La nueva Ley de Vivienda, aprobada en comisión ayer en el Congreso de los diputados, es una gran noticia para los inquilinos de España, y una pesadilla para la derecha, ultraderecha política y los propietarios avariciosos. La ley establece una serie de medidas que buscan proteger a los inquilinos de los precios abusivos del alquiler, y ofrece incentivos fiscales a los propietarios que bajen los precios en zonas tensionadas.
Esta ley supone un paso importante hacia una vivienda más justa y asequible para todos, y demuestra que es posible poner límites a la especulación y la codicia, digan lo que digan Alberto Núñez Feijóo y Diaz Ayuso que aunque no sorprenda, al ser muy propio de la derecha, protegen al capital y los grandes tenedores.
Beneficios fiscales a propietarios
Uno de los principales beneficios de la ley es el "premio" fiscal que se otorgará a los propietarios que reduzcan el precio del alquiler en las zonas más tensionadas, una bonificación en el IRPF que puede alcanzar hasta el 90% en caso de que se rebaje el precio del alquiler en más de un 5%. Esto significa que los arrendadores podrán ahorrar hasta 500 euros al año si reducen el precio de la vivienda.
Además, los propietarios que alquilen por primera vez un piso en una zona tensionada, y que el inquilino tenga menos de 35 años, lograrán una bonificación del 70%. Si la vivienda no cumple con estas características pero está incluida en algún programa público de vivienda a través de la Administración Pública, también se podrá obtener una ayuda del 70%. Por otro lado, aquellos caseros que rehabiliten la vivienda dos años antes del inicio del contrato, obtendrán una rebaja del 60% en el IRPF, mientras que los que se pasen de esa fecha, lograrán un 50%.
Estas medidas se utilizan únicamente en las zonas de mercado caliente, es decir, aquellas zonas que han sido declaradas como tensionadas por la administracin competente. La ley establece que una zona podrá ser considerada tensionada cuando el esfuerzo financiero de la compraventa o el alquiler supere el 30% de la renta media de la zona, o cuando el precio de la vivienda en los cinco años anteriores haya experimentado un porcentaje de crecimiento acumulado al menos tres puntos porcentuales superior a la declaración autonómica del IPC.
Limitación de los precios de los alquileres
La ley también establece la limitación de los precios de todos los alquileres, así como la fijación en cinco los inmuebles en propiedad necesarios para ser considerado gran tenedor. Estos criterios más relajados permitirán que una gran mayoría de los caseros puedan estar sujetos a los futuros incentivos fiscales, siempre que así lo quieran sus gobiernos regionales y locales.
En este sentido, Alberto Núñez Feijóo y su Partido Popular, además del resto de partidos de la derecha española, y muy en concreto los presidentes autonómicos,tendrán que tomar una decisión clara sobre su postura.
La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de las más beligerantes, tendrá que optar entre favorecer a los madrileños o seguir instaurada en el "no a todo"en contra de políticas que claramente buscan aliviar la carga que supone la vivienda en las economías familiares.