“La corrupción no es un asunto de moda. Es un tema que interesa poco a los ciudadanos”. De esta manera la politóloga, Carmen Lumbierres, explica la razón del porqué los candidatos con cuentas pendientes con la justicia no han sufrido apenas reveses en el proceso electoral del 28M. Y en eso tiene mucho que ver la tardanza de la justicia en resolver los casos. Estos se van olvidando con el paso del tiempo. Operaciones como la Gurtel, Púnica, Lezo, Villarejo y similares pasan a ocupar un segundo plano en los medios de comunicación según va transcurriendo el tiempo. “La gente se olvida por el camino de lo que ha ocurrido, eso hace que se disuelva en el tiempo y en la conciencia de los votantes” argumenta Lumbierres.
Lo cierto es que en este olvido tiene mucho que ver la acción de la justicia. A pesar de que se han implantado normas para agilizar los procedimientos de instrucción, estos se siguen caracterizando por su lentitud. Las piezas separadas de la llamada “trama Gurtel” tardaron en resolverse una docena de años y algunas sentencias todavía no son firmes al estar recurridas ante el Tribunal Supremo.
Tuvieron que pasar once años desde que en 2007 la fiscalía anticorrupción comenzó las investigaciones a raíz de una denuncia de un concejal del PP en Majadahonda, hasta 2018 en que se dictó sentencia, para que se resolviese la llamada “pieza política” en la que se condenó al PP como persona jurídica, una condena que supondría, meses después, la caída de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Y algunas piezas como la que sienta en el banquillo de los acusados a Francisco Camps, expresidente de la Generalitat valenciana, siguen su curso en la Audiencia Nacional. Un juicio que ha tenido que ser aplazado varias veces debido, primero, a la huelga de los letrados de la administración de justicia y, posteriormente, a los funcionarios judiciales. 25 años dan mucho de sí como para olvidar las circunstancias que rodearon la comisión de delitos. Hasta tal punto que Camps, envalentonado, no descartó, en su día, volverse a presentar en las listas del PP en las pasadas elecciones locales. Si no lo hizo fue porque los dirigentes de Génova no lo consideraron conveniente después de lo que pasó.
El 27 de octubre de 2014 fueron detenidos por la Guardia Civil 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios por estar implicados en una trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años. Supuestamente, como contrapartida, se cobraban comisiones ilegales –del 2-3 % del volumen del contrato– que posteriormente eran blanqueados a través de un entramado societario.
Así, de esta manera nació el Caso Púnica. Hoy, casi diez años después la mayoría de las 12 piezas en que se dividió la causa no han llegado a ser juzgadas. Incluso en algunas de ellas, políticos que fueron exonerados, como es la exconsejera de Educación de la CAM, Lucía Figar, han vuelto a ser imputados. En 2019, la Audiencia Nacional fijó una fecha límite para cerrar la instrucción: junio de 2020. Tres años después, García Castellón sólo ha convertido en procedimiento abreviado algunas de las piezas porque la mayoría de ellas se encuentran pendientes de resolución de los recursos presentados. Como uno en el que se pide la imputación de las expresidentas de la CAM, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Ambas expresan sus ideas en los medios de comunicación sin hacer mención expresa a los borrones que les generó toda esta historia. Incluso el principal imputado, Francisco Granados, que pasó unos años en prisión preventiva, ha anunciado su decisión de volver a la política. Poco importa que la Audiencia Nacional haya inhabilitado a los regidores de las localidades leonesas de Cuadros y Puebla de Lillo. Arrasaron en las elecciones. Obtuvieron mayoría absoluta y han tomado posesión porque la sentencia no es firme. Está recurrida.
El Caso Lezo investiga posibles irregularidades en la gestión de la empresa pública madrileña Canal de Isabel II. El principal imputado es el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. La instrucción del sumario la lleva el juez número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón que la ha dividido en 10 piezas. El juicio de la primera debería haber comenzado en mayo pasado, pero tuvo que suspenderse debido a la huelga de funcionarios. González ha sido exculpado en dos de esas piezas, la compra de la empresa colombiana Inassa, y el blanquero de capitales. Sí se sentará en el banquillo por la compra de otra empresa Emissao, y por la adjudicación de los terrenos para la construcción de un campo de golf y el reparto de una mordida que pagó OHL por adjudicarse las obras del tren a Navalcarnero que jamás se llevaron a cabo.
Se supone que este año el excomisario Villarejo tendrá su primera sentencia de la serie de operaciones que están siendo investigadas en la Audiencia Nacional. La que más interesa políticamente es la de la llamada “policía patriótica”, una brigada ilegal que operó en tiempos de Mariano Rajoy y en la que están imputados el exministro Jorge Fernández Díaz, y el exsecretario de Estado para la Seguridad, Francisco Martínez, además de varios mandos policiales.
Al dividir los sumarios en piezas separadas, la atención en los medios de comunicación se diluye. Es prácticamente imposible el seguimiento de las causas por lo que apenas trasciende el resultado de estas, además de la tardanza para resolver estos asuntos en los juzgados. Y la ciudadanía, por lo tanto, olvida. La exalcaldesa de Arroyomolinos y actual vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, está acusada por un juzgado de Navalcarnero de haber cobrado de un empresario contratista de su ayuntamiento. No ha sacado mayoría absoluta pero poco le ha faltado.
Y hay muchos más casos de corrupción que no han supuesto obstáculo alguno para ganar las elecciones locales, como es el caso de la alcaldesa de Marbella. Y es que parece claro que a nadie le interesa ya si hay enriquecimiento a costa del erario público o hay irregularidades en la gestión o bien se “mete la mano en la caja”. Eso ya no preocupa. Por eso choca tanto que la derecha haya puesto el grito en el cielo cuando el gobierno progresista suavizó el delito de malversación de caudales en la anterior legislatura. Si con un poco de suerte, esa decisión va a beneficiar a muchos de los suyos.