La presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, se queja de las palabras de Pedro Sánchez quien dijo que el Partido Popular juega con las cartas marcadas gracias a la connivencia de algunos jueces. Pide que se respete la independencia judicial cuando ella misma sabe que las ultimas actuaciones en los juzgados han generado fuertes sospechas hasta tal punto que, según los sondeos de opinión, la ciudadanía suspende al servicio público de la justicia. Es deficiente y las acciones de algunos magistrados deja perpleja a la mayoría de la opinión pública. La última, la del instructor del llamado “caso Begoña Gómez” que, a la desesperada, ha pedido la relación de todos los funcionarios de Moncloa. Juan Carlos Peinado va a tener en su poder una información sensible que puede afectar a la seguridad del Estado porque ese tipo de información, que puede acabar en manos de las acusaciones populares, - recordemos que entre ellas hay asociaciones de extrema derecha-, puede ser utilizada contra unos trabajadores cuya única misión es prestar servicios en la administración pública. Va en contra de la ley de protección de datos y de todos los principios elementales de privacidad. Pero el juez Peinado, que accedió a la judicatura a través del llamado “cuarto turno”, no parece conocer la legalidad vigente por mucho que luego lleguen sus superiores y avalen sus actuaciones.
Más o menos lo mismo que pasa con el juez del Supremo, Ángel Hurtado, en la querella presentada contra el fiscal general del Estado. Ordenó el registro de los despachos de la fiscalía donde se supone que se guarda información muy sensible, la propia de un ministerio público. Se ha llegado a hablar de datos que podrían afectar a la seguridad del Estado. Aunque posteriormente el magistrado matizó esta orden de registro limitándola a los días donde se supone que se cometieron los hechos objeto de la investigación, lo que es cierto es que la Guardia Civil ya tiene en su poder esos datos que deberían haber destruido pero que nadie garantiza que no estén en posesión de terceros.
O ese otro juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Goyena, que acaba de rechazar hacerse cargo de la investigación de la “numero tres” del PP en Madrid, Ana Millán, a la que una jueza de instrucción de Navalcarnero investiga por las presuntas irregularidades cometidas cuando era concejala de cultura y deportes del Ayuntamiento de Arroyomolinos y, posteriormente, alcaldesa. Goyena, utilizando una técnica jurídica poco ortodoxa, se queda con la última palabra en torno a este caso, pero lo remite a la jueza local para que” siga investigando” porque le parece que las pruebas recopiladas “son insuficientes”. Ese mismo magistrado fue el que mandó al Tribunal Supremo la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a pesar de la escasa consistencia de las acusaciones por revelación de secretos contra él y que, muy probablemente se devolverá a los juzgados de Madrid tal y como está en estos momentos la instrucción. Es el mismo juez que rechazó las querellas criminales presentadas por las defensas de los imputados por el juez Peinado por “prevaricación” en sus actuaciones a pesar de que el titular del juzgado número 41 de Madrid admitió a trámite una denuncia basada en informaciones periodísticas cuando el Tribunal Supremo había sentado jurisprudencia al respecto señalando que se deberían rechazar las demandas basadas en informaciones periodísticas “que no fueran suficientemente contrastadas” como es el caso, según el testimonio de los periodistas que las difundieron.
Si hablamos de desprestigio de la justicia tendremos que recordar que el Tribunal Constitucional ha enmendado la plana a la instructora de Sevilla, a los jueces de la Audiencia Provincial y a los magistrados de la Sala de Lo Penal del Supremo que mantienen la tesis de que es malversación un acto parlamentario en el que se aprueban los presupuestos y cuya ejecución por parte de segundos niveles acaba por ser delictiva. Unas sentencias por las cuales significados dirigentes políticos andaluces acabaron en la cárcel o inhabilitados y, por supuesto, desprestigiados políticamente. Recordemos que la acción en los juzgados se llevó a cabo a iniciativa del Partido Popular.
Tal y como ha sucedido en otras causas, el PP se encuentra en medio del galimatías judicial. Todavía hay que preguntarle al asesor de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, cómo es posible que se haya adelantado a algunas decisiones judiciales en las redes sociales como, por ejemplo, decir que el fiscal general del Estado “va p´alante”, o sea lo da por condenado. Una frase, por cierto, que repite hasta la saciedad su jefa, Isabel Díaz Ayuso. ¿Tiene MAR información privilegiada? A eso se refiere Pedro Sánchez cuando dice que el PP “juega con las cartas marcadas”
Isabel Perelló está recibiendo fuertes presiones de las asociaciones judiciales conservadoras. Si les permite este juego entrará en una dinámica muy peligrosa. Sólo hay que compararla con la que, en su día, hicieron las asociaciones de fiscales que se han convertido en una oposición frontal al fiscal general del Estado utilizando todo tipo de resortes. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial debe tener en cuenta la composición política y social de la carrera judicial de este país y, si quiere hacer un favor a la institución que preside, más le valdría democratizar sus estructuras. Porque nadie duda que está dominada por los elementos conservadores. Son pocos los progresistas que tienen cierto poder de decisión en los juzgados lo que va en contra de la realidad social del país. Y habrá que preguntarse el porqué de esta situación.
Más de la mitad de los jueces de este país son del género femenino. Pero a la hora de intentar colocar a mujeres con demostrada valía profesional al frente de las salas de Lo Penal y Lo Contencioso Administrativo del Supremo las presiones para que se designen hombres, y, además conservadores, demuestran el estado de la magistratura en España. La señora Perelló debería tener en cuenta tal circunstancia antes de quejarse.