Se va a cumplir un mes desde que los eurodiputados aprobaran la supresión de medidas ambientales en la PAC en una reforma exprés y sin debate público. Los cambios aprobados recortan o debilitan las conocidas como Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM), que son condiciones indispensables que los agricultores tienen que cumplir para percibir las ayudas de la PAC y que pretenden garantizar un mínimo de sostenibilidad ambiental de las prácticas agrarias.
En opinión de las organizaciones SEO/BirdLife y WWF, la PAC aprobada por el Parlamento Europeo supone un grave retroceso ambiental y no da soluciones a los problemas reales que enfrenta el sector. Con esta PAC gana el lobby agroindustrial y pierden los agricultores sostenibles, la ciudadanía y el campo.
Lo peor quizás no es el impacto inmediato que pueden tener estos recortes sobre el territorio, sino el mensaje dado de que la sostenibilidad ambiental es algo accesorio o caprichoso, cuando la conservación de los recursos naturales y los ecosistemas es clave también para la viabilidad de la producción agraria a largo plazo.
Una de las medidas clave que desaparece en esta reforma es el requisito que obligaba a dejar en todas las tierras de cultivos espacio para linderos, árboles, charcas o zonas de barbecho. Esta medida buscaba recuperar la fertilidad de las tierras y fomentar la biodiversidad para, entre otros, mejorar la presencia de polinizadores. Sin embargo, a partir de ahora, los agricultores de la UE no estarán obligados a cumplir esta práctica para poder cobrar el pago básico, perpetuando una situación de desequilibrio en la que las explotaciones que han conservado estos elementos no serán adecuadamente compensadas por este esfuerzo, mientras que las que simplificaron su estructura no asumen ningún compromiso de mejora por el mismo pago.
Un mensaje de impunidad a los infractores
Otra de las medidas polémicas aprobadas ha sido la exención de inspecciones para verificar el cumplimiento de la condicionalidad y sancionar, si no se cumplen las medidas, a las explotaciones de menos de 10 hectáreas. En el caso de España, afecta a 345.000 beneficiarios (55% del total), según fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta medida lanza un mensaje de impunidad para aquellas explotaciones que estén cometiendo ilegalidades como el robo del agua, y deja manga ancha a quienes hacen competencia desleal frente a quienes cumplen con la legislación vigente.
Insisten las organizaciones en que entienden "la necesidad de apoyar a los agricultores y simplificar en lo posible las gestiones administrativas asociadas a las ayudas que reciben, pero, según una reciente encuesta de la CE, dedican menos de una semana al año a estas tareas, y esta medida parece más destinada a reducir la carga para las administraciones".
Sin debate ni participación social
Tras las protestas del campo que tomaron las calles de las principales ciudades europeas, la UE ha adoptado estas medidas de manera urgente, sin el suficiente debate público ni la participación de las organizaciones implicadas (como las de consumidores o medioambientales entre otras), que han puesto en la diana al medio ambiente y que siguen sin abordar los problemas reales que enfrenta el sector como los precios injustos, la competencia desleal, el cambio climático, la falta de apoyo hacia la agricultura familiar y sostenible o el reto del relevo generacional.
Esta PAC, dicen, olvida que sin naturaleza no hay agricultura. "Estamos hipotecando nuestros recursos naturales. Estas medidas tendrán un indeseado ‘efecto rebote’ generando más dependencia de fertilizantes químicos y otros insumos externos, como plaguicidas y piensos importados, que hará a nuestro campo aún mucho más vulnerable frente al avance de la desertificación o el impacto del cambio climático".
A la rebaja en las normas de la condicionalidad se suma la modificación, también a la baja, en las prácticas establecidas en los nuevos ecorregímenes, que resulta injustificada si se considera que en España más del 85 % de la superficie y del 75 % de los beneficiarios que solicita ayuda de la PAC se ha acogido a estas medidas en su primer año de aplicación.
Para SEO/BirdLife y WWF, la supresión de las normas que protegen la biodiversidad perjudica la sostenibilidad a largo plazo de la agricultura en Europa y favorece a las grandes empresas agrarias, que pueden hacer bajar aún más los precios intensificando y ampliando su producción a costa de impactar de manera negativa en la naturaleza y en la salud de las personas. Un ejemplo de ello es la reciente condena de la Justicia europea a España por la contaminación del agua por nitratos.
La PAC, sin embargo, sigue arrastrando problemas como el injusto reparto de fondos. El 20 % de los grandes agricultores, en muchos casos empresas agrarias industriales a gran escala, reciben el 80 % de los pagos directos, mientras la mayoría de los agricultores y ganaderos (a menudo explotaciones familiares) de pequeño o mediano tamaño perciben poco o nada. Como consecuencia, el 37% de las explotaciones agrícolas han desaparecido en 15 años en Europa.
Las organizaciones ambientales lamentan el legado negativo para el campo que dejarán los actuales eurodiputados y esperan que, el futuro Parlamento Europeo, enmiende esta situación, por un sector agrario próspero.
Tras esa votación, queda en manos de los Estados miembro la aplicación de estas flexibilizaciones. Por eso, SEO/BirdLife y WWF han pedido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a las consejerías autonómicas del ramo que no contribuyan "a esta senda que debilita la ambición de la actual PAC y se comprometan con las explotaciones de mayor valor socioambiental reconociendo su valor y remunerando su contribución a la generación de bienes públicos, así como con una transición hacia un modelo agroalimentario más sostenible al menos en nuestro país".