente, en la superación de pruebas de capacidad memorística que obliga a las personas que opositan a retener leyes y temas durante años. “Un sistema, - dicen en la formación-, que no permite garantizar el principio de igualdad de todas las personas en el acceso a los cargos públicos” porque” la persona que quiere opositar a la judicatura debe abonar el precio de la preparación, así como su sostenimiento personal durante el tiempo que tarde en superar la fase teórica. Y todos estos costes son asumidos, en la mayoría de los casos, por los propios familiares lo que excluye a muchos candidatos que no pueden permitírselo”.
La derecha contesta con un argumento rebatible. Fernando Portillo, del minoritario Foro Judicial Independiente, señala que “se pretende justificar un cambio de sistema en que la mayoría de los elegidos son ricos”. Y para negar tal evidencia pone encima de la mesa datos inasumibles: 1 de cada 3 personas que aprueban la oposición proceden de familiar “cuyos progenitores no tienen estudios superiores”. Como si un título universitario formase parte de una clase social.
Este argumento de la derecha judicial sobre la procedencia de los que aprueban una oposición a la carrera judicial no tiene sentido. Según un informe de Juezas y Jueces para la Democracia, aprobar la oposición conlleva una media de cinco años de esfuerzo tras otros cuatro años de licenciatura y unos gastos -fundamentalmente el pago a un juez o fiscal preparador, los materiales necesarios y la manutención del aspirante- que, en algunos casos, superan los 500 euros al mes. El opositor acaba por asilarse de la realidad. Prácticamente vive para recitar leyes. Ni siquiera debe interpretarlas. Simplemente memorizar los temarios. Y eso, tal y como señalan los expertos, inclina al conservadurismo social.
En 2022, el gobierno puso en marcha un sistema de becas para tratar de paliar las desigualdades y democratizar el acceso a las pruebas para juez, fiscal, letrado de la administración de justicia (los antiguos secretarios judiciales) y abogado del Estado. Su cuantía es de 550 euros mensuales. Elena Martínez García, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia, considera que esas ayudas no son suficientes. “El necesario apoyo económico por parte del núcleo familiar comporta que la carrera judicial esté conformada por un colectivo mayoritariamente conservador y, como mínimo, bien posicionado”, sostiene la experta. En cambio, Francisco Portillo insiste en que el sistema actual “se basa en un modelo semejante al de los países de nuestro entorno, que proporciona un alto nivel de formación jurídica y asegura la independencia judicial frente a las injerencias del poder político evitando sesgos ideológicos en la selección de los jueces”.
Que el sistema está caduco, por mucho que lo apoye la derecha judicial, es algo que reconocen todos salvo las asociaciones judiciales conservadoras muy interesadas en que se mantenga el actual procedimiento de selección ya que les reporta una afiliación segura. Aún así, y dado que el modelo se está haciendo insostenible, los hay que están abiertos a “nuevas propuestas para mejorarlo. Pero eso debe ser consensuado manteniendo todo lo positivo que tiene el sistema actual”. Y, claro está, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, sacan a colación “la urgente necesidad de crear nuevas plazas judiciales”.
Un aspirante a juez, que tiene que memorizar 300 temas para, posteriormente, “cantarlos” ante un tribunal durante una media de cinco años, para lo que dedican un tiempo que oscila entre las ocho y las diez horas diarias de lunes a sábado, sin vacaciones, acaba por encontrarse aislado de la realidad social a la que se va a enfrentar cada día. Como dice Raúl Cancio, letrado del gabinete técnico del Tribunal Supremo “son personas que ignoran en gran medida las tendencias científicas y dogmáticas del Derecho actual”.
Así pues, a nadie debe de extrañar que esas personas sean las que adoptan decisiones controvertidas que extrañan a la sociedad en general. Y no se puede, para apuntalar uno de los pilares del Estado, ignorar la realidad. Hay que cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial para dar a la justicia una mayor calidad. Y mientras no se haga, pasará lo que está pasando.